Los abusos de la Iglesia Católica

Por Alba Puerto

El padre Maskell abusó de unas 100 niñas y asesinó a la hermana Cathy

Netflix ha sacado una nueva serie documental que explora el asesinato sin resolver de una monja y una alumna de Baltimore, Joyce Malecki. La hermana Cathy era profesora en la Secundaria de Keough en los 70 y descubrió que el padre Maskell estaba abusando sexualmente de decenas de estudiantes, por enfrentarse a él acabó muerta. En los 90 dos estudiantes intentaron denunciarle, pero el padre salió libre.

Dos alumnas de la hermana Cathy Cesnik llevan años investigando las muertes de esta y Joyce Malecki, conectados por el modus operandi del asesino. La ley de libertad de información del FBI les permite obtener los archivos sobre Malecki, unas 4.000 páginas; esperan un  revisor desde el 5 de septiembre de 2014. Cada cuatro o seis semanas mandan cartas para saber la fecha en la que les serán entregados los documentos. Hay un requisito en la ley federal sobre el tiempo de respuesta a una solicitud, pero no hay ninguna ley que regule el tiempo de espera para que envíen los archivos. Uno de los hermanos Malecki murió diciendo que quienes encubrieron los asesinatos de Joyce y la hermana Cathy esperan a que sus familiares desaparezcan para que nadie pregunte. “Nos han colocado en un armario y esperan a que muramos para no tener que escucharnos más.” La tecnología que tenían en los 70 no podía identificar huellas, actualmente sí. Hace 15 años él hizo estas preguntas: “Tienen huellas, ¿las han pasado por el Banco Nacional de Datos? Tienen pruebas forenses, ¿han analizado el ADN?” Las respuestas fueron negativas, ¿por qué? Por carencia de personal y presupuesto, dijeron.

Hay un anteproyecto que ha andado por el Capitolio del Estado de Maryland desde 2003 y que “se ha visto como una amenaza para los grupos religiosos”, según el delegado que volverá a presentarlo en 2017. En los últimos doce años, siete veces se ha propuesto en la Asamblea General de Maryland la extensión del estatuto de limitación civil para el reclamo de abuso sexual infantil, nunca se ha aprobado. La media de edad de las mujeres que sufrieron abusos en la Secundaria de Keough es de 70 a 80 años, más de 40 años después del suceso han decidido colocarse delante de las cámaras de Netflix para poner en común una pesadilla que continúa aterrorizándolas. Una de estas víctimas es Teresa Lancaster, que fue humillada en el estrado cuando se presentó como testigo a favor de este anteproyecto, se sintió como en 1994 cuando los abogados de la Archidiócesis desmintieron sus acusaciones de abuso contra Maskell. Kevin Murphy y Alison D’Alesandro fueron mandados por la Conferencia Católica de Maryland y la Archidiócesis de Baltimore. La Iglesia Católica se vio obligada a defenderse de los supervivientes de la pedofilia, asegurando que los estatutos de limitación evitan que el juzgado litigue con denuncias viejas y evitan que el ciudadano deba defenderse cuando sus recuerdos han desaparecido, los testigos han muerto y las pruebas se han perdido. Murphy se erige como protector de las víctimas, cuando el abuso sufrido le importa muy poco. Siete años les parece un periodo suficiente para denunciar, “para que el abusador no siga practicando durante trece años más” defienden. Aseguran que si cambian el plazo, habrá más víctimas. Es un ultimátum inhumano, presionar al superviviente para que salga a la luz o calle junto a su dolor para siempre. Culpabilizan a la víctima de su silencio. Estos abogados recuerdan a la víctima que su posición es inferior, que cada palabra y cada coma de su testimonio será puesto en duda. “También hemos llegado a acuerdos con muchas víctimas, aunque sus denuncias prescribieron y no tenemos ninguna obligación legal para con ellos”, esta última declaración de D’Alesandro deja clara su intención. Cuando el tiempo del estatuto de limitación ya ha pasado, muchas veces lo único que te queda para sanar es la mediación. Esta se hace a puerta cerrada entre la Archidiócesis de Baltimore y las víctimas, ya que no es un proceso judicial. Unas doce supervivientes han acordado con la Archidiócesis compensaciones de entre 25 000 y 50 000 dólares, así como fondos para terapia y asesoramiento religioso de entre dos a tres años.

La Iglesia Católica entra en una dicotomía, ejerciendo los roles de abusador y sanador al mismo tiempo

Una de las supervivientes dice en su mediación “espero que no creáis que las chicas [de la Secundaria de Keough], con las edades que tenemos, venimos aquí a por la poca compensación económica que están dando. Tener la oportunidad de decir estas cosas me parece más importante que todo lo demás.” Un proyecto de ley puede morir antes de que lo voten si el presidente lo desea, eso hicieron el Presidente del senado de Maryland, Mike Miller, y el Presidente del Comité Judicial, Joe Vallario. Este último comentó al delegado que lleva el proyecto, que la Iglesia lo contactó para que no se aprobara el proyecto.

La Archidiócesis, a día de hoy, tiene la oportunidad de hacer lo correcto tras haber humillado a las víctimas en 1992, 1993 y 1994; continúan haciéndolo obligándolas a arrastrarse hasta sus oficinas a por dinero. La Iglesia Católica entra en una dicotomía, ejerciendo los roles de abusador y sanador al mismo tiempo. El Gobierno es el que debe salir a defender a sus ciudadanos y ser mediador en los conflictos.

 “Debes tener cuidado con el padre Maskell” le aseguró Charles Franz, estudiante de San Clemente, a sus compañeros, no quería que les pasara lo mismo que a él. Cuando el sacerdote se enteró, hizo de su vida un infierno, le sacó del equipo de baloncesto, el de béisbol y de la Organización Católica Joven. Charles se lo contó a su madre y ella, en mayo de 1967, fue a quejarse del abuso a la Archidiócesis de Baltimore. El pastor de San Clemente, el padre Collopy, llamó unos días después para asegurarle a Charles que volvía a sus actividades extraescolares y que Maskell no le molestaría más. Lo trasladaron a la Secundaria del Arzobispo de Keough, y comenzó la pesadilla de decenas de mujeres. Es decir, en todo momento la Iglesia tenía constancia de lo que iba a ocurrir en Keough y aún así etiquetaron como mentirosa a cualquier alumna que denunciara los abusos.

Charles se reunió en los 90 con dos abogados canonistas y Monseñor Malloly, cuando las alumnas de Keough empezaron a interponer las primeras denuncias. Monseñor intentó comprar el silencio de Charles con un barco, es decir, la Archidiócesis era plenamente consciente de que los abusos que relataban las estudiantes eran completamente ciertos. Mientras tanto, el mismo religioso le escribió una carta a una de las estudiantes pidiéndole más testimonios para tener una corroboración legítima. Charles, y su relato sobre la transferencia de Maskell de una escuela a otra, era la corroboración legítima.