Los fondos europeos: ¿un nuevo Plan Marshall?

Estos fondos tienen como única misión salvar los muebles al capital a costa de sus trabajadores.

Mario del Rosal (1). Profesor de crítica de la economía política

Según cuentan algunos, los fondos europeos que vamos a recibir van a sacarnos de la grave crisis económica en la que nos ha hundido la pandemia de Covid-19 y, además, permitirán hacerlo reorientando el capitalismo hacia un futuro verde y sostenible. Serían, por lo tanto, una especie de Plan Marshall ecológico que va a ayudarnos a salir del bache y, sobre todo, a reconfigurar nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo, más inclusivo, más justo y más respetuoso con el medio ambiente. Para unos, su firma constituye “un día histórico” para Europa (Emmanuel Macron); para otros, es “una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea” (Pedro Sánchez).

Lamentablemente, la verdad es muy distinta a este bucólico relato oficial. Los fondos europeos no sólo no nos van a sacar de la crisis, sino que van a forzarnos a seguir profundizando en el programa económico de gestión neoliberal del capitalismo que ha caracterizado siempre a la Unión Europea. No sólo es claramente insuficiente para relanzar la maltrecha acumulación, sino que va a ser una nueva vuelta de tuerca para la clase trabajadora, que se verá sometida a una nueva ola de ajuste salarial, desregulación, empeoramiento de condiciones laborales y recortes en las pensiones.

Cuantía

Vayamos por partes2. A raíz del empeoramiento de la crisis provocado por la pandemia, la Unión Europea ha propuesto un conjunto de medidas de estímulo económico que suma un total de 1,824 billones de euros para los próximo siete años. Esta cifra puede parecer estratosférica, pero, como enseguida veremos, queda muy lejos de las necesidades reales de los 27 países miembro.

De ese total, 1,074 billones forman el Marco Financiero Plurianual 2021-27, que no es otra cosa que el presupuesto que la Comisión Europea elabora para cada septenio. Los otros 750.000 millones nutren el llamado fondo Next Generation EU (NGEU), con un horizonte temporal de tres años (2021-23). Este es el núcleo central del plan y lo que habitualmente se identifica con el concepto de “fondos europeos”.

Esos 750.000 millones se dividen en dos tramos: uno de subvenciones por valor de 390.000 millones y otro de préstamos por los restantes 360.000. De los préstamos prácticamente nos podemos olvidar, ya que la política monetaria de hiperexpansión cuantitativa del Banco Central Europeo y, sobre todo, los programas PSPP y PEPP hacen que resulten bastante inútiles3. Las subvenciones se dividen, a su vez, en una parte mayoritaria incluida en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que absorbe 312.500 millones, otra parte incluida en el fondo REACT-EU de 47.500 millones y otra fracción de 30.000 millones destinada a varias iniciativas (Horizonte 2020, InvestEU, Desarrollo Rural, Fondo de Transición Justa, etc).

Se nos ha dicho que España ha salido muy bien parada en el reparto del pastel. En efecto, nuestro país recibirá 69.500 millones en subvenciones del MRR (a precios de 2020), lo que nos sitúa en el primer puesto entre los agraciados, con un porcentaje de más del 20% del total concedido. Asimismo, otros 10.900 (a precios de 2020) procedentes el REACT-EU nos coloca con un 27% de ese total, sólo por debajo de Italia.

Estas cifras pueden parecer exorbitantes, pero hay que ponerlas en contexto para comprender su verdadera magnitud. Por un lado, el Marco Financiero Plurianual en sí se ha reducido, puesto que ha pasado de los 1,087 billones del septenio anterior a los 1,074 billones el actual, es decir, que ha menguado un 1,2%. Esta disminución supone recortes en partidas relacionadas con la sanidad, la transición ecológica, etc. En cualquier caso, ese presupuesto representa poco más del 1% del PIB del conjunto de la UE.

En cuanto al Next Generation EU, el total destinado a subvenciones, que se concreta básicamente en los 312.500 millones del MRR para 2021-23, representa un 0,8% del PIB conjunto de la UE, es decir, poco más de 230 euros por ciudadano y año. La cifra total es equivalente al PIB anual de las tres repúblicas bálticas, que suman una población menor que la de la Comunidad de Madrid, y similar a la mitad del presupuesto de defensa de los Estados Unidos en un solo año. Teniendo en cuenta que el PIB agregado de la UE ha caído en 2020 un 6% (unos 800.000 millones de euros), no parece que este fondo sea tan ambicioso como nos cuentan.

En el caso concreto de España, decíamos que ha sido el país más beneficiado por este plan. Sin embargo, aunque es cierto que recibirá más fondos que ningún otro Estado miembro en cifras absolutas, si medimos las subvenciones en términos relativos, la lectura es bien distinta. El total anual que nos llegará de esos 69.500 millones equivale al 2% del PIB español anual, es decir, menos de 500 euros por persona y año. Hasta nueve países de la UE van a recibir más dinero como porcentaje del PIB4. El montante que llegará será equivalente al PIB de Chipre o Asturias. Por su parte, el total anual de los 10.900 millones del REACT-EU se aproxima al PIB anual conjunto de Ceuta y Melilla. Considerando que el PIB de España cayó en 2020 más del 12% (unos 145.000 millones), tampoco parece que vaya a asegurarnos el futuro a corto plazo.

En conjunto, el plan europeo no es, ni mucho menos, tan histórico como lo pintan. Si lo comparamos, por ejemplo, con el American Rescue Plan de EEUU, vemos que éste alcanza los 1,9 billones de dólares, unos 1,6 billones de euros. Comparado con los 750.000 del NGEU y, además, teniendo en cuenta que la población estadounidense es de 360 millones, frente a los 450 de la UE, no cabe duda de que el plan de EEUU es bastante más ambicioso.

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Condicionalidad

A pesar de lo que hemos explicado, el verdadero problema de los fondos europeos no es su insuficiente volumen, sino las condiciones que la Comisión Europea y los países centrales imponen a quienes pretendan recibirlos.

Para poder optar a los fondos, cada país debe elaborar y enviar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que deberá ser aprobado por la Comisión. Este documento no sólo no se desmarca de las ya clásicas condiciones de corte fondomonetarista que han caracterizado a la UE, sino que la propia Comisión afirma que el MRR está “íntimamente relacionado” con el Semestre Europeo. De hecho, este documento y los anteriores Planes Nacionales de Reforma destinados a asegurar la continuidad de las políticas neoliberales están “anclados” entre sí, de manera que no se entiende uno sin el otro.

El eje central de la condicionalidad se encuentra, como siempre, en el concepto eufemístico de la “consolidación fiscal”. En román paladino: recortes y endurecimiento de las pensiones públicas, represión salarial, privatizaciones, aumento de impuestos indirectos (es decir, regresivos), contención de impuestos directos (esto es, progresivos), alivio fiscal a las empresas, consolidación y avance de las “reformas” laborales destinadas a empeorar las condiciones de trabajo, ataque contra la negociación colectiva, etc. En el caso específico de España, esto se concreta con el típico lenguaje de la burocracia comunitaria en el propio texto del último informe recibido del Semestre Europeo (2020/21), cuya primera recomendación dice que el gobierno debe “aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar las sostenibilidad de la deuda”.

Estas intenciones van quedando cada vez más claras a medida que se van filtrando las propuestas que el gobierno está enviando a Bruselas. Aunque se ha tratado de escamotear a la opinión pública y muchos ministros incluso han llegado a decir una cosa y la contraria, ya es innegable el carácter regresivo que todas ellas tienen.

En nuestro país, las fuerzas de la “izquierda” progresista se esfuerzan por negar la mayor para posicionarse claramente a favor de estos fondos. Unos opinan, como Eduardo Garzón, que “el fondo europeo de recuperación no es un rescate ni implican hombres de negro”5. Otros afirman, como Ernest Urtasun, eurodiputado de Los Verdes/ALE, que “quedan atrás los años de la troika, de la austeridad salvaje” y que “todos aquellos y aquellas que estuvieron denunciando durante años la austeridad en Europa pueden cantar victoria”6. Y otros, con menos miramientos, nos recuerdan lo mismo que nos recordaba Margaret Thatcher: que no hay alternativa. Es el caso de la eurodiputada del PSOE  Eider Gardiazábal, que pide que “a nadie se le ocurra jugar con fuego” a la hora de atreverse siquiera a pensar en criticar estos fondos.

Y, por si esto fuera poco, los autodenominados países “frugales” han conseguido implantar el llamado “freno de emergencia”, una medida de salvaguardia por la que cualquier Estado miembro tiene derecho a revisar los planes de cualquier otro país y, si considera que no cumple con las condiciones, puede suspender la concesión o el pago de las transferencias correspondientes. Con ello, los gobiernos no sólo están sometidos a la necesidad de conseguir el visto bueno de la Comisión a priori, sino que, además, pueden ser penalizados a posteriori por cualquier otro gobierno al que no le parezcan suficientes sus propuestas.

Curiosamente, la única condicionalidad que nos suelen explicar los voceros oficialistas es la llamada condicionalidad “verde”. Se supone que estos fondos irán destinados únicamente a proyectos compatibles con el medioambiente o destinados a la transición ecológica. Sin embargo, lo cierto es que los requisitos que se plantean son extraordinariamente vagos, ya que se basan en el principio de no harm, es decir, que basta con demostrar a priori que la actividad económica que se va a desarrollar no va a causar daños ambientales para que sea considerada apta. Eso por no hablar de que, curiosamente, la mayor parte de empresas que pueden optar a este tipo de condiciones son, curiosamente, las grandes multinacionales de la energía.

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Financiación

Una de las grandes preguntas que estos fondos suscitan de inmediato es obvia: ¿cómo se van a pagar? En principio, se supone que la Comisión Europea va a lanzar empréstitos a los mercados financieros, los llamados “coronabonos”. Esto no es algo nuevo, puesto que previamente ya existían hasta cuatro programas de bonos europeos para distintos planes presupuestarios concretos. Sin embargo, el volumen de la deuda que se contraerá ha hecho que muchos se congratulen porque, por fin, la UE haya asumido la necesidad de mutualizar la deuda de los países miembro.

Esta visión es errónea. En primer lugar, porque la Comisión se endeuda por su cuenta y no en nombre de los Estados, de manera que tendrá su propia calificación crediticia y los países no se verán afectados directamente por ella. Y, en segundo lugar, porque no es cierto que ya se haya decidido su puesta en marcha, puesto que necesita la ratificación explícita de cada uno de los países miembro. Y eso no es algo que vaya a ocurrir necesariamente.

Además de esta emisión de bonos, la Comisión seguirá con los mecanismos tradicionales de financiación propia del presupuesto comunitario: aranceles, IVA y aportaciones directa. Curiosamente, en este sentido también ha ocurrido algo peculiar en la negociación de los fondos: por iniciativa de Países Bajos, cada país se quedará a partir de ahora con el 25% de la recaudación arancelaria, lo que supone un pingüe beneficio para este país, donde se ubica el mayor puerto de mercancías del continente europeo: Rotterdam.

Pero esto no es suficiente, claro. Y por eso, la Comisión ha lanzado diversas propuestas para poner en marcha nuevos impuestos que permitan rascar algo más del contribuyente europeo. Así, ha comenzado a aplicarse desde enero de 2021 un impuesto sobre embalajes de plástico no reciclable. Y se siguen negociando otros, como el mecanismo de ajuste en frontera sobre emisión de carbono, un impuesto digital, una tasa a las transacciones financieras, etc. Como vemos, en su inmensa mayoría se trata de impuestos indirectos y proporcionales, es decir, de cargas fiscales regresivas. Evidentemente, a nadie se le ocurre tocar tributos directos, como el IRPF o el Impuesto de Sociedades.

Beneficiarios

Después de este breve recorrido por los entresijos de los fondos de recuperación, nos falta afrontar la pregunta más importante: cui bono? Es decir, ¿quién se beneficia? Y aquí, la respuesta es indudable: el capital.

En primer lugar, el plan privilegia los proyectos llamados de colaboración público-privada, que no son más que estrategias para beneficiar a capitales privados con la ayuda de instituciones públicas que se hacen cargo de los costes y los riesgos que dificultan la rentabilidad.

En segundo lugar, las grandes empresas y las multinacionales tienen muchísimas más posibilidades de conseguir proyectos que las pymes. Esto ocurre porque, o bien son las únicas capaces de elaborar proyectos aceptables, o bien son las únicas que pueden pagar a las consultoras especializadas en este tipo de licitaciones. De hecho, estas consultoras van a ser las mayores beneficiadas, puesto que estos planes suponen una oportunidad de negocio enorme para ellas7. No sólo están especializadas en los procedimientos, muchas veces abstrusos, sino, sobre todo, en la trastienda que hay detrás de este tipo de negocios y que va desde el lobby más descarnado hasta el intercambio de favores o información privilegiada, pasando por las puertas giratorias, etc.

Fondos europeos contra el coronavirus | Euronews

Conclusiones

Debemos ser claros: los fondos europeos de recuperación no van a servir para solucionar los graves problemas de los trabajadores. Todo lo contrario.

Primero, porque su cuantía es mucho más modesta de lo que debería ser si pretendiera coadyuvar de verdad a recuperar las tasas de crecimiento y, por añadidura, su financiación es altamente dudosa. Segundo, porque los destinatarios de las transferencias no van a ser los asalariados, los pensionistas o los jóvenes, sino el capital. Y ni siquiera las empresas pequeñas, que siendo igualmente explotadoras, generan más empleo, sino que los verdaderos beneficiarios son los grandes capitales. Y no sólo europeos, por cierto. Y, tercero, porque esos fondos incorporan unas condiciones que sirven específicamente para profundizar más en la precariedad, la explotación y el empobrecimiento de la clase trabajadora europea.

Del mismo modo que la Unión Europea y el euro han sido, desde sus orígenes, un instrumento del capital para disciplinar, someter y explotar a la clase obrera europea, estos fondos tienen como única misión salvar los muebles al capital en una situación de enorme gravedad apoyándose, como siempre, en las espaldas de sus trabajadores.


[1]Puede verse un resumen de los postulados planteados en este texto en la intervención del autor en este debate:
https://bit.ly/3yyQZ6m
[2]Todas las cifras están extraídas de la web de la Comisión Europea dedicada a explicar estos fondos:
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#figures
[3]PSPP es el Public Sector Purchase Programme, un plan del BCE de compra de bonos públicos en mercados
secundarios por valor de 1,3 billones de euros iniciado en marzo de 2015 y relanzado en noviembre de 2019. Por
su parte, el PEPP es el Pandemic Emergency Purchase Programme, otro plan de compra masiva de bonos
públicos y privados por valor de 1,85 billones de euros puesto en marcha en marzo de 2020 y que se mantendrá,
al menos, hasta marzo de 2022.
[4]Concretamente, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Letonia, Lituania, Portugal, Polonia y Rumanía
[5]http://eduardogarzon.net/el-fondo-europeo-de-recuperacion-no-es-un-rescate-ni-implica-hombres-de-negro/
[6]https://twitter.com/ernesturtasun/status/1359077639814807552?s=20
[7]Basta con teclear “fondos europeos” en Google y ver los primeros resultados de la búsqueda para constatar el
gigantesco negocio que van a generar. Entre ellos: las grandes consultoras (PwC, KPMG, FI Group, Deloitte) y,
por supuesto, los bancos especializados (Banca March).

1 Comment

  1. Por dar una referencia de la insuficiencia. Plan de Recuperacion, Transformación y Resiliencia: inversión de 69.500 M€ para los próximos tres años. Intereses de la deuda: 94.500 M€ en los últimos tres años. Excelente artículo

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