Los mercados, amigo, los mercados

Por Pablo M. Arenas

Después de una larga jornada de debate y reflexión, el pasado miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia decidió, por una ajustada votación de 15 contra 13, fallar a favor de los bancos. La decisión de quién pagaría el impuesto sobre la firma de las hipotecas recaerá, según sentencia el Tribunal Supremo, sobre los clientes. Los magistrados a favor de la revocación de la sentencia del 16 de octubre argumentaron que el conflicto no se hallaba en la empresa-cliente, sino en la empresa municipal y en la recaudación del Estado. Otro de los argumentos conocidos por ahora recalca que, si se aplicará la nueva jurisprudencia, el Estado, así como las comunidades autónomas, perderían una cantidad considerable de ingresos y que esta medida afectaría directamente a los servicios básicos del Estado del Bienestar: educación, sanidad, pensiones…

Sin embargo, días antes de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, las voces de alarma se dispararon por toda España. La bolsa se desplomó (cerca de 5.000 millones de euros perdidos para los bancos), después de darse a conocer el primer fallo del Supremo a favor de los clientes. No pocos analistas económicos, y políticos, salieron exaltados de sus salones para alzar la voz, con tono de preocupación, sobre la alarmante situación. “¡Los mercados, los mercados!” Dicen los grupos de “expertos económicos”, dando a entender que la sentencia del Supremo es perjudicial para la economía española.

El día después de conocer la nueva sentencia, ya había un grupo de periodistas y expertos en la materia en los platós de las grandes televisiones nacionales. Muchos coinciden en un mismo aspecto: esta nueva jurisprudencia tendría efectos en la economía, y algunos se atrevían hasta decir que la banca española tenía pérdidas en nuestro país, y se sostenía gracias a las inversiones que se hacen desde el extranjero. La lógica y el sentido común nos dice que esta medida afectará a cómo los bancos realizarán las nuevas firmas hipotecarias: subiendo los tipos de interés de las hipotecas, o manteniéndose más recelosos a la hora de firmar nuevas hipotecas.

Los partidos políticos no se han quedado atrás: desde el PSOE, Sánchez ha recalcado que la ley sobre el impuesto hipotecario será reformada para que sean los bancos quienes paguen el impuesto. Por su parte, Unidos Podemos ha calificado de insuficientes dichas medidas, y ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez más mano dura en sus políticas. C’s ha expuesto su línea de acción argumentado la necesidad de que sean los bancos quienes paguen el impuesto, y por su parte el Partido Popular se ha desmarcado de las acciones del gobierno y pide la supresión del impuesto.

Ante esto, las reacciones populares no se han hecho esperar. Y hay convocadas miles de manifestaciones para el día 10 de noviembre en las puertas de los juzgados a modo de protesta por la decisión del Tribunal Supremo. En esta nueva ola de protesta social, se corre el riesgo de perder el norte entre tanta reivindicación. ¿Mantenimiento del sistema tal y como lo conocemos? ¿Imposición a que la banca pague el impuesto? ¿Suspensión del impuesto? Demasiadas corrientes para una misma problemática.

Analicemos la situación debidamente. En este caso, pueden darse tres hechos puntuales:

1. Que sea el cliente el que siga pagando.
2. Que sea la banca el que pague el impuesto
3. Que se elimine el impuesto.

Si se mantiene la jurisdicción tal y como está actualmente, el cliente seguirá pagando el impuesto hipotecario. De tal forma, gran parte de su poder adquisitivo irá destinado al pago de dicho impuesto, y contribuirá, de forma alguna, al sostenimiento del Estado del Bienestar.

En el caso de que sea la banca la que tenga que pagar dicho impuesto, los tipos de interés subirán (¡la banca nunca pierde!, recuérdenlo) y, a fin de cuentas, el cliente seguirá estando como está, pues seguirá pagando los intereses de un impuesto que el mismo banco ha pagado, a fin de mantener el balance de su cuenta de pérdidas y ganancias.

La tercera situación no nos deja mejor de lo que estamos ahora. Eliminando el impuesto, el Estado y las comunidades autónomas dejarían de ingresar en torno a 1.100 millones de euros al año lo que, en efecto, supondría una cantidad de recursos que en principio iban a ser destinados a servicios sociales y comunitarios que ya no tendremos: ¿conclusión? Más recortes.

El sector neoliberal es proclive a que se aplique la 3ª situación. Que se elimine el impuesto (menos intervención del Estado en la economía) ya que está situación afecta a la amplia mayoría social del país. Políticamente, es una estrategia perfecta, pues una gran parte de su sector electoral está afectada por dicha medida, y en principio, se dibuja como una liberalización de sus bolsillos. Lo que no nos dicen, son los efectos negativos que a largo plazo podría implicar: mayores recortes.

Los sectores socialdemócratas apuestan por la medida de Pedro Sánchez, obligando a los bancos a pagar el impuesto hipotecario. Vuelta al problema: quien pierde al final es el cliente, gana la banca.

¿Mantenimiento de la jurisprudencia tal y como está ahora? Ningún partido político ha alzado la voz para pedir la conservación de tal medida, puesto que esto afecta negativamente a su intención de voto en las encuestas del CIS.

Pues bien, ¿cuál es la alternativa al problema? Decía Karl Marx, que el capitalismo tiende a monopolizar la economía. En un sistema económico donde impera la consecución del máximo beneficio, los mercados se alzan victoriosos en toda batalla. Parece ser que cualquier medida tomada al respecto, dentro del sistema, tiende a repercutir negativamente a la clase trabajadora. El fetichismo del mercado, tomado como un dios que reacciona a los efectos negativos de las acciones humanas, es la lógica imponente en nuestras mentes, y toda decisión política no pasa sin mirar las cotizaciones de la bolsa, las reacciones de las multinacionales extranjeras, las inversiones en empresas españolas, etc. Una economía que pretenda mirar por el bienestar de la mayoría trabajadora no puede, ni debe, quedarse en una serie de políticas de carácter reformista. Más que nunca, la necesidad de una economía social, basada en la propiedad pública de los sectores estratégicos de la sociedad (lo que para Marx eran los medios de producción) se hace más que evidente. No se trata de reformar del capitalismo, sino de abolirlo.