El Gobierno tiene poder para otorgar y revocar el régimen retributivo a las instalaciones y a los sujetos a los que les sea aplicable y regular el mercado de producción.
Javier F. Ferrero
Al fin, el Gobierno ha asumido las protestas ciudadanas y aprobado un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la factura de la luz que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.
Por supuesto, el oligopolio eléctrico ha rechazado estas medidas para rebajar la factura de la luz al considerar que van en contra de las compañías eléctricas y sus beneficios, a la vez que las nucleares han vuelto a amenazar con parar su producción si el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto de ley del CO2.
Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, anuncia que si las medidas del Gobierno siguen adelante, esto «conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial».
En una entrevista en el Telediario de RTVE, Araluce ha explicado que esta nueva medida «no hace más que ahondar» en las pérdidas que ya sufren porque «el orden impositivo es altísimo». «Si sale la nueva ley será la puntilla», ha indicado el presidente de Foro Nuclear. «No hay viabilidad para mantener las nucleares de aquí a 2035», ha zanjado.
El Gobierno podrá tomar la operación directa de las instalaciones
Ante esta situación, Carlos Sánchez Mato, economista de Izquierda Unida y su jefe de elaboración programática, ha anunciado en su cuenta de Twitter que es posible operar directamente las instalaciones eléctricas: «¿Sabéis que podríamos operar directamente las instalaciones de generación eléctrica si las empresas no garantizan el suministro? Veo el órdago y nos quedamos con las nucleares y los embalses».
Y es certero. El «BOE» núm. 310, de 27 de diciembre de 2013, páginas 105198 a 105294. acoge una ley que tiene por objeto establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste.
Detalla el «BOE» que las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica son: generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico.
La ley detalla que es competencia de la Administración General del Estado establecer la regulación básica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica y determinar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica.
Según el texto, el Gobierno tiene poder para otorgar y revocar el régimen retributivo a las instalaciones y a los sujetos a los que les sea aplicable y regular la organización y funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica.
Establece la ley que todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en el territorio nacional. El Gobierno podrá adoptar, para un plazo determinado, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, entre otras, riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica, situaciones en las que se produzcan reducciones sustanciales de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución o de los índices de calidad del suministro imputables a cualquiera de ellas.
Debido a esto, el Gobierno podrá tomar la operación directa de las instalaciones de generación, transporte y distribución; y la limitación, modificación temporal o suspensión de los derechos que se establecen en el artículo 26 para los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos.
La apropiación de los recursos energéticos tiene su causa en el proyecto neoliberal que tenía como prioridad la privatización de los servicios vitales para el desarrollo de las naciones… el dogma de la privatización no considera los derechos humanos sino la ganancia desmedida a cualquier costo.