El sector del petróleo y el gas ha sido uno de los mayores benefactores de las campañas de Trump, inyectando fondos masivos que han asegurado un retorno en forma de políticas favorables.
Por David Hurtado | 4/03/2026
En un contexto de creciente influencia corporativa sobre la política exterior de Estados Unidos, el segundo mandato de Donald Trump ha evidenciado cómo las grandes empresas petroleras han moldeado decisiones que priorizan sus intereses económicos por encima de la soberanía nacional y la estabilidad global. Estas compañías, que aportaron millones de dólares a las campañas presidenciales de Trump, han ejercido presión para impulsar políticas agresivas hacia países ricos en petróleo como Venezuela e Irán. El resultado: intervenciones militares y sanciones que buscan redirigir flujos de crudo hacia mercados controlados por EE.UU, expandiendo el volumen de negocio de estas transnacionales a costa de la autonomía de naciones soberanas.
Financiamiento de la campaña de Trump
El sector del petróleo y el gas ha sido uno de los mayores benefactores de las campañas de Trump, inyectando fondos masivos que han asegurado un retorno en forma de políticas favorables. Según datos de Open Secrets, el sector contribuyó con más de $151 millones en el ciclo electoral de 2024, con la mayoría destinada a republicanos, incluyendo $23 millones directamente a Trump y sus PAC aliados. Un análisis de Climate Power revela que la industria gastó $450 millones en total para influir en Trump y el Congreso, incluyendo $96 millones en donaciones directas a su campaña.
Entre las principales empresas involucradas destacan: Energy Transfer LP, cuyo CEO Kelcy Warren donó cerca de $11 millones, convirtiéndolo en un pilar financiero de la campaña; CrownQuest Operating, con Timothy Dunn contribuyendo $5 millones a PAC alineados con Trump; Continental Resources, liderada por Harold Hamm, quien aportó $1.2 millones y organizó eventos de recaudación, incluyendo una cena en Mar-a-Lago donde Trump solicitó $1.000 millones a ejecutivos petroleros a cambio de políticas pro-industria; Occidental Petroleum, con donaciones de $400.000 de su CEO Vicki Hollub y $1 millón al fondo inaugural; y Chevron y ExxonMobil, que contribuyeron $2 millones y $1 millón respectivamente al fondo inaugural, sumándose a un total de $19 millones de donantes fósiles para las ceremonias de Trump.
Estos aportes no fueron gratuitos: informes indican que han generado retornos en incentivos fiscales y desregulaciones por decenas de miles de millones de dólares para la industria.
Agresión a Venezuela
Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (alrededor de 303.000 millones de barriles), ha sido un objetivo clave. Las empresas petroleras han ejercido presión de manera intensa para relajar sanciones y facilitar el acceso a sus recursos, presionando al gobierno de Trump para acciones agresivas que culminaron en el secuestro de Nicolás Maduro en enero de 2026.
Chevron, la única gran empresa estadounidense que mantuvo operaciones en Venezuela pese a las sanciones, gastó casi $4 millones en lobby en 2025 para preservar sus licencias y expandir exportaciones. La compañía mencionó «asuntos energéticos de Venezuela» en 12 informes de lobby ese año, un aumento significativo. Refinerías como Phillips 66 y PBF Energy, que procesan crudo venezolano pesado, se unieron al lobby por primera vez en 2025, anticipando beneficios de un flujo mayor hacia EE.UU.
Harold Hamm de Continental Resources asistió a reuniones en la Casa Blanca sobre la revitalización de la producción venezolana, tras donar millones. Trump, a su vez, ha prometido $100.000 millones en inversiones de «Big Oil» para reconstruir la infraestructura, redirigiendo el crudo lejos de China y hacia puertos estadounidenses, con subsidios potenciales para las empresas. Esto incluye el control indefinido de ventas de petróleo sancionado, con transferencias iniciales de 30-50 millones de barriles a EE.UU, beneficiando a refinerías como las de Chevron, cuya acción subió tras la incursión.
Estas políticas, que incluyen despliegues militares y presiones para privatizar el sector petrolero venezolano, han alterado la agenda política de Caracas, poniéndola al servicio de transnacionales estadounidenses.
Ataques sobre Irán
Irán, con reservas significativas y exportaciones de 1,5 millones de barriles diarios, ha enfrentado una «presión máxima» renovada bajo Trump, culminando en ataques conjuntos con Israel a comienzos de marzo. La industria petrolera estadounidense, a través del American Petroleum Institute (API), ha expresado disposición para «estabilizar» Irán si cae el gobierno, priorizando acceso a sus recursos.
Presiones de aliados como Arabia Saudita e Israel impulsaron la decisión de Trump, argumentando que un ataque fortalecería la posición energética de EE.UU. El sector petrolero se beneficia de precios más altos (Brent superó los $80 por barril tras los ataques), amortiguados por la producción récord de EE.UU. Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, con historial en regiones inestables, podrían expandirse si se abren oportunidades de negocio tras un cambio de poder.
Las políticas de sanciones estrictas y despliegues militares han cortado exportaciones iraníes, elevando precios globales y beneficiando a productores estadounidenses, mientras debilitan rivales como China, que compra el 90% del crudo iraní.
Los tentáculos del gran capital están operando directamente desde la Casa Blanca. Un fenómeno antidemocrático y muy peligroso que altera la agenda política y la pone al servicio de las transnacionales. Estas intervenciones no solo expanden el negocio petrolero, sino que socavan la democracia, priorizando las ganancias corporativas sobre los derechos humanos y la estabilidad internacional.
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