Los forestales exigen a la empresa pública Tragsa y a la Comunidad de Madrid la apertura urgente de negociaciones para establecer un convenio que garantice condiciones laborales justas.
Por Javier Guijarro | 15/07/2025
Desde este 15 de julio, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, gestionados por la empresa pública Tragsa, han iniciado una huelga que se prolongará hasta el 15 de agosto, coincidiendo con el periodo de máximo riesgo de incendios forestales según el Plan Especial contra Incendios Forestales (Infoma). Este paro, que podría convertirse en indefinido si no se atienden sus demandas, responde a años de precariedad laboral y a la falta de diálogo por parte de Tragsa y la Comunidad de Madrid. La protesta, respaldada por sindicatos como Firet, UGT y CGT, ha alcanzado un seguimiento significativo, con acciones que incluyen concentraciones frente a la sede de Tragsa y la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Los bomberos forestales, esenciales para la protección del patrimonio natural y la seguridad ciudadana, han denunciado una situación laboral “insostenible” que lleva años sin resolverse.
Entre sus reivindicaciones principales, dirigidas tanto a Tragsa como a la Comunidad de Madrid, se encuentran la negociación de un nuevo convenio colectivo. El convenio actual, vigente desde 2008 y caducado desde 2012, no refleja las necesidades actuales del colectivo. Los trabajadores denuncian una pérdida de poder adquisitivo del 34,6% debido a la falta de actualización, con salarios que rondan los 1.250-1.280 euros mensuales, considerados “indignos” para un trabajo de alto riesgo. Exigen la apertura urgente de negociaciones para establecer un convenio que garantice condiciones laborales justas.
Además, también exigen el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal. A pesar de la aprobación de la Ley Básica de Bomberos Forestales en noviembre de 2024, los trabajadores de Madrid siguen siendo denominados oficialmente “brigadas forestales”. Este reconocimiento, que debería aplicarse a partir de enero de 2026 con la renovación del encargo a Tragsa, es crucial para garantizar derechos laborales y salariales acordes a su especialización. Los bomberos exigen su implementación inmediata, ya que consideran que la falta de reconocimiento los relega a un estatus de “trabajadores de segunda”.
Los bomberos también pelean por una mejora de sus condiciones económicas y laborales. Reclaman salarios dignos que permitan vivir en la región, así como la revisión del régimen de descansos y la eliminación de la temporalidad. Cerca del 50% de la plantilla, que cuenta con 330 trabajadores durante todo el año y se refuerza con 200 efectivos en verano, es contratada solo durante la temporada alta de incendios. Esta alta temporalidad afecta tanto la estabilidad laboral como la eficacia en la prevención y extinción de incendios.
Otro de los puntos que figuran en sus demandas es la protección frente a riesgos laborales y agentes cancerígenos. Los trabajadores están expuestos constantemente a humos y sustancias tóxicas sin un plan específico de evaluación de riesgos laborales. Denuncian que Tragsa y la Comunidad de Madrid incumplen el Real Decreto 612/2024, que obliga a proteger a los trabajadores frente a agentes cancerígenos. Exigen la implementación de medidas efectivas para garantizar su seguridad y salud, incluyendo mejores equipos de protección y formación adecuada.
La huelga de los forestales está motivada también por mejoras en infraestructuras y recursos. Las bases forestales, muchas en estado de abandono desde hace décadas, necesitan una urgente remodelación. Además, los bomberos denuncian la falta de personal, con 37 plazas sin cubrir en plena campaña de alto riesgo, y brigadas inoperativas en zonas como Miraflores de la Sierra, Cercedilla y Navas del Rey. Estas carencias comprometen la seguridad y la capacidad operativa del servicio.
La huelga, que comenzó este 15 de julio, ha sido calificada como un “éxito” por los sindicatos, con un seguimiento del 90% en acciones previas como la del 25 de abril de 2025. Los bomberos han protagonizado concentraciones frente a la sede de Tragsa en Madrid y la Consejería de Medio Ambiente, así como actos simbólicos como la quema de vegetación seca y un muñeco con su uniforme, representando “la quema de sus derechos”. Jesús Molina, presidente del comité de empresa y portavoz de Firet, ha acusado a Tragsa de un “bloqueo constante” en las negociaciones y a la Comunidad de Madrid de “dejadez institucional”.
El Gobierno de la Comunidad, por su parte, se ha desentendido del conflicto, argumentando que los bomberos son trabajadores de Tragsa y no de la Comunidad. Tragsa, a su vez, asegura que mantiene conversaciones con los representantes de los trabajadores, pero los sindicatos denuncian que estas reuniones no han dado resultados concretos. Para garantizar la seguridad durante la huelga, se han establecido servicios mínimos del 80%, aunque los bomberos advierten que la falta de personal y recursos ya pone en riesgo la capacidad de respuesta ante incendios. Si no se alcanzan acuerdos, el paro podría extenderse indefinidamente, lo que incrementaría la presión sobre las autoridades en un contexto de alta alerta por incendios.
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