Los ricos quieren que les bajen los impuestos

¿Quiénes son los grandes consumidores? ¿Quién consume productos de mayor precio? ¿Quién derrocha sin que le preocupen los precios? En este caso de los impuestos indirectos la rebaja de la tarifa ahorra más impuestos al que consume más porque puede consumir más, al que consume productos de mayor precio porque los puede pagar y también al que derrocha más. Y estos son los mismos que se ven beneficiados por las exenciones y bonificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones. Siempre los mismos contribuyentes, los de mayor renta y mayor patrimonio. Y estos grupos de población minoritarios están muy bien defendidos y representados en los parlamentos, el nacional y los regionales.

Por Pedro Labrado

En los últimos días han circulado por los medios de información y por las redes sociales datos de la agencia tributaria sobre la recaudación del Impuesto de Patrimonio de las distintas Comunidades Autónomas.

De esos datos se ha resaltado como dato más relevante la situación de la Comunidad Autónoma de Madrid que no ha recaudado ni un euro por este impuesto ya que, aunque existiendo la obligatoriedad como en el resto de los territorios del país de presentar la correspondiente declaración, en Madrid bonifican al 100% la cuota a pagar resultante a todos sus residentes. La Agencia Tributaria estima en más de 900 millones de euros lo que Madrid deja de recaudar anualmente a los 19.000 “madrileños y madrileñas” que aproximadamente tienen la obligación de presentar esta declaración de patrimonio.

Al igual que ocurre con el Impuesto del Patrimonio que la Comunidad de Madrid lo bonifica al 100% ocurre con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que esta misma comunidad a diferencia del resto de comunidades lo bonifica al 99%.

Más allá de la consideración de si la Comunidad de Madrid hace competencia fiscal desleal al resto de Comunidades Autónomas que atrae domiciliaciones hacia esta Comunidad, está el mantra instalado en el discurso político de la derecha en general de que la solución a todos los males económicos que soporta la población es bajar los impuestos o abolirlos según el caso. Pero también en parte de las formaciones políticas que se autocolocan en la izquierda ideológica hay una pléyade de alcaldes, alcaldesas y presidentes de comunidades autónomas de “izquierdas” que anuncian reducciones de impuestos o al menos que no van a llevar a cabo subidas de los mismos haciendo suyas las propuestas de la derecha. Se propagan con facilidad eufemismos simplistas negativos sobre la recaudación de impuestos con expresiones como “el gobierno te quita”, “el gobierno te mete la mano en el bolsillo” o “el dinero es mejor que esté en manos de la gente” para empujar en la misma dirección, hay que bajar impuestos. Se traslada paralelamente el mensaje de que pagar impuestos es “malo”. Y todo esto apoyado desde los medios de comunicación con titulares de letra gruesa.

En cualquier escenario de partida, se pueden bajar impuestos a quien los paga; a quien tiene pocos recursos y paga pocos impuestos, poco se le pueden bajar. Cuanto mayor es la factura fiscal de una persona más recorrido hay para bajarla, cuanto menor es, menos recorrido, por tanto. En el caso del impuesto sobre el patrimonio que en España tienen la obligación de hacer la declaración aproximadamente 200.000 contribuyentes, estos serían los únicos que se podrían beneficiar de una hipotética bajada de la tarifa del impuesto o de su supresión. El resto de las contribuyentes quedaría con su factura fiscal exactamente igual. ¿Quién paga este impuesto directo? Personas que tienen patrimonios muy importantes, es decir, para que nos entendamos todos, los ricos.

Igual pasa con otros impuestos directos como el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Todas aquellas personas que no tienen ingresos mayores de 22.000 € no tienen obligación de presentar la declaración. Al tener este impuesto una tarifa progresiva las posibles rebajas de la misma también provocarían una rebaja progresiva que supondría una rebaja más que proporcional al que más ingresa sobre los que menos ingresan. Volverían a ser los grandes beneficiados los mismos contribuyentes, los ricos.

Con los impuestos indirectos se produce un efecto casi más escandaloso, al ser impuestos que gravan fundamentalmente el consumo, es decir, se pagan cuando se compra un bien o se usa un servicio. Mirando el cuadro adjunto donde se refleja como varía el IVA pagado ante una rebaja del tipo impositivo, se puede observar que la factura fiscal al ser un impuesto que grava proporcionalmente a todos los consumidores y consumidoras de bienes y servicios, se reduce proporcionalmente, a mayor consumo mayor ahorro. Ocurre exactamente igual con cualquier producto o servicio. ¿Quiénes son los grandes consumidores? ¿Quién consume productos de mayor precio? ¿Quién derrocha sin que le preocupen los precios? En este caso de los impuestos indirectos la rebaja de la tarifa ahorra más impuestos al que consume más porque puede consumir más, al que consume productos de mayor precio porque los puede pagar y también al que derrocha más. Y estos son los mismos que se ven beneficiados por las exenciones y bonificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones. Siempre los mismos contribuyentes, los de mayor renta y mayor patrimonio. Y estos grupos de población minoritarios están muy bien defendidos y representados en los parlamentos, el nacional y los regionales.

Estas bajadas de impuestos indirectos debieran de ser selectivas en función de renta y/o muy temporales. Porque la factura sea menor para los que tienen dificultades no puede ser que los grandes beneficiados fiscalmente sean los que la pueden pagar sin problema.

El que quiera defender desde los parlamentos a las mayorías sociales, la clase media y baja que necesita de un sistema redistributivo que les permita acceder a unos servicios públicos de calidad, tiene que plantear una reforma fiscal profunda que aborde la progresividad de forma valiente en impuestos directos y en indirectos, el que más tiene y más ingresa debe pagar más que proporcionalmente como recoge la Constitución del 78. Esta reforma fiscal debe afectar a personas físicas y a personas jurídicas. La finalidad última de esta valentía fiscal debe ser la de reducir la brecha económica existente y que sigue abriéndose crisis tras crisis entre las personas que más tienen y las que menos.

Los ricos quieren pagar menos impuestos y ponen en marcha toda la maquinaria que tienen a su alcance para conseguirlo, con malas artes casi siempre si es necesario, pero tienen y deben de pagar más impuestos como obliga la Constitución y de eso se tiene que encargar y responsabilizar el gobierno.

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