Por Alberto Vila
En la actividad económica la Colusión es un término que representa el fortalecimiento algunas empresas pertenecientes al mismo sector con el fin de mantener, por ejemplo, un control del abastecimiento del producto que distribuyen y recibiendo las ganancias por igual. Así, sectorizan el mercado local más importante. Estos acuerdos también se crean con la finalidad de parcializar el mercado para convertirlo en un monopolio de acción solo para quienes forman parte de la colusión establecida. De tal modo, cierran las puertas a las demás compañías que intentan a menor escala formar parte del grupo de competencia libre en el área de marketing. Análogamente, en política, el bipartidismo abusó de dicha práctica basándose en lo que han llamado «el sentido de Estado». Eso terminó produciendo el 15M.
En la actualidad, por poner un ejemplo, en el mercado farmacéutico, el grupo de las grandes corporaciones del sector actúa de manera colusiva. Como los precios no tienen el nivel que desean, desabastecen el mercado de fármacos de bajo coste vitales para la salud pública. Un chantaje en toda regla. De la misma manera podríamos observar las prácticas de los sectores energéticos, financieros o de la sanidad y dependencia privados. Las prácticas colusivas no se afrontan con la debida energía desde los gobiernos que hemos tenido desde la Transición. Tampoco los demás miembros de la UE son un ejemplo de transparencia y ética. Ello, en buena medida, por la acción de lobbies y prácticas relacionadas con las conocidas como «puertas giratorias». Estamos en presencia de prácticas que se definen como de mercados imperfectos o, si debiésemos ser más precisos, como de probablemente fraudulentos.
En cualquier caso, resulta que dichas prácticas sólo son posibles por la ausencia o negligencia de los mecanismos de control que los Estados tienen, o deberían tener, previstos. Esto, debido a la cooptación (remito a la lectura de mi artículo «La perversa cooptación institucional» en este mismo medio: https://nuevarevolucion.es/la-perversa-cooptacion-institucional/) de los máximos niveles de gestión, por parte de las organizaciones implicadas.
Además de esa complicidad, vaciando de contenido la posible legislación restrictiva, o no aprovisionando de medios para ejercer su labor fiscalizadora, nos encontramos con la deficiente labor parlamentaria para crear marcos legales que la imposibiliten. Porque las prácticas colusivas no sólo son económicas. Son, por encima de todo, políticas. Quedan definidas por el modelo que sea el imperante en la gestión de los recursos públicos. Para mantener el modelo que se implantó desde la Transición, que se deriva del postfranquismo, es necesario contar con una estructura de magistrados y magistradas que actúen a favor de su mantenimiento.
Esta semana hemos conocido que, quién preside en Consejo General del Poder Judicial en funciones, cuestionado en numerosas ocasiones por sectores de la propia magistratura. Así, ha tomado la decisión de nombrar o convocar las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo. Estos magistrados son en su mayoría afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional. Toda una osadía más propia de una republiqueta que de un Estado que se precie de su calidad democrática.
Siendo Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el órgano constitucional y dirige la mayoría afín al PP, debería dejar que el próximo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes. Por una cuestión de pulcritud democrática. Para muchos sectores les parece que acaso teman a que la sensibilidad social y la representación política haya cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado y se le pidan cuentas por las decisiones adoptadas. Olvidan que la Ley está por encima de los jueces.
Deberían recordarse los riesgos de la colusión política para la democracia. La propia legitimidad de este Estado está en juego.
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