Por Daniel Seixo
«Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos».
Simón Bolívar
Tal y como ya sucedió en 2009, el pueblo colombiano ha vuelto a salir a las calles para mostrar su hartazgo. Cansados del paro, la precariedad y la pobreza, ni la extrema represión del gobierno de Iván Duque ha podido evitar que el pueblo trabajador ocupe de nuevo las calles que le pertenecen.
Todo comenzó el 15 de abril, cuando en plena pandemia, la herencia del uribismo decidió presentar un nuevo shock económico en forma de una reforma tributaria que afectaba de forma directa a la clase media y la población asalariada colombiana. Con una caída de cerca del 7%, la mayor en la historia del país, Iván Duque apostaba por una salida que evitase molestar a los grandes poderes económicos, pese a la frontal oposición a la misma de la práctica totalidad del espectro político y el grueso de la población colombiana. El gobierno colombiano buscaba de este modo recaudar en torno a 6.800 millones de dólares, cerca del 2% del PIB del país, de cara a poder afrontar los compromisos de deuda adquiridos por el estado. Para ello la “Ley de Solidaridad Sostenible” apostaba por un paquete de duros recortes entre los que se encontraban el aumento del IVA de la canasta básica del 5 al 19%, afectando entre otras cosas a la luz, la gasolina o el gas, la posibilidad de implementar peajes dentro de las ciudades, la creación de impuestos a nuevos vehículos o la implementación de impuestos funerarios en medio de una pandemia que sitúa a Colombia como el país más afectado de América Latina con 2,9 millones de afectados y más de 75.000 fallecidos, según los datos oficiales.
Pese a que varios días de protestas y el goteo de víctimas en las mismas ha llevado a Iván Duque a anunciar el retiro de la reforma tributaria, las protestas continúan en las principales ciudades
El evidente desequilibrio social en el esfuerzo económico en un país en el que el 42% de la población, 21 millones de personas, viven en la pobreza y cerca de 7,4 millones viven en situación de pobreza extrema, situando a Colombia como el país más desigual de América Latina, provocó que las centrales obreras y los movimientos sociales llamasen a un paro general contra la reforma tributaria planteada por el gobierno de Duque. Las ciudades, Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Manizales o Bucaramanga, fueron centro de movilizaciones masivas, mostrando de ese modo como la desigualdad y los ajustes del gobierno estaban ahogando a una población que sin poder ya apenas respirar, había perdido definitivamente el miedo. El 1 de mayo, Día del Trabajador, las protestas continuaron pacíficamente, hasta que al caer la noche, los cuerpos policiales comenzaron a actuar de forma indiscriminada, cargando contra unos manifestantes que apenas podían repeler la excesiva y desproporcionada fuerza de un gobierno que comenzaba a trasladar métodos de guerra ensayados contra la guerrilla, en esta ocasión con la intención de intentar aplacar las reivindicaciones de su propia población civil.
La barbarie y la venganza que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, en manos de la ultraderecha colombiana, habían estado aplicando en zonas rurales contra líderes sociales y excombatientes de las FARC –asesinando a más de 1000 opositores desde 2016– se trasladaba ahora a las ciudades para, a la vista de la comunidad internacional y con total impunidad, cobrarse la vida de 21 personas, muchas de ellas alcanzadas por munición real o directamente ejecutados por ejercer su derecho a la expresión política y la protesta pacífica en las calles del país. Con unos medios nacionales afanados en criminalizar a los manifestantes y un expresidente –y hombre fuerte en la sombra– como Álvaro Uribe, dispuesto a alentar el vil asesinato de los que considera delincuentes, “sorprende” a día de hoy el silencio cómplice de Washington o Europa, atendiendo a su inusitado interés por los DD. HH. en otras latitudes no siempre demasiado lejanas. La sangre del pueblo trabajador vuelve a resultar demasiado sencilla de olvidar y las violaciones, los abusos físicos y sexuales, las ejecuciones extrajudiciales o los cientos de heridos durante esta semana de protestas, simplemente apenas ocupan espacio en los mismos medios de comunicación internacionales que a diario nos alertan acerca de una violencia de estado inexistente en Venezuela. Incluso Luis Almagro, secretario general de la OEA, se permitía la licencia de analizar la realidad de la Revolución Bolivariana mientras los militares asesinaban a sangre fría al pueblo colombiano.
Todo comenzó el 15 de abril, cuando la herencia del uribismo decidió presentar un nuevo shock económico en forma de una reforma tributaria que afectaba de forma directa a la clase media y la población asalariada colombiana
Pese a que varios días de protestas y el goteo de víctimas en las mismas ha llevado a Iván Duque a anunciar el retiro de la reforma tributaria, “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera“, las protestas continúan en las principales ciudades, pese a la militarización de las mismas y las numerosas imágenes de uso de fuego real sobre manifestantes. Colombia ha perdido el miedo, “el paro sigue”, las principales reivindicaciones de las personas que se encuentran ahora mismo en la calle y de gran parte de la población del país se estructuran a través de tres puntos clave: una economía más justa e igualitaria, una reforma en la policía para capaz de terminar con el uso indiscriminado de la violencia indiscriminada por parte del estado y una revisión del proceso de paz que ponga fin a la guerra desatada que el gobierno y los paramilitares han declarado contra los exguerrilleros y activistas de izquierda. Colombia hoy simplemente exige en sus calles paz y democracia… Y tan solo por esto el gobierno de Iván Duque los está asesinando.
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