Los trabajadores advierten que las medidas propuestas no solo afectan a los trabajadores, sino que también deterioran la calidad del servicio postal.
Por Fernando Ariza | 27/06/2025
Los días 27 y 28 de junio, los trabajadores de Correos en Madrid, junto con sus compañeros a nivel estatal, están convocados a una huelga general promovida principalmente por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta movilización, que incluye una manifestación este 27 de junio desde el Congreso de los Diputados hasta la sede central de Correos en la calle Conde de Peñalver, refleja el creciente descontento de la plantilla ante las condiciones laborales y las propuestas de la dirección de la empresa, liderada por Pedro Saura.
Demandas de los trabajadores
Los trabajadores de Correos, a través de la CGT y otros sindicatos, han articulado una serie de demandas claras en respuesta al Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024 entre la dirección de Correos y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre). Este acuerdo, según los convocantes, supone un retroceso significativo en las condiciones laborales y amenaza la viabilidad del servicio postal público. El sindicato se opone al Acuerdo Marco y su “amazonización”. La CGT denuncia que el Acuerdo Marco introduce medidas que precarizan aún más las condiciones laborales, asemejándolas al modelo de empresas como Amazon. Entre las propuestas criticadas se encuentran, por ejemplo, la reducción de la masa salarial. El objetivo de reducir los gastos de personal del 90% al 70% en dos años, lo que implicaría la eliminación de entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo a nivel nacional, según estimaciones sindicales.
Otro elemento polémico es la flexibilización de horarios. Quieren introducir un calendario estacional que permite variar hasta un 10% de la jornada laboral (entre 5 y 9 horas diarias), afectando la conciliación familiar y personal. También critican la movilidad funcional y geográfica, es decir, la posibilidad de reasignar a los trabajadores a diferentes funciones o centros de trabajo según las necesidades de la empresa, lo que genera inestabilidad laboral. Y otro punto que rechazan es el cuarto turno vespertino, en el que se quieren establecer turnos de tarde de martes a sábado, lo que dificultaría aún más la conciliación.
Frente a esta batería de medidas precarizadoras, los trabajadores exigen una jornada laboral de 35 horas semanales de lunes a viernes sin reducción salarial; La recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años debido a la inflación y la falta de actualización salarial; La despenalización de las bajas por enfermedad, para evitar sanciones o presiones a los empleados que necesitan ausentarse por motivos de salud; y la equiparación de todo el personal al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para garantizar derechos laborales equiparables a los de otros trabajadores públicos.
Defensa del servicio postal público
Los trabajadores advierten que las medidas propuestas no solo afectan a los trabajadores, sino que también deterioran la calidad del servicio postal, incumpliendo la obligación de Correos de garantizar el Servicio Postal Universal (reparto cinco días a la semana en todo el territorio). Demandan un plan de futuro que refuerce el carácter público de Correos, incluyendo propuestas como la recuperación de una banca postal pública.
La CGT critica la opacidad del Acuerdo Marco, ya que no se ha hecho público su contenido completo ni se ha consultado a la plantilla mediante un referéndum. Exigen la retirada del acuerdo y la apertura de un nuevo proceso de negociación que incluya a todos los trabajadores.
Un conflicto de largo recorrido
El conflicto actual tiene raíces profundas en la evolución de Correos como empresa pública y en las políticas aplicadas en las últimas dos décadas. Desde la conversión de Correos en Sociedad Anónima en 2000 y la liberalización del sector postal en 2008, la empresa ha enfrentado una creciente precarización de las condiciones laborales y una reducción progresiva de su plantilla.
Entre 2008 y 2018, Correos perdió 13.832 empleos, un 21% de su fuerza laboral. La temporalidad ha aumentado del 22% al 34%, lo que se traduce en contratos precarios y una sobrecarga de trabajo para el personal fijo.
La política de no contratar personal para cubrir ausencias por bajas, permisos o vacaciones ha generado una “sobrecarga brutal” en los trabajadores, con incrementos en el estrés y los accidentes laborales. Además, la reducción de personal y la falta de recursos (como vehículos en mal estado o carencia de equipos adecuados) han provocado retrasos en las entregas, pérdida de notificaciones importantes (como multas o documentos del SEPE) y un servicio deficiente para la ciudadanía.
Correos ha enfrentado una situación de “quiebra técnica” tras años de pérdidas, agravadas durante la gestión de Juan Manuel Serrano (2018-2023). En 2024, el Gobierno aprobó un rescate de entre 3.000 y 4.000 millones de euros para garantizar la viabilidad de la empresa hasta 2028, pero los sindicatos denuncian que estas inyecciones de capital no se destinan a mejorar las condiciones de los trabajadores, sino a financiar un modelo empresarial que prioriza la competencia con gigantes como Amazon.
La CGT ha denunciado que la dirección de Correos ha destinado más de 2 millones de euros en los últimos cuatro años a “cursos de formación” para los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco, lo que consideran una estrategia para garantizar una postura conciliadora de estos sindicatos. Además, se han reportado infracciones laborales, con 693 requerimientos de la Inspección de Trabajo en 2022 y 2023.
La huelga del 27 y 28 de junio se enmarca en un calendario de movilizaciones que comenzó en febrero de 2025, con paros el 26 de febrero, el 7 y el 14 de marzo, y continuó con convocatorias en mayo y junio. Estas acciones han tenido un seguimiento significativo, especialmente en Madrid, donde se reportó una participación de hasta el 70% en la huelga del 14 de marzo.
El plazo para negociar el Acuerdo Marco vence el 30 de junio, lo que hace de esta huelga un momento clave para presionar a la dirección y a los sindicatos firmantes.
El conflicto pone en evidencia una división sindical: mientras CCOO y UGT defienden el Acuerdo Marco como un paso necesario para ‘modernizar’ la empresa y garantizar el empleo, la CGT y otros sindicatos lo consideran un ataque directo a los derechos laborales y al servicio público. Esta tensión podría complicar las negociaciones en las próximas semanas, especialmente si no se logra un consenso antes del 30 de junio.
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