Las horas extras no remuneradas en España son mucho más que una irregularidad laboral: son un pilar de la explotación que sostiene los beneficios empresariales a costa de los trabajadores.
Por Redacción NR | 8/03/2025
En España, las horas extraordinarias no remuneradas se han convertido en una práctica arraigada que afecta a cientos de miles de trabajadores, generando un ahorro millonario para los empresarios a costa de la explotación laboral. Este fenómeno, lejos de ser una anomalía, refleja una falta de control efectivo por parte de las autoridades y un fracaso evidente del Gobierno en la implementación de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral. Mientras tanto, las empresas se benefician enormemente, maximizando sus ganancias al explotar a una fuerza laboral con salarios bajos y largas jornadas sin compensación.
Cifras alarmantes
Segúndatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2024, en España se trabajan aproximadamente 2,61 millones de horas extraordinarias no remuneradas cada semana. Si extrapolamos esta cifra a lo largo de un año (52 semanas), el resultado es un acumulado de 135,72 millones de horas no pagadas anuales. Este volumen de trabajo gratuito representa un agujero significativo en los ingresos de los trabajadores y en las arcas públicas, al no cotizarse a la Seguridad Social ni tributar como corresponde.
En términos económicos, el impacto es igualmente abrumador. El mismo estudio estima que estas horas no abonadas suponen un ahorro para los empresarios de 3.254 millones de euros al año, una cantidad que incluye tanto los salarios no pagados como las cotizaciones sociales y los impuestos directos que se evaden. Para los trabajadores, esto se traduce en una pérdida media de 7.370
euros anuales por persona afectada, considerando un promedio de 6,3 horas extras no remuneradas por semana. Estas cifras no solo evidencian la magnitud del problema, sino que también subrayan cómo los empleadores se apropian del valor añadido generado por este esfuerzo sin coste alguno.
Falta de control
A pesar de la aprobación en 2019 de la obligatoriedad del registro horario, una medida impulsada por el Ministerio de Trabajo para combatir las horas extras no pagadas, la realidad en los centros de trabajo dista mucho de reflejar un control efectivo. Las inspecciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han aumentado en los últimos años —en 2022 se realizaron 32.644 actuaciones, con sanciones por valor de 13,7 millones de euros—, pero estas cifras son insuficientes frente a la escala del problema. En 2023, hasta julio, se llevaron a cabo 20.718 inspecciones, un número que, aunque significativo, no logra abarcar ni una fracción de las empresas que incumplen la normativa.
La falta de recursos y de un enfoque más agresivo por parte del Ministerio de Trabajo permite que muchas empresas manipulen los registros horarios o simplemente los ignoren. Sindicatos como UGT y CCOO han denunciado que las sanciones actuales, que se aplican por empresa y no por trabajador afectado, resultan irrisorias para grandes corporaciones y no actúan como un verdadero disuasivo. Esta laxitud perpetúa una cultura de impunidad que deja a los trabajadores desprotegidos y a merced de prácticas abusivas.
Fracaso del Gobierno
El Gobierno de coalición español de PSOE y Sumar ha presumido de avances en la protección de los derechos de los trabajadores, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales aprobada en 2025. Sin embargo, la realidad es que la implantación de controles horarios efectivos en las empresas ha sido un rotundo fracaso. La norma del registro horario, que pretendía poner fin a las horas extras no remuneradas, no ha logrado su objetivo: según CCOO, el 47% de las horas extraordinarias realizadas semanalmente por 890.000 asalariados (unos 419.000 trabajadores) no se pagan. Esto equivale al 2,3% de la población asalariada, una proporción que no ha disminuido significativamente desde la entrada en vigor de la ley.
La ausencia de un sistema de registro obligatorio digitalizado y supervisado en tiempo real facilita el fraude. Muchas empresas, especialmente en sectores como la educación, la hostelería, el comercio y la industria manufacturera, siguen dependiendo de registros manuales fácilmente manipulables. El Gobierno no ha logrado implementar herramientas tecnológicas robustas ni aumentar la capacidad de la ITSS para realizar inspecciones sorpresa efectivas, lo que deja a los centros de trabajo sin un control real. Este vacío normativo y operativo perpetúa una situación en la que los trabajadores son los grandes perdedores.
Beneficios empresariales a costa de la explotación
Mientras los trabajadores ven cómo su esfuerzo adicional no tiene remuneración, las empresas cosechan enormes beneficios. Esos 3.254 millones de euros anuales ahorrados no solo engordan las cuentas de resultados de los empresarios, sino que también les permiten mantener una estructura de costes artificialmente baja, evitando la creación de nuevos empleos. Según CCOO, las horas extras no pagadas equivaldrían a 70.000 puestos de trabajo a jornada completa, una cifra que pone en perspectiva el impacto de esta práctica en el mercado laboral.
En un contexto de salarios bajos —donde el sueldo medio por hora en España ronda los 21,20 euros según Eurostat— las empresas maximizan sus ganancias explotando a una fuerza laboral que, en muchos casos, no tiene más opción que aceptar estas condiciones por miedo a represalias o a perder su empleo. Sectores como la educación (410.000 horas no pagadas semanales), la hostelería y el comercio lideran este abuso, demostrando que la explotación no discrimina entre trabajos cualificados y no cualificados. Los empresarios, al apropiarse del valor generado por estas horas, refuerzan su posición competitiva sin invertir en contrataciones ni mejorar las condiciones laborales, perpetuando un modelo económico basado en la precariedad.
Las horas extras no remuneradas en España son mucho más que una irregularidad laboral: son un pilar de la explotación que sostiene los beneficios empresariales a costa de los trabajadores. Con
135,72 millones de horas no pagadas al año y un ahorro de 3.254 millones de euros para los empresarios, esta práctica evidencia la incapacidad del Ministerio de Trabajo y del Gobierno para imponer un control efectivo en los centros de trabajo. Mientras las empresas disfrutan de márgenes de ganancia inflados y evaden responsabilidades fiscales y sociales, los trabajadores enfrentan jornadas interminables sin compensación, atrapados en un sistema que prioriza el lucro sobre la justicia laboral. Sin una reforma profunda, más inspecciones y sanciones disuasorias, este abuso seguirá siendo una herida abierta en el tejido laboral español.
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