El periódico madrileño también informaba de la “creciente tensión derivada de los sucesos” en Monforte de Lemos, algo que, de haber sido una muerte natural, tal como decía el ministro, el gobernador civil y el alcalde, no tendría mayor sentido
Por Angelo Nero
Un 13 de agosto de 1979, hace ahora 43 años, moría en la población gallega de Monforte de Lemos, Emilio Fernández Castro, otra de las ignoradas víctimas de la Transición Sangrienta. Nadie le rendirá homenaje, no le darán su nombre a una calle, ni pondrán una placa en el lugar donde perdió la vida, pero conviene no olvidar su caso, el de otro ciudadano anónimo, que fue víctima de la violencia policial en los primeros años de una democracia que mantenía intactas las estructuras del franquismo, los mismos jueces, el mismo ejército, la misma policía, incluso muchos de los políticos llamados a pilotar aquella transición modélica, empezando por el presidente del gobierno, y la mayoría de sus ministros, habían jurado lealtad a los principios del Movimiento Nacional (Suárez había sido su Secretario General).
El diario El País, que se convertiría en el periódico destinado a crear el relato de la Transición, bajo una pátina de izquierdas en la que muchos españoles creyeron (como creerían, décadas después que La Sexta es una televisión de izquierdas), contaba así la noticia el día 16 de agosto:
«Los sucesos de Monforte de Lemos han tenido un trágico desenlace con el fallecimiento de Emilio Fernández Castro, soltero, de 36 años, que falleció el domingo en el Hospital General de Galicia, en Santiago, después de resultar herido, al parecer, durante los enfrentamientos registrados en la madrugada del día 15 entre algunas docenas de jóvenes que asistían a una verbena de las fiestas patronales y la Policía Nacional. Varias personas resultaron heridas y diez policías contusionados en el transcurso de los hechos. Acerca de las causas inmediatas de su muerte existen versiones diferentes que coinciden en el único punto de que Emilio Fernández estuvo presente en el lugar de los incidentes. Según algunos testigos que ha podido consultar EL PAÍS en Monforte, fue golpeado por policías nacionales, a pesar de que no había tenido intervención significada en los enfrentamientos. Esta versión fue ratificada también por la madre de la víctima, quien aseguró que su cuerpo presentaba fuertes hematomas en la espalda y brazos y señales de algunos golpes en la cabeza.”
Pablo Pardo Yáñez, diputado por el PSOE en el Congreso, presentó el 27 de septiembre de ese año dos preguntas al Ministro del Interior, sobre los sucesos de Monforte de Lemos. En abril de ese año Antonio Ibáñez Freire había sustituido a Martín Villa en el puesto, y, como el, tenía también una trayectoria notable de servicio al régimen franquista, ya era teniente general del ejército, y había sido gobernador civil y jefe provincial de FET y de las JONS en Santander, Vizcaya y Barcelona, además de Director General de la guardia civil. Un demócrata de toda la vida, vamos.
En su respuesta, el ministro Ibáñez Freire, después de descargar cualquier responsabilidad de los hechos al Gobernador Civil -por lo tanto al gobierno que delegaba el mando de las fuerzas del orden en el-, daba su “versión de los hechos”:
“Con ocasión de las fiestas patronales, el Ayuntamiento tomó el acuerdo de que el baile que se organiza en la pista municipal, la entrada, al igual que en años anteriores, no fuera gratuita. El motivo alegado era la imposibilidad de rescindir los contratos formalizados con las orquestas y cantantes que debían actuar en las verbenas, por lo que consideró necesario el cobro de la entrada a dicha pista. A este acuerdo se opusieron los tres representantes del Bloque Nacional Popular Gallego, y uno del Grupo Independiente de Unidad Gallega.
El pasado 14 de agosto, un grupo de unas 200 personas, acudió a las inmediaciones de la pista de baile, adoptando actitudes hostiles respecto a las personas que pagaban la entrada y organizando una fiesta paralela. En determinado momento, las agresiones se fueron generalizando, incluso contra las Fuerzas de Orden Público, que, requeridas directamente de la Comisaría por el Alcalde, habían acudido a las inmediaciones de la pista en labor de vigilancia. Estas fuerzas fueron atacadas de palabra y obra por elementos del Bloque Nacional Popular Gallego, que les arrojaron botellas y piedras. Ante la agresión efectuada dichas fuerzas se vieron obligadas a intervenir. El resultado fue que 10 miembros de la Policía Nacional y otras dos personas más resultaron contusionadas, pero sin que en el primer momento el estado de ninguna de ellas revistiera gravedad.
Como consecuencia de los hechos referidos, fueron detenidas y puestas a disposici6n judicial siete personas que posteriormente fueron puestas en libertad bajo fianzas que oscilan entre las 20.000 y 100.000 pesetas.
Posteriormente, el estado de uno de los heridos, que padecía del corazón y del estómago y que exteriormente sólo presentaba un hematoma en la espalda, se agravó considerablemente, por lo que al margen de la investigación que se estaba realizando se ordenó recoger una información exhaustiva sobre el herido, que fallecería posteriormente. Los documentos que obran en el Gobierno Civil de Lugo ponen de manifiesto que esta persona continuó después de los incidentes participando en las fiestas y haciendo vida normal, llegando a su casa por su propio pie y sin acompañante alguno.
Al día siguiente se mandó un pelotón de refuerzo de la Comisaria de Lugo y de la provincia de Orense, sin que tuvieran que intervenir ya que las fiestas siguieron normalmente hasta el día 17 en que finalizaban. Hay que resaltar que la Alcaldía al día siguiente acordó que la entrada en la pista de baile fuera gratuita.”
Pese a que su madre “aseguró que su cuerpo presentaba fuertes hematomas en la espalda y brazos y señales de algunos golpes en la cabeza” y que varios testigos afirmaron que vieron como la policía golpeaba a Emilio Fernández Castro, el ministro del interior, después de incriminar a “elementos del Bloque Nacional Popular Gallego” en el altercado con la policía nacional, afirmaba que el fallecido siguió “participando en la fiesta y haciendo vida normal” hasta que se murió, claro. Versión que también ratificó el alcalde de la localidad, Celestino Torres. Pero volvamos a la versión que dio de los sucesos del 13 de agosto de 1979 al diario El País:
“El alcalde monfortino, Celestino Torres, informó también a este periódico que hay testigos de solvencia que afirman haber visto a Emilio dirigirse tranquilamente a su domicilio, después de que sucediera todo, sin señales aparentes de haber sufrido daño alguno, y que el mismo manifestó no haber recibido golpes. Según esta hipótesis, que defienden sobre todo medios cercanos a la UCD de la localidad, podría haber fallecido víctima de un ataque inesperado, derivado tal vez de la Válvula artificial que asistía a su corazón, el cual habría ocasionado la ruptura de un vaso sanguíneo en la cabeza.”
El periódico madrileño también informaba de la “creciente tensión derivada de los sucesos” en Monforte de Lemos, algo que, de haber sido una muerte natural, tal como decía el ministro, el gobernador civil y el alcalde, no tendría mayor sentido: “Un concejal del Bloque Nacional Popular Galego, el conocido escritor galleguista Manuel María Fernández Teixeiro, está siendo objeto de constantes amenazas anónimas, que le anuncian posibles atentados contra la librería Xistral, de la que es propietario en la localidad, contra él o su familia. Algunos sectores de la villa llegaron a pensar, según el director de la emisora local, Radio Monforte, en la recogida de firmas exigiendo la expulsión de Manuel María de Monforte de Lemos.”
De todos los responsables posibles de la muerte de Emilio Fernández Castro, entre los que, lógicamente, no mencionan a los policías que protagonizaron los sucesos, ni a sus mandos, ni a los responsables políticos que ordenaron la actuación policial, parece ser que el poeta Manuel María, concejal entonces por el BNPG, era el único al que señalaban los medios, desde El País a Radio Monforte, para que pagara por el crimen.
El ministerio del interior, en su respuesta al diputado socialista, también lo tenía claro: “Se estima, por tanto, que está fuera de lugar prejuzgar que hubo una actuación desafortunada de las Fuerzas de Seguridad, tal y como parece deducirse del texto de la pregunta formulada, al aludir a la responsabilidad del Gobernador Civil como máxima autoridad de dichas fuerzas. De otra parte, conviene resaltar que de las once personas lesionadas, nueve eran Policías Nacionales, con lo que parece claro que los alborotadores actuaron con gran agresividad, limitándose las referidas fuerzas a repeler la agresión y evitar mayores perturbaciones e incidentes.”
Aún así, las fuerzas políticas de la oposición en el consistorio de Monforte de Lemos, siguieron presionando para pedir responsabilidades y pedir la liberación de los detenidos en los enfrentamientos con la policía nacional, tal como continua la crónica de El País:
“Familiares de los detenidos, a raíz de los sucesos, y los concejales Manuel María Fernández (BNPG) y Antonio Arias (Unidade Galega), visitaron el Gobierno Civil de Lugo para informar directamente de los hechos, protestar contra la actuación de la fuerza pública, de la que hacen responsable al alcalde, y solicitar permiso oficial para que pueda celebrarse una manifestación de repulsa. (…) El Bloque ratifica su petición de que dimitan el alcalde y los dos primeros tenientes de alcalde, Acacio Saco (CD) y Rogelio Salgado (UCD). Los nacionalistas critican también a los cinco concejales del PSOE, acusándolos de mantener posiciones poco claras ante sucesos tan graves.”
El periódico de PRISA también informaba de la libertad bajo fianza de los cinco detenidos que durante tres días habían permanecido en los calabozos municipales: “Las fuerzas de la oposición presentes en el Ayuntamiento mostraron ya su sorpresa ante las cantidades fijadas por el juez, y se da el caso de que las de mayor cuantía, 100.000 pesetas para cada uno de dos procesados, corresponden a miembros de la Asamblea Nacional Popular Gallega. Existe además orden de detención contra otros dos militantes de esta agrupación política, que ha denunciado los sucesos como un acto de represión antidemocrática. (…) El concejal del Bloque, señor Fernández Teixeiro, manifestó que “es lógico que el alcalde de Monforte trate de eludir la responsabilidad, pero tenemos testigos que prueban que fue él quien ordenó a la policía que desalojase. Nosotros pedimos que en vez de siete días de fiesta, hubiera sólo cuatro, pero que fuesen gratuitas”.
La fiesta de la democracia seguía su curso, dibujando esa transición modélica que muchos nostálgicos siguen recordando, pero para Emilio Fernández Castro fue su última fiesta.
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