Las ofertas de empleo público siguen lejos de las necesidades sociales de los ciudadanos

Por Marta HdlH

Desde el fin del verano no han dejado de publicarse noticias relativas a la aprobación de diversas ofertas de empleo público por casi todos los gobiernos. El ayuntamiento de Madrid convoca 23.672 plazas, Castilla la Mancha 4.042, la Comunidad Valenciana 14.100 sólo para Sanidad, Andalucía planea 32.817 y, finalmente, más de 20.000 por el Gobierno central.

Sin embargo, la realidad del día a día de los opositores es bien distintas. Muchas de estas ofertas, sin ánimo de ser exhaustivos, se aprueban dentro de planes a tres años, lo que puede implicar no examinarse hasta 2020. Otras se convocan porque estamos a final de esos trienios y las comunidades están obligadas a convocar para no ser sancionadas. En resumen, se trata de ofertas que llegan tarde, acumuladas tras años sin ofertar y con previsibles retrasos (que muchos cuerpos ya están experimentando). Eso sin tener en cuenta que la mitad de las plazas son para interinos, es decir, gente que ya tiene una plaza de forma provisional.

Un cuerpo de élite público responsable de grandes decisiones requiere un sistema duro y arduo que seleccione a los mejores. Pero que sea justo, tanto legal como estadísticamente.

Además, las ofertas de empleo público son una fuente de eternas frustraciones. La realidad es que los opositores siguen paralizados en dentro de un sistema con un obsoletismo casi programado. Los temarios son poco o nada prácticos y desconectados de la realidad del puesto. Se somete a los opositores, bajo el objetivo de “seleccionar a los mejores”, a unas pruebas escritas y orales donde se depende del apellido para saber el turno, el tribunal que examina o incluso los temas a recitar en el caso de los cuerpos más altos (notarios, jueces, secretarios, técnicos, abogados del Estado, inspectores). Se trata de pruebas que requieren no sólo de amplios conocimientos, si no multidisciplinarias habilidades y dosis de calma y fortaleza mental que exceden la lógica natural.

Un cuerpo de élite público responsable de grandes decisiones requiere un sistema duro y arduo que seleccione a los mejores. Pero que sea justo, tanto legal como estadísticamente. Las oposiciones necesitan una reforma profunda y desde sus cimientos. No vale con convocar ofertas cerca de periodos electorales. No vale con modificar temas para cumplir con la burocracia judicial.

El opositor es una persona que en muchos casos se dedica en cuerpo y alma a la preparación sin un salario. Que nadie se engañe, acceder a la Administración Pública es un privilegio que requiere de una fuente de ingresos consistente y muy elevada que pague academias, preparadores, temarios, fotocopias, códigos de leyes y todos los gastos del día a día. No es barato ser opositor ni mucho menos rápido. Aparte quedan los superhéroes que trabajan, tienen familia y sacan horas para opositar. Las oposiciones están diseñadas de tal forma que se discrimina a sectores sociales enteros. Es una injusticia que favorece a los hijos de funcionarios, que básicamente ignora a quienes desconocen el sistema y que, por supuesto, no cuenta con subvenciones o ayudas. El que quiere formar del Estado tiene que hacerlo casi contra el Estado, a pesar del Estado.

Los gobiernos siguen ignorando las necesidades de sus futuros trabajadores y perpetúan un sistema medieval casi nepotista que requiere renovaciones de todos los niveles

La conclusión es sencilla. Las ofertas de empleo público juegan con la esperanza de un trabajo digno y bien remunerado de miles de personas en uno de los momentos históricos más tensos de la historia de España. Se utilizan las cifras cuando el paro es doloroso. Pero, a su vez, los gobiernos siguen ignorando las necesidades de sus futuros trabajadores y perpetúan un sistema medieval casi nepotista que requiere renovaciones de todos los niveles: la composición de los tribunales, la duración de las pruebas (que en algunos casos se extienden durante más de un año), los periodos entre convocatorias, el tipo de pruebas, el contenido de los temarios, los cursos de formación posteriores, los periodos de incorporación de puesto pero sobre todo, los recursos para el acceso al puesto.

Que nadie se engañe y se anime a opositar porque vio las maravillosas cifras de las OPEs. Si se decide a hacerlo que sea por vocación, con una firme convicción y con mucho dinero, porque para trabajar para este país hay que pagar por adelantado y estar dispuesto a jugar a un juego injusto, casi ilegal y casi eterno.

1 Comment

  1. Me parece muy acertado tu artículo. Pareciera que quieren que uno fracase, jactándose de tener un sistema útil y moderno en el cual solo sobresalen los mejores, cuando en realidad es igual de arcaico como el sistema de castas. Tristemente lo mismo pasa en Mexico….

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