Los bomberos advierten que no hay personal suficiente para abarcar la extensa masa forestal madrileña, esencial para reducir riesgos en verano.
Por Fernando Ariza | 4/02/2026
Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cumplieron este martes 194 días en huelga indefinida, una de las movilizaciones laborales recientes más largas en el sector público. Este conflicto, que inició el 25 de julio de 2025, ha paralizado gran parte de las labores de prevención de incendios en la región, con el objetivo de alertar sobre el riesgo que corren los montes madrileños de cara al próximo verano. A pesar de las reiteradas protestas y el impacto en un servicio esencial de emergencias, ni la empresa pública TRAGSA ni la Comunidad de Madrid han mostrado disposición para resolver la cuestión, dejando a los trabajadores en una situación de precariedad extrema.
Antecedentes del conflicto
Los bomberos forestales, contratados por TRAGSA —una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ejecuta el servicio por encargo de la Comunidad de Madrid—, iniciaron la huelga indefinida tras años de reclamaciones ignoradas. El convenio colectivo actual caducó en 2012 y no ha sido actualizado, lo que ha generado un estancamiento en las condiciones laborales de estos profesionales. Antes de la huelga indefinida, el colectivo realizó paros parciales y manifestaciones desde marzo de 2025, pero la falta de diálogo con las autoridades escaló la situación.
La huelga se ha visto marcada por momentos de tensión, como la manifestación del 11 de diciembre de 2025 frente a la sede de TRAGSA, coincidiendo con la junta de accionistas de la empresa. En esa ocasión, la Policía Nacional intervino con cargas, resultando en al menos nueve detenidos, dos heridos hospitalizados y el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes. Los trabajadores denunciaron una «actitud violenta» por parte de las fuerzas de seguridad, interpretándola como una respuesta ordenada por el gobierno de la Comunidad. TRAGSA, que reportó beneficios récord en ese período, se negó a negociar, exacerbando el conflicto.
El impacto de la huelga es evidente en las labores de prevención: según los huelguistas, se ha realizado un 70% menos de trabajo preventivo en comparación con el año anterior, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales en una región vulnerable tras las lluvias invernales. Con una plantilla actual de alrededor de 300 trabajadores, los bomberos advierten que no hay personal suficiente para abarcar la extensa masa forestal madrileña, esencial para reducir riesgos en verano.
Las demandas de los trabajadores
Los bomberos forestales reclaman mejoras laborales que garanticen la dignidad y la seguridad en un oficio de alto riesgo, expuesto a condiciones extremas como el humo tóxico, el calor intenso y agentes cancerígenos. Sus demandas principales incluyen, por ejemplo, la negociación de un nuevo convenio colectivo. El actual, caducado desde 2012, no refleja la realidad del trabajo ni incluye actualizaciones salariales ni reconocimiento de la toxicidad y dureza de la profesión. Exigen un acuerdo que contemple subidas salariales acordes con la inflación y el riesgo inherente al puesto.
También exigen el fin a la temporalidad y estabilidad laboral. Muchos contratos son estacionales, lo que genera inestabilidad. Los trabajadores piden la conversión de puestos temporales en fijos para asegurar continuidad y profesionalización del servicio.
Otro punto clave es el aumento de personal. Demandan un incremento del 58% en la plantilla, pasando de 316 a más de 500 trabajadores, para cubrir adecuadamente las necesidades de prevención y extinción en la Comunidad de Madrid. Argumentan que la actual dotación es insuficiente para gestionar la masa forestal y responder a emergencias.
Los forestales consideran que además es necesario tomar medidas de protección contra agentes cancerígenos. Reclaman protocolos eficaces de salud laboral, incluyendo equipos de protección adecuados y reconocimiento de enfermedades profesionales derivadas de la exposición a sustancias tóxicas.
Los trabajadores también solicitan mejoras en condiciones generales. Incluyen el reconocimiento oficial como «bomberos forestales» (actualmente denominados «brigada forestal»), que entrará en vigor en 2026 con la renovación del encargo a TRAGSA, pero insisten en que esto debe ir acompañado de mejoras reales.
Estas reivindicaciones no solo buscan beneficiar a los trabajadores, sino también fortalecer un servicio público esencial que protege el medio ambiente y la seguridad de la población madrileña.
La falta de resolución y el futuro incierto
A pesar de las protestas continuas, como concentraciones en la Puerta del Sol y ante la sede del Gobierno regional, ni TRAGSA ni la Comunidad de Madrid han iniciado un diálogo efectivo. Los huelguistas han recurrido a una caja de resistencia financiada por donaciones para sostener la movilización, destacando la solidaridad de la sociedad civil.
Con el invierno avanzando y el verano acercándose, la huelga pone en evidencia las carencias en la gestión de emergencias forestales. Los bomberos insisten en que su lucha es por un servicio público de calidad, advirtiendo que la inacción podría tener consecuencias graves en la próxima temporada de incendios. Mientras tanto, el colectivo sigue firme en su compromiso: «Seguiremos luchando por defender la naturaleza y a nuestros pueblos en condiciones dignas».
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