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Con el tiempo, el acceso a los puertos, el control de fronteras y la oposición armada dentro de Etiopía se han convertido en partes de un mismo conflicto.
Por Hafte Gebreselassie Gebrihet | 3/09/2026
La guerra a gran escala entre el gobierno federal etíope y las fuerzas del gobierno regional de Tigray finalizó en noviembre de 2022 con la firma del Acuerdo de Pretoria . Ambas partes acordaron que las fuerzas de Tigray se desarmarían y que las fuerzas extranjeras y demás tropas ajenas al ejército federal se retirarían de Tigray. Asimismo, acordaron restablecer el orden constitucional en Tigray y resolver las disputas territoriales en conflicto de conformidad con la Constitución.
Estudio el conflicto armado, la gobernanza y la comunicación política en Etiopía. Recientemente analicé el Acuerdo de Pretoria y su implementación. Examiné declaraciones oficiales de las autoridades etíopes, eritreas y tigrayanas, informes de organizaciones internacionales y observadores de conflictos, y noticias publicadas entre noviembre de 2022 y junio de 2026. Esto me permitió rastrear cómo las disputas sobre desarme, territorio y representación política se vincularon con la rivalidad entre Etiopía, país sin litoral, y Eritrea por el acceso al Mar Rojo.
He constatado que, si bien el Acuerdo de Pretoria sigue siendo aceptado por el gobierno federal etíope y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), sus principales compromisos se han aplicado de forma selectiva.
El acuerdo de paz ha sobrevivido formalmente, pero el conflicto que pretendía erradicar continúa bajo otras formas. A esto lo llamo consolidación del conflicto. Los combates a gran escala cesaron, se reanudaron los servicios federales y se estableció una administración regional interina. Sin embargo, el oeste de Tigray no ha sido devuelto a la administración tigrayana, las fuerzas extranjeras y no federales no se han retirado por completo, y Tigray no se ha reintegrado plenamente a la política federal. El desarme sigue incompleto, y persisten el desplazamiento, la exclusión política y los enfrentamientos locales.
En el centro de todo se encuentran las tensiones entre Etiopía y Eritrea, exacerbadas por la búsqueda etíope de acceso al Mar Rojo. Estas tensiones han hecho que la implementación parcial del acuerdo de paz de noviembre de 2022 sea más beneficiosa para el gobierno federal etíope, el Frente de Liberación Popular de Tigray y Eritrea que su plena implementación. Esto ocurre incluso a pesar de que Eritrea no es signataria del acuerdo.
La tensión en el Mar Rojo complicó el Acuerdo de Pretoria
Etiopía no tiene salida al mar desde que Eritrea se independizó en 1993. Actualmente, depende del puerto de Yibuti para la mayor parte de su comercio internacional de mercancías. Anteriormente, Assab, un puerto en la región sur del Mar Rojo de Eritrea, era el principal punto de entrada de Etiopía hasta la guerra entre Etiopía y Eritrea que tuvo lugar entre 1998 y 2000 .
Esta historia ha convertido a Assab en objeto de una disputa entre Etiopía y Eritrea. Dentro de Etiopía, se ha culpado al TPLF de haber dejado al país sin acceso al mar. Esto se debe a que un gobierno de transición dominado por el TPLF aceptó el referéndum de 1993 que estableció a Eritrea como un estado independiente.
El primer ministro Abiy Ahmed argumenta que una población de 150 millones no puede vivir aislada geográficamente . La retórica etíope oscila entre la búsqueda de acceso comercial al mar y la reivindicación histórica de Assab . Presenta la aceptación de la independencia eritrea sin asegurar el control etíope de un puerto como el error que dejó a Etiopía sin litoral.
Para Eritrea, Assab no es simplemente un puerto. El control de la costa forma parte de la independencia conseguida tras 30 años de guerra contra Etiopía. Cuando los políticos etíopes presentan el acceso al mar como un derecho histórico, Eritrea ve en ello una posible reivindicación sobre su territorio.
Con el tiempo, el acceso a los puertos, el control de fronteras y la oposición armada dentro de Etiopía se han convertido en partes de un mismo conflicto.
Tigray es el punto de confluencia de estos problemas. Limita con Eritrea. El oeste de Tigray, una gran parte del territorio tigrayano, permanece bajo administración y control militar amhara. Además, las fuerzas tigrayanas no se han desarmado por completo. Para el gobierno federal, asegurar la frontera y desarmar a las fuerzas tigrayanas reduciría el riesgo de que el apoyo eritreo llegue a Tigray o de que Etiopía se enfrente a dos frentes norte interconectados.
La alianza bélica entre Addis Abeba y Asmara durante la guerra de Tigray se rompió tras la firma del Acuerdo de Pretoria en noviembre de 2022. Una consecuencia es que Eritrea y el TPLF han encontrado puntos en común contra el gobierno federal. No se ha anunciado ninguna alianza formal, pero los informes sobre contactos y posible coordinación , junto con las acusaciones federales de preparativos militares conjuntos, sugieren una alineación táctica informal. El TPLF ha rechazado las acusaciones de que esté coordinando con Eritrea .
Para Eritrea, la persistencia del conflicto en Etiopía reduce la amenaza para Assab. Un gobierno federal que lucha en las regiones de Amhara, Oromía y Tigray cuenta con menos tropas, menos recursos económicos y menos margen de maniobra política para presionar a Eritrea. Eritrea no necesita una alianza permanente con el TPLF. Incluso una cooperación limitada puede obligar a Addis Abeba a centrarse en varios frentes internos.
Mi análisis sugiere que el gobierno etíope ha hecho el cálculo opuesto. Esto se ve respaldado por las advertencias del gobierno federal de que el TPLF se está aliando con Eritrea en una posible guerra indirecta , una acusación que el TPLF niega. Sin embargo, al presentar al TPLF como un socio de Eritrea, el gobierno federal puede retratar la resistencia al desarme como una amenaza respaldada por potencias extranjeras. Esto ayuda a Addis Abeba a justificar su incumplimiento del Acuerdo de Pretoria y a movilizar el apoyo interno en torno a la unidad y la soberanía nacionales.
La acusación federal también crea una lógica política para debilitar al Frente de Liberación Popular de Tigray antes de aumentar la presión sobre Eritrea por el puerto de Assab. Interpreto esto como un argumento de soberanía en dos partes. En primer lugar, se puede considerar al Frente de Liberación Popular de Tigray como un socio interno de un enemigo extranjero. Esta misma defensa de la soberanía puede luego justificar la presión sobre Eritrea por Assab.
Las afirmaciones de que Assab pertenece históricamente a Etiopía pueden hacer que esa presión parezca una recuperación de territorio nacional. Esto no prueba que el gobierno federal haya adoptado tal plan militar. Demuestra cómo el mismo argumento de soberanía puede dirigirse tanto contra el Frente de Liberación Popular de Tigray como contra Eritrea.
El Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) puede hacer sus propios cálculos. La hostilidad entre Etiopía y Eritrea le brinda al TPLF la oportunidad de usar el posible apoyo eritreo como palanca para presionar a Addis Abeba a implementar el Acuerdo de Pretoria. Para Eritrea, la presión de Tigray puede debilitar al gobierno etíope en su defensa del puerto de Assab.
Observadores locales en Tigray y Eritrea utilizan el término tigriña Tsimdo para referirse a la supuesta cooperación entre Eritrea y el TPLF. Su alcance sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, Adís Abeba considera esta posibilidad una amenaza para la seguridad.
La rivalidad en el Mar Rojo mantiene a Pretoria en suspenso
La rivalidad bloquea el Acuerdo de Pretoria en su punto más crucial. El plan de implementación militar vinculaba el desarme de Tigray a la retirada de las fuerzas extranjeras y de las fuerzas ajenas al ejército federal. Se esperaba que las fuerzas de Tigray entregaran sus armas a medida que se retiraran las fuerzas que amenazaban la región.
Ese intercambio se ha interrumpido. Los actores tigrayanos preguntan por qué deberían desarmarse mientras Tigray Occidental no haya regresado a la administración tigrayana. Conservar sus armas también les brinda protección si la tensión entre Etiopía y Eritrea se convierte en guerra.
Mi análisis sugiere que las autoridades federales podrían mostrarse reacias a devolver una zona de importancia estratégica a un liderazgo tigray dividido. La devolución de la zona también podría enfrentar al gobierno federal con actores políticos y militares amhara y costarle el apoyo político de este pueblo.
Cada parte considera su propia obligación como una pérdida de seguridad y exige que la otra actúe primero.
Y Tigray Occidental es la región que más sufre las consecuencias de este estancamiento. Más de 760.000 tigrayanos siguen desplazados . La disputa no solo gira en torno a dónde pueden vivir las personas desplazadas, sino también qué autoridad regional gobernará la zona. Por lo tanto, las personas desplazadas se encuentran atrapadas en una lucha por la seguridad que no provocaron.
La exclusión política otorga mayor valor al poder armado. Tigray no participó en las elecciones del 1 de junio de 2026. Los líderes del Frente de Liberación Popular de Tigray, al no poder negociar a través del parlamento, tienen más motivos para mantener su influencia militar. Las autoridades federales pueden entonces utilizar ese poder militar como prueba de que Tigray no está preparado para la reintegración política.
Proteger la paz en Tigray de la rivalidad regional
Para evitar otra guerra se requieren dos procesos interconectados.
Etiopía y Eritrea deben resolver pacíficamente la disputa de Assab, incluyendo el acceso al puerto, la soberanía y el presunto apoyo a grupos armados. El Acuerdo de Pretoria no puede soportar la carga de una disputa que no formaba parte del acuerdo de paz.
En Tigray, la aplicación del acuerdo de paz requiere un orden verificable: la retirada de las fuerzas extranjeras y de las fuerzas ajenas al ejército federal, el restablecimiento de la administración tigrayana en el oeste de Tigray, el retorno seguro de las personas desplazadas, el desarme de las fuerzas tigrayanas y la reintegración política.
Estas medidas limitarían las oportunidades que ofrece la tensión en el Mar Rojo. Eritrea tendría menos margen para utilizar el conflicto en Tigray para presionar a Etiopía. El gobierno federal etíope tendría menos motivos para considerar las demandas de Tigray como amenazas extranjeras. Las fuerzas tigrayanas tendrían menos motivos para buscar el apoyo de Eritrea como protección. La paz en Tigray depende de que la implementación sea más valiosa que la continua incertidumbre.
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