La última víctima del 11M, reconocida 20 años después

el Partido Popular ya había inyectado en sus filas la Teoría de la Conspiración, a través de sus medios de comunicación afines, y con aquella cantidad insoportable de muertos sobre la mesa, el debate estaba algo más que crispado en las calles

Por Angelo Nero

La Transición hacía mucho que había quedado atrás, por entonces a Adolfo Suárez le habían diagnosticado Alzheimer, y parecía que todo el país había perdido la memoria, en parte gracias a los ocho años de gobierno de José María Aznar, que no quería mirar al pasado, pese a que durante su gobierno subvencionó con 150.000 euros a la Fundación Francisco Franco, y que no dudo en tildar como “disparate” la tibia Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Cuando comienza esta historia, el gobierno de Aznar tenía los días contados, aunque el no lo sabía, porque todas las encuestas le daban una victoria holgada. Tres días antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004, diez bombas estallaron en cuatro trenes de cercanías, llevándose por delante la vida de casi doscientas personas, e hiriendo a dos mil de diversa consideración.

Como un mantra había repetido, “la culpa de todo la tiene ETA”, ya fuera la recesión económica o el recorte de libertades legislado desde su gabinete, y tanto lo repitió que se apresuró a señalar la autoría de la organización armada vasca, pese a que todo señalaba, incluso los propios informes de interior, a que había sido el terrorismo yihadista de Al Qaeda, por la participación de Aznar en la Cumbre de las Azores, en la que se decidió la invasión de Irak, aduciendo que el régimen de Sadam Hussein tenía unas armas de destrucción masiva que, con el tiempo, se demostró que solo era otra cortina de humo para la devastación y el expolio de esta nación árabe.

El resultado de las elecciones generales de 2004 supuso una derrota contundente del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, al que habían descubierto manipulando a una opinión pública conmocionada por los atentados de Madrid, lo que se transformó en la pérdida de 35 diputados, casi los mismos que ganó el PSOE (en realidad fueron 39 los que sumó, hasta alcanzar los 164), y aupó a la presidencia a José Luís Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, el Partido Popular ya había inyectado en sus filas la Teoría de la Conspiración, a través de sus medios de comunicación afines, y con aquella cantidad insoportable de muertos sobre la mesa, el debate estaba algo más que crispado en las calles. En este contexto se produjeron las muertes de dos de las víctimas más olvidadas de aquel mes de marzo: Ángel Berrueta y Kontxi Sanchiz.

Si buceamos en la hemeroteca, encontramos el titular de El País, fechado aquel 14 de marzo de 2004, y firmado por Mikel Muez: “Un policía mata a tiros a un hombre tras una discusión sobre los atentados”, y debajo el subtítulo: “La víctima se negó a poner un cartel contra ETA en su tienda de Pamplona”.

El Periódico de Aragón también recogía la noticia con este titular: “Un policía asesina en Pamplona a un simpatizante de Batasuna”, para hacer una reconstrucción de los hechos, más o menos en los mismos términos que el diario madrileño, que continuaba: “La mujer y el panadero se conocían. Ella reside con su marido y los dos hijos de la pareja en el piso 1º C del portal número 18 de la misma calle, contiguo al establecimiento. Según los testigos, la mujer, hija de un militar, abandonó la panadería, subió a su casa y regresó instantes después al local en compañía de su marido y de su hijo. Fue entonces cuando el agresor descerrajó presuntamente cuatro tiros al panadero, quien quedó tendido en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Tras dos disparos iniciales en el pecho y la cabeza, el policía le disparó, ya en el suelo, otros dos tiros que le alcanzaron en la cadera y una nalga. Alertados por las detonaciones, vecinos y transeúntes se acercaron hasta el lugar y pudieron ver cómo el agente y su esposa entraban en el portal.”

Según la información facilitada por ambos medios el asesino de Ángel Berrueta, el policía nacional Valeriano de la Peña, realizaba funciones de guardaespaldas del político Jaime Ignacio del Burgo, se encontraba fuera de servicio, y fue el mismo quién avisó a la Jefatura Superior de Policía del crimen, siendo detenido en su domicilio por sus compañeros. También se detuvo al hijo mayor del agente, Miguel José de la Peña, acusado de haber rematado de una puñalada al panadero. Mientras, Ángel Berrueta ingresaba, todavía con vida, en el Hospital de Navarra, donde fallecía veinte minutos después de su ingreso.

Las manifestaciones espontáneas de repulsa al asesinato de Berrueta no se hicieron esperar, y cientos de personas se quisieron acercar a la panadería en señal de duelo, lo que fue impedido por la policía, que cargó con contundencia para disolver la concentración, con el resultado de varios heridos. Como informaba entonces el Periódico de Aragón: “Nada más conocerse la muerte, un grupo de personas intentó colocar una ikurriña con crespón negro en la tienda del fallecido, en medio de gritos de «policía asesina» y «el pueblo no perdonará». Pernando Barrena, de Batasuna, había afirmado que “Berrueta es la «víctima 201» causada por la política del PP”.

Al día siguiente, el mismo día de las elecciones generales que llevarían a la presidencia a Zapatero, en una de las manifestaciones de protesta por el asesinato de Ángel Berrueta, otra víctima mortal se sumó a la trágica nómina de esos días, una mujer de Hernani, Kontxi Sanchiz, tal como recoge el diario madrileño ABC, que titulaba: “Muere una mujer en Hernani por una crisis cardiaca tras enfrentamientos entre Ertzaintza y manifestantes”. La escueta nota de prensa señalaba: “Una vecina de Hernani de 60 años, Conchi Sanchís, falleció esta tarde minutos después de ingresar en el hospital Donostia, al parecer, tras sufrir una crisis cardíaca como consecuencia de una carga policial que se registró en Hernani frente a un colegio electoral.”

Al año siguiente, en julio, se realizó el juicio por la muerte de Ángel Berrueta, en la Audiencia Provincial de Navarra, y se condenó a Valeriano de la Peña, como autor de un delito de asesinato por motivación ideológica” a 20 años de prisión, a su hijo, Miguel José, a 15 años de cárcel, y a María Pilar Rubio, su madre, a 10 años, por instigadora, contemplando en los tres casos el agravante de haber actuado por motivos ideológicos. Pese a la condena, Maria Pilar Rubio recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia y fue excarcelada en diciembre de 2005, y absuelta un año más tarde por el Tribunal Supremo, porque no consideraba probado que propiciase el asesinato.

Dos décadas después, el Gobierno de Navarra ha reconocido a Ángel Berrueta y a su familia como víctimas, en base a la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas por motivación política provocados por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha, días después de que también reconociera a cinco nuevas víctimas de violencia policial: Iker Moreno, Iker Aristu, Ohian Ataun, Garbiñe Urra y Mikeldi Diez. El Gobierno navarro ha hecho extensivo el reconocimiento a la familia de Ángel Berrueta, por las continuadas agresiones y amenazas que sufrieron tras su asesinato.

Su hija, Aitziber Berrueta, ha declarado que esto “es un punto y seguido porque seguiremos luchando por todas esas víctimas que siguen sin reconocerse.