La Ley que entró en vigor el día 14 de abril de 2022 lamentablemente no ha supuesto un cambio sustancial en relación al hostigamiento que día a día sufren las mujeres en muchas de las clínicas de interrupción de embarazo.
Por Jose Antonio Bosch | 28/05/2024
Hace unos días se produjo en Madrid una concentración internacional de ultra reaccionarios convocados por VOX que, curiosamente, casi en su totalidad, son el exponente de los máximos impulsores de la lucha contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en sus respectivos países.
Así, acudieron al acto (en forma presencial o virtual) el presidente de Argentina Javier Milei, cuya posición frente al aborto requiere de pocas presentaciones; el presidente del portugués partido Chega (antiinmigrante, antimujeres, anti-LGBT…) André Ventura; el líder del Partido Republicano de Chile (“defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”), José Antonio Kast; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (impulsora de una ley recientemente aprobada por el parlamento italiano que permite, y además financia con fondos europeos, a asociaciones antiabortistas, a las que califica como “sujetos del tercer sector, que tengan una experiencia calificada en el apoyo a la maternidad“ para que presten sus servicios antiaborto a mujeres que manifiestan su voluntad de interrumpir su embarazo; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (impulsor del decreto, hoy vigente, que obliga a las mujeres a escuchar el latido del corazón del feto antes del aborto); el ex primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki (impulsor de una de las legislaciones sobre el aborto más restrictivas del mundo: sólo se permite interrumpir un embarazo cuando exista una amenaza para la vida o la salud de la madre o cuando sea resultado de un delito).
La lista continua y es larga, el presidente de la American Conservative Union, Matt Schlapp; la directora de estrategia de comunicación durante la presidencia de Donald Trump, Mercedes Schapp; el ministro israelí de lucha contra el antisemitismo y miembro del derechista partido Likud, Amijail Chikli…Como sería la atmósfera que se respiraba, que lo más “progre” de la concentración reaccionaria fue la candidata a la presidencia de Francia y líder de Rassemblement National, Marine Le Pen, única entre todos los asistentes que, a día de hoy, defiende el derecho al aborto.
De los anfitriones, VOX, poco hay que decir en relación a su posición de confrontación abierta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que ya no conozcamos todos/as. Cualquier texto legal en España que incluya la palabra aborto o interrupción voluntaria del embarazo lo recurren ante el Tribunal Constitucional, aunque afortunadamente y de momento, el resultado les viene siendo desfavorable.
Así, hace tres semanas el Tribunal Constitucional publicaba una nota informativa dando cuenta de que, mediante Sentencia de su Pleno, se desestimaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados y diputadas de la formación ultra contra la Ley Orgánica que modificaba el Código Penal y avalaba penalizar el acoso a las mujeres que acuden a una clínica para la interrupción voluntaria del embarazo.
La norma cuya inconstitucionalidad pretendían es la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objetivo de penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas IVE. De este modo, se creó un delito nuevo con la finalidad de impedir y penalizar aquellas conductas de los grupos antiderechos que acuden a las puertas de estas clínicas para coaccionar y atentar contra la libertad y la intimidad de las mujeres que tratan de ejercer su derecho al aborto.
La Ley que entró en vigor el día 14 de abril de 2022 lamentablemente no ha supuesto un cambio sustancial en relación al hostigamiento que día a día sufren las mujeres en muchas de las clínicas de interrupción de embarazo.
Pero esta lucha contra el aborto no sólo la presentan ante el Tribunal Constitucional. Permanentemente y apoyándose en recursos públicos promueven iniciativas en las distintas administraciones al objeto de reducir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así, en Andalucía el gobierno del Partido Popular presidido por el Sr. Moreno Bonilla, durante los años 2021, 2022 y 2023, concedió 1.700.000,00€ de ayudas y subvenciones a asociaciones antiabortistas, ayudas que iban destinadas a poner en marcha «medidas de asistencia a la mujer embarazada en dificultades«.
En Valencia, el Ayuntamiento ha organizado recientemente la “I Jornada en defensa de la vida de la ciudad de Valencia”, encuentro en el que no solo negaron abiertamente los derechos reconocidos por la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, sino que además contaron con la presencia de menores de secundaria de un centro escolar concertado como receptores de sus posicionamientos.
Y podríamos seguir citando como desde diferentes administraciones y vuelvo a insistir, con dinero público (Zaragoza, Cáceres, Alicante, Almendralejo…), se busca el menoscabo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres contando, en muchas ocasiones, con grupos anti-libertad, conformados por fundamentalistas católicos y/o cristianos. Organizaciones fundamentalistas (cada día mejor dotadas económicamente) que van ganando terreno en nuestro país, en Europa y en gran parte de los países con sistemas democráticos (en los no democráticos no es necesario invertir en limitar los derechos de la mujer dado que directamente la mujer no tiene derechos).
El crecimiento de las campañas antiaborto está siendo exponencial: Red Madre, 40 días por la vida, Fundación Neos, Fundación de Abogados Cristianos y un largo rosario de asociaciones y fundaciones en sinergias comunes con partidos ultraderechistas y neoconservadores están redoblando sus esfuerzos para constreñir los derechos humanos de las mujeres, toda vez que, como señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el derecho al aborto se incluye, en los Derechos Humanos, como una manifestación más del derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En definitiva, podríamos deducir que a estas organizaciones no sólo parece no inquietarles la referida modificación del Código Penal, sino que da la sensación de que les ha dado fuerza y ánimo en su lucha anti-libertad.
Afortunadamente, tras la reciente modificación de la Constitución francesa con la inclusión del derecho al aborto en el texto constitucional, ha surgido un movimiento en gran parte de Europa que reclama la inclusión del derecho al aborto en la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, habiéndose incluso debatido el asunto en el Pleno del Parlamento europeo y estando en marcha una interesante campaña “mi voz, mi decisión” que mediante una iniciativa ciudadana busca que cualquier mujer europea, con independencia del país donde resida, tenga acceso al aborto legal y seguro.
Pero a todo ello, soplan, cada vez con más fuerza, vientos pardos y negros promovidos y alentados por quienes quieren conducirnos a los años “treinta”, renegando de los felices veinte, con modelos e ideologías de la tercera década del pasado siglo. No debemos mirar para ninguna parte y dejar que copen nuestras instituciones quienes excluyen y penalizan a la mitad de la población, las mujeres, y a una buena parte de la otra mitad, inmigrantes, homosexuales, minorías étnicas y un largo etc. En unos días tendrán lugar unas nuevas elecciones y no podemos perder la oportunidad de evitar que Europa caiga en manos de quienes, al grito de “libertad carajo” o similares lo único que pretenden es imponer la reducción sistemática de derechos y la destrucción del estado de bienestar y, todo ello, con el supuesto apoyo de dios.
Jose Antonio Bosch es asesor jurídico de ACAI (Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntario del Embarazo).
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