Por Teresa Domínguez
A pesar de que la página española en cuestión ya está inactiva, los tribunales franceses obligan al proveedor de alojamiento de internet SAS OVH a que impida el acceso desde Francia al sitio de la sociedad de derecho española Subrogalia.com. «Un sitio destacado de gestación subrogada, prohibido en Francia.» El Tribunal de Apelación de Versalles dictaminó el 13 de octubre de 2020 (sentencia) que su contenido es claramente ilegal, sobre la base de la ley de confianza en la economía digital. Una sentencia inapelable, que debería sentar un precedente.
En 2016, OVH fue notificada formalmente por la Asociación de Juristas para la infancia con el fin de que impidiera el acceso a Subrogalia ya que se trata de una empresa intermediaria con ánimo de lucro y calificaba su contenido de «manifiestamente ilegal y delictivo», apelando a una ley de 2004* que regula el papel de los proveedores de servicios de internet que proporcionan alojamiento de datos en nombre de terceros.
En la mecánica de esta ley, dicho actor asume su responsabilidad cuando no elimina el contenido notificado si es manifiestamente ilegal. Entre estos contenidos, tradicionalmente se acepta que la pornografía infantil o la incitación al terrorismo es contenido delictivo, y no se necesitan muchos argumentos para evaluar la obvia naturaleza ilícita de las imágenes. Pero en este caso, el proveedor desplegó argumentos en contra en un intento de demostrar que no era responsable.
«Los jueces señalaron en el presente caso que ‘el contenido del sitio era obviamente ‘manifiestamente ilegal’ en el sentido de que contravenía explícitamente las disposiciones de la ley francesa – sin ambigüedades – de prohibir la gestación subrogada ”
El 26 de febrero de 2019, el Tribunal de Alta Instancia de Versalles había dictado sentencia en este sentido, solicitando a OVH que retirara el sitio web de su servicio (haciéndolo inaccesible en territorio francés) y pagara una cantidad de 3.000 euros en concepto de daños e intereses a los la asociación de Juristas para la infancia por prejuicio moral. En el Tribunal de Apelación de Versalles: «Los jueces señalaron en el presente caso que el contenido del sitio era obviamente ‘manifiestamente ilegal’ en el sentido de que contravenía explícitamente las disposiciones de la ley francesa – sin ambigüedades – de prohibir la gestación subrogada. Por tanto, correspondía a OVH actuar con prontitud».
A continuación, la empresa SAS OVH apeló contra esta decisión (que acaban de perder) y el proveedor desplegó una andanada de argumentos en contra en un intento de revocar la decisión. Entre otras razones, alegó que Subrogalia «le dijo que el sitio era perfectamente legal en su país, España, y que no estaba desarrollando ninguna actividad en Francia«. Y que la empresa española le dijo «que los contratos celebrados con los padres interesados en un proceso de gestación subrogada no se concluían en Francia«.
El Tribunal ha tenido en cuenta las capturas de pantalla realizadas a Subrogalia.com que muestran, en particular, las siguientes afirmaciones:
«En la firma Subrogalia no somos intermediarios. No nos limitamos a ponerle en contacto con una agencia o una clínica en un (…) A diferencia de muchas de las llamadas «agencias», no dependemos de ninguna clínica o agencia. Recibir una comisión de estas nos hipotecaría y nos impediría defender los intereses de nuestro cliente (usted) cuando haya un conflicto de intereses entre usted y la clínica. En lugar de depender de ellos, los hacemos depender de nosotros ya que realizamos más de 150 procesos al año, lo que nos convierte en su mayor cliente.»
El Tribunal considera por tanto, que la sociedad española pretende ser más que un intermediario en el proceso de «gestación subrogada»:
«Considerando que también se desprende de estas capturas de pantalla que el sitio invoca “5 años de experiencia” y “864 clientes satisfechos” y elogia a su equipo; Teniendo en cuenta que la empresa especifica que sus clientes solo tienen que preocuparse de «viajar y donar su material genético», ocupándose ella misma «del resto de gestiones, trámites, tratamientos etc.»; Considerando que el servicio ofrecido por el sitio Subrogalia es, por tanto, un servicio de intermediación «entre una persona o una pareja que desea acoger a un niño y una mujer que accede a quedarse embarazada para entregárselo»; Considerando que este carácter habitual de la mediación viene establecido por el número de clientes reclamados; que su carácter lucrativo ya no es cuestionable, indicando la empresa haber «creado packs de precio fijo, que incluyen la mayoría de los conceptos previsibles, para evitar sorpresas«;
Importante este párrafo de la sentencia:
«Considerando que si la empresa especifica que acompaña «en todos los países donde la gestación subrogada es legal», de ninguna manera indica que no aceptará la candidatura de personas que sean nacionales de estados que prohíben la gestación subrogada; que incluso declara (página 25 del informe) «trabajamos con clientes de 4 países (España, Reino Unido, Francia e Italia)».
Por tanto, el Tribunal de Apelación de Versalles dictaminó el 13 de octubre de 2020 que este contenido es claramente ilegal, sobre la base de la ley de confianza en la economía digital. Y SAS OVH debe ordenar la desconexión del sitio en cuestión. Y aunque a día de hoy, como explicaremos, dicha página no está en activo, sienta un gran precedente.
Esta sentencia llega mientras otros casos están pendientes en la Justicia francesa, gracias a la vigilancia de las asociaciones que velan pos los derechos de menores y mujeres. Cabe recordar que varias asociaciones habían emprendido acciones legales en relación con el «Salon Désir d´enfant» (Salón Deseo de tener un hijo) que se celebró en París el 6 de septiembre. Este salón espectáculo promovía abiertamente la explotación reproductiva en territorio francés, mientras que el Gobierno había calificado esta práctica prohibida como una «línea roja que no se debe cruzar»,durante los debates sobre el proyecto de ley de bioética.
Subrogalia: hace un par de años el responsable de Subrogalia, Didac Sánchez, se despedía y anunciaba el cierre del negocio con una carta. Un negocio que se iniciaba en 2016 y que puso en venta en 2018. Sin embargo, el periodista Carlos Otto de El Confidencial, denunciaba en redes que el supuesto cierre era falso. «Es falso: lo que hace es lanzar otra empresa idéntica, con otro nombre, sin la mala imagen de Subrogalia y que no afrontará los juicios antiguos (y posibles indemnizaciones) de Subrogalia.» Según Economía Digital Sánchez ha recibido dos condenas en 2018 en las que se le obliga a indemnizar a tres parejas que contrataron los servicios de su empresa de alquiler de vientres. «La primera, dictada en noviembre de 2017, señala que la empresa debe pagar 88.000 euros a dos parejas y la segunda, de finales de diciembre, obliga a Subrogalia indemnizar con 45.000 euros a otra pareja». Y como afirma el digital, en medio de la tormenta judicial, el empresario reveló que liquidaría la firma «para dedicarse a otros proyectos.»
La reforma de la ley del aborto en España considerará los vientres de alquiler como explotación reproductiva️. Lo que en sí mismo es una gran noticia. Sin embargo, nos choca que la ley española, que prohibe esta práctica y considera nulos sus contratos, no prohiba y castigue la intermediación y la publicidad como ocurre en los países de nuestro entorno. Nos preguntamos por qué España no es tan contundente como Francia. Por qué no persigue y actúa contra las empresas que campan, median, publicitan y hacen negocio de la explotación reproductiva en nuestro país. En la excelente investigación de nuestra compañera Ana Trejo Pulido, de Stop Vientres de Alquiler, «Explotación reproductiva: un negocio de 27.500 millones de dólares en 2025″, queda patente con nombres y apellidos, que la explotación reproductiva es un gran negocio en el mundo y que nuestro país participa de ello. Y se pregunta hasta cuándo nuestro Gobierno va a seguir blindando sus intereses.
Por qué no se elimina la instrucción del 2010 que permite la inscripción en el registro civil de los bebés nacidos por esta práctica en el extranjero, soslayando nuestra legislación en fraude de ley, una práctica prohibida en la ley de técnicas de reproducción asistida humana TRHA y castigada en el código penal. No deja de ser sorprendente que la misma Subrogalia alegara que el sitio era perfectamente legal en su país: es decir, en España.
Aprovechamos para pedir al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Justicia y a nuestro Gobierno que se implique de una vez en la lucha contra esta vulneración de derechos humanos. Que sea contundente con las empresas que se dedican a este intolerable negocio desde nuestro país. Y que lidere, apoye e impulse la Convención Internacional para la abolición de la gestación por sustitución que se ha elaborado en el marco de la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución CIAMS.
Hasta entonces, seguiremos luchando con uñas y dientes contra esta vulneración flagrante de derechos humanos que atenta contra la dignidad tanto de las mujeres, como de las criaturas que nacen de sus vientres.
Teresa Domínguez
“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas”
*(Art. 227-12, punto 3, del Código Penal francés prevé una pena de un año de prisión y una multa de 15.000 euros. por este delito de mediación y que las penas se duplican cuando los actos se cometen de forma rutinaria o con ánimo de lucro.)
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