Las ejecuciones hipotecarias se disparan en España

 

Tras unos años de cierto descenso, las ejecuciones hipotecarias aumentan en plena crisis sanitaria.

Por Juanjo Ramón

El pasado martes 7 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su informe trimestral sobre ejecuciones hipotecarias. Las cifras muestran un panorama desalentador para miles de personas. Si comparamos el segundo trimestre de 2021 con el del año anterior, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales han sufrido un aumento del 253,2%. La cifra de nuevas ejecuciones registradas, muestra cómo se han triplicado llegando a las 3.243, el mayor aumento desde finales de 2016.

Si sumamos los dos trimestres de 2021 sobre los que tenemos información, estaríamos hablando de un total de 6.450 nuevas ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual. La curva ascendente empezó en el tercer trimestre de 2020, en plena crisis sanitaria y con el sector de la sociedad hipotecada en total indefensión.

Las Comunidades Autónomas más afectadas son Andalucía, con un total de 1.349. Le sigue el País Valencià con 1.191 y Catalunya, con 1.175.

Cabe destacar que esta nueva crisis todavía arrastra los efectos de la anterior, así como los derivados de la burbuja inmobiliaria y la estafa hipotecaria previa al año 2008. El 45,9% de las ejecuciones iniciadas en el segundo trimestre, corresponden a viviendas compradas en el periodo de entre 2005 y 2008, en pleno boom de los precios. Una dura secuela, que a pesar de la recesión actual, viene provocada por la falta de soluciones por parte de los distintos Gobiernos, más preocupados en salvar al sistema financiero que a las personas que están perdiendo sus hogares. Solo un 7,5% se corresponde con préstamos constituidos en los últimos cinco años (de 2015 a 2019).

No olvidemos que la ley hipotecaria española es totalmente anómala en el marco europeo, la más injusta y la que se aplica del modo más feroz a pesar de las constantes recomendaciones y sentencias en contra por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A pesar del pasado más reciente, que se fusiona con la actualidad más atroz, la respuesta del Gobierno de coalición ha sido inoperativa e insuficiente. Aunque no deja ser paradójico, que este crecimiento actual, que empezó a notarse en el último trimestre del año pasado, afecte mucho más a las viviendas habituales que a otro tipo de propiedades o propietarios, que por primera vez en años descienden un 53% con respecto al mismo periodo de 2019.

En marzo de 2020, tras iniciarse el estado de alarma que nos tuvo recluidas en casa por tres meses, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19 ( BOE). Y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 (BOE), que contemplaba una moratoria hipotecaria por tres meses. Eso sí, la batería burocrática para demostrar vulnerabilidad, la hacían prácticamente inaccesible a pesar de que se trataba de un simple aplazamiento del pago.

El Real Decreto-ley 8/2020 no proponía una moratoria generalizada para todo tipo de préstamos, sino que únicamente se centraba en la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen dificultades ‘extraordinarias’ para atender su pago, extendiendo la medida tanto a titulares como a fiadores o avalistas.

El confinamiento implicó que quedaran paralizados cientos de procedimientos en los registros de la propiedad y juzgados, pero no evitó que el volumen de ejecuciones creciera por primera vez desde 2014, superando las registradas en el mismo periodo de antes de la pandemia. A pesar del deterioro de las economías de los hogares, los bancos optaron más por la vía de la refinanciación y los microcréditos, gestando de nuevo un sobreendeudamiento que a la larga acabaría siendo inasumible, como están demostrando los datos. Una respuesta bancaria, avalada por el propio Gobierno que promovió la apertura de préstamos avalados por el ICO.

Si el Decreto 8/2020, era insuficiente y dejaba a mucha gente sin posibilidades, una vez terminado el periodo por el cual se aprobó, cuando el escudo social se amplió en el tiempo a finales de septiembre del año pasado, la poca protección que había a las hipotecas se cayó por completo. Desde entonces, pasado un año, no hay ayudas ni escudo, solo aumento de nuevas ejecuciones y de los desahucios derivados de ellas.

En palabras del antiguo ministro Ábalos, no era necesario ampliar o mejorar esta moratoria hipotecaria porque ya existía otra. Se refería a la ley 1/2013, creada para suspender los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables. Una ley que desvirtualiza totalmente lo que proponía la PAH en su ILP Hipotecaria y que el Gobierno de coalición prorrogó y amplió algunos requisitos para poder acogerse, en marzo de 2020 poco antes de la entrada de la COVID-19 en nuestras vidas.

Un tema farragoso, que trataré en mayor profundidad en un próximo análisis. Pero para que se entienda el despropósito, no se puede empujar a las familias a una moratoria a la que no puedes acogerte, con suerte, hasta que no tienes acumulados de 12 a 15 impagos. En esos momentos la situación ya es insostenible, el banco activa la ejecución hipotecaria y por mucha moratoria que se logre, no deja de ser eso, una moratoria. O lo que es lo mismo un parche que alarga el sufrimiento y la incertidumbre a la espera de una resolución que a día de hoy no existe y solo tiene un final: la pérdida de tu casa que con tanto esfuerzo compraste.

Catalunya Plural


Juanjo Ramón es técnico en comunicación y activista por el Derecho a la Vivienda. Actualmente forma parte del equipo de portavoces de la PAH, donde participa desde 2012.

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