Los privilegios ad libitum y la democracia

Por Alberto Vila

La ciudadanía se muestra atónita cuando se le presentan hechos que tienen poco encaje en el marco de la propia Constitución. Los presuntos delitos de Juan Carlos I de Borbón, según las denuncias de su ex amante Corinna, dejan en evidencia una trama que implica a todo el Estado español. Esta ex amiga de Don Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, según anunció, lo denunciará en los tribunales de Londres por amenazas y el acoso que dice sufrir desde 2012. Cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana. La denuncia afirma que se siente amenazada para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder. Una vez se conoció que la Fiscalía suiza había localizado en una cuenta 65 millones de euros, las autoridades del país helvético estaban investigando si ello se trata de una comisión por la mediación en la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca, algo que la empresaria niega. Esta indagación en Suiza podría repercuir en España. Aquí, la Fiscalía Anticorrupción investiga en diligencias secretas desde hace un año y medio los contratos que llevaron a esa adjudicación del tren de alta velocidad en Arabia Saudí. Esto se inició a raíz del archivo de la pieza 5 del “caso Tándem”, conocida como “Carol”, sobre los audios grabados en 2015 por el comisario José Manuel Villarejo de una conversación con el empresario Juan Villalonga y la propia Corinna. La mencionada afirmaba que el Rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la obra del AVE. Algunas fuentes cifran ello en cien millones de euros.

En cualquier caso, pese a toda esta incómoda situación, esta monarquía debería dar ejemplo del bien hacer. Mucho más, cuando proviene de quién proviene. Todo ello sumado a que la Fiscalía suiza que está sobre la pista de un posible delito de blanqueo de divisas de un total de 160 millones de euros, al parecer se interese por la conducta “ad libitum” del anterior jefe del Estado Español basándose en indicios consistentes. El “alma socialista” del gobierno de coalición se opone a que sea aclarado este asunto. Ni VOX ni el PP tampoco lo desean. Son los garantes de la Transición. Como al “familiar” plantel del órgano de contralor por antonomasia: el Tribunal de Cuentas.

Además, y no menos importante,  la ciudadanía española parece no sorprenderle que, en el marco de una Constitución que se define como aconfesional, se siga financiando a una, valga la redundancia, confesión religiosa. Es más, tampoco se le cuestiona la gestión “ad libitum” que hace de los fondos que recibe del Estado. De hecho, según algunas fuentes periodísticas, la importante inversión que lleva a cabo en su gran conglomerado mediático con fines de crear opinión favorable a sus intereses es significativamente menor que el asignado a los fines benéficos para la atención de los colectivos menos favorecidos. Caso de Cáritas, por ejemplo. Sin embargo, por su dimensión, debe saberse que con fondos públicos se financia la educación religiosa en más de dos mil colegios en toda España. El OPUS DEI habita en esa infraestructura formativa. Además, los fondos públicos pagan el sueldo mensual de 900 euros a cada sacerdote. Así, ocho de cada diez euros obtenidos por IRPF se dedican a pagar los sueldos de los curas. La televisión episcopal se lleva unos diez millones anuales y Cáritas apenas seis. Estos datos, según la propia Memoria de la Conferencia Episcopal Española. Del pago del IBI o de la legitimidad de las inmatriculaciones hablamos otro día. De la viabilidad del sistema público de pensiones, más adelante.

Tampoco es razonable que se persiga a los denunciantes de posibles casos de corrupción o acoso en el ámbito de las Fuerzas Armadas, sin comprobar la consistencia de las denuncias. Siempre suele aludirse a secretos de Estado. También a los sentimientos patrióticos. En esos entornos no suele haber responsables de posibles prácticas “ad libitum”. En concreto, en materia de comercio de armas a países que son calificados como transgresores de los DDHH.

Las prácticas colusivas en la política de tarifas o contrataciones públicas de los oligopolios energéticos, financieros y de las grandes constructoras, es un territorio plagado de zonas procelosas. Navegar en esas aguas de contrataciones perjudiciales al interés general o, al menos, en la opacada zona de los desmesurados sobrecostes es, siendo prudentes, la dimensión que nos lleva al contubernio, al enriquecimiento ilícito o, al archivo acelerado de los casos que se inician con evidencias suficientes. Estas prácticas irregulares estaban encarnadas ya en las profundidades del régimen franquista. Desde entonces, las tenemos con todos nosotros. La impunidad es el combustible de los procederes “ad libitum”.

El significado de “ad libitum”, que es  una expresión del latín, significa literalmente “a placer”, “a voluntad” y quiere decir “como guste”. Suele aparecer en los textos abreviado como ad lib.. También la expresión “a bene placito”, “a buen placer” (de uno), es aproximadamente sinónima aunque menos común. En la gestión de gobierno se suele escribir el término “ad libitum” en la redacción de decretos del Consejo de Ministros, los cuales se diferencian de las leyes por no pasar por las distintas cámaras que componen al poder legislativo. Es decir que un decreto es algo que ordena el presidente porque así lo desea o considera oportuno. El gobierno de Mariano Rajoy hizo gala de los Decretos Ley de los viernes, luego de la reunión ministerial. El parlamento fue anulado de facto. Esa fue una gestión “ad libitum”.

Adolfo Suárez aprobó, con el artículo 86 CE vigente, que regula esta fórmula, 51 reales decretos-leyes de 1978 a 1981, alcanzando el punto mayor en 1979 al aprobar 22. Felipe González, el cual no obtuvo revés alguno en cuanto a la convalidación, presentó 129 reales decretos-leyes en aproximadamente 14 años de Gobierno, desde 1982 a 1996. En 1993, estando en minoría, aprobó 22, 13 en 1994 y 12 en 1996. José María Aznar aprobó 130 en dos legislaturas. José Luis Rodríguez Zapatero, 108 en sus dos legislaturas y, finalmente, Mariano Rajoy, 109 desde 2011 hasta que fue expulsado por la moción de censura por los casos de corrupción. Así, el Gobierno de Mariano Rajoy fue el que más porcentaje de estos decretos-ley aprobó con relación al número de proyectos de ley presentados en el Congreso en su primera legislatura. Aunque con mayoría absoluta, tal vez por lo vergonzante de sus contenidos, esta fórmula prevista, como se dijo, para casos de “extraordinaria y urgente necesidad” y con una tramitación sumaria, se aplicó en un 34% de las iniciativas legislativas. Fue una cifra récord a la que solo se acerca la primera legislatura de Aznar, con un 33%. El PP lo justificó por la “terrible” situación económica que encontraron y que, entre ellas la pérdida de derechos y libertades, exigió reformas urgentes.

Así, basándose en la necesidad, el Gobierno que hace uso de este procedimiento “ad libitum” y aboca al Congreso a asumir textos legales que no se someten a la debida reflexión, ni interna, ni externa. El real decreto-ley no está sujeto a las exigencias en su elaboración que el resto de los anteproyectos de ley, de hecho, no se somete al análisis de los funcionarios, de los organismos reguladores o el propio Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo. No es ejemplar esta práctica porque puede ir en contra del pacto que un candidato establece con sus votantes.

Por último, la aristocracia presenta conductas que podrían ser “ad libitum” si, en sus actividades profesionales o empresariales, se creen con derechos de actuar “a placer”. La escasa acción de inspección se ve agravada por medidas anticonstitucionales como la Amnistía Fiscal de Montoro, dentro de la cual, según fuentes, está contenida en un abanico de personajes de la patriótica nobleza hispana. Para qué hablar de los Panamá Papers u otros escándalos similares. Consúltese lo publicado sobre la “ListaFalciani” del HSBC suizo.

Es decir, recapitulando, si la Monarquía, la Iglesia Católica, las fuerzas armadas, los conglomerados empresariales surgidos de la concentración post franquista y los grupos aristocráticos “intocables”, se consideran con derecho a gestionarse “ad libitum”… ¿de qué democracia hablamos en España?


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