Bruselas busca institucionalizar algoritmos diseñados con los criterios de rentabilidad patronal e imponerlos por ley.
Por Joaquín Castro | 13/01/2026
La Unión Europea impulsa un salto cualitativo en la explotación laboral mediante la generalización de la gestión algorítmica en los centros de trabajo, tal como se recoge en el informe presentado en el pleno del Parlamento Europeo el pasado 17 de diciembre, enfocado en la digitalización, la inteligencia artificial y la administración algorítmica del empleo.
El documento promueve abiertamente la implantación universal de algoritmos como instrumento principal de la patronal para aumentar el grado de explotación de los trabajadores e incrementar al máximo la plusvalía. Bruselas exige que la llamada “gestión algorítmica” se convierta en norma obligatoria en toda la UE, abarcando todos los sectores y empresas, delegando en sistemas de software decisiones clave que tienen que ver con las contrataciones, los horarios, los turnos, la vigilancia constante de los empleados, así como el cálculo de salarios e incluso los despidos.
Con el horizonte fijado en 2030 —fecha simbólica para reforzar la competitividad europea y su preparación bélica—, el informe subraya la integración masiva de la inteligencia artificial precisamente para acelerar la intensificación de la explotación.
El “capataz digital” —la gestión algorítmica— habilita una vigilancia digital total: registro de cada clic del ratón, pulsaciones en el teclado, expresiones faciales captadas por cámaras, etc. Los candidatos a un empleo serán filtrados mediante escaneos digitales automatizados, y los trabajadores serán despedidos automáticamente cuando su “puntuación” algorítmica caiga por debajo del umbral fijado por la empresa.
El látigo patronal se materializa ahora en mensajes automáticos que reprenden retrasos o bajadas de ritmo, control del tiempo de descanso, uso extensivo de GPS para rastrear a conductores y sensores que miden al segundo la duración de cada tarea.
Esta gestión algorítmica representa un avance brutal en las herramientas de arbitrariedad empresarial. Permite elevar la presión y la intensidad laboral bajo la mirada permanente del “Gran Hermano” tecnológico, mientras reviste de supuesta “cientificidad” el trabajo precario: destroza el horario fijo, legaliza la máxima flexibilidad, extiende las jornadas de trabajo y allana el camino a aberraciones como la jornada de 13 horas que ya se impuso en Grecia.
Se trata, en definitiva, de institucionalizar algoritmos diseñados con los criterios de rentabilidad patronal e imponerlos por ley. No es algo completamente nuevo: responde a las exigencias de los informes Draghi y Letta, que priorizan las “competencias digitales” y la adopción de nuevas tecnologías en el trabajo.
De hecho, estas prácticas ya se aplican ampliamente, sobre todo en plataformas digitales y repartidores. El cinismo llega al extremo de que el propio informe clasifica a estos trabajadores como “autónomos” para eximir a las empresas de pagar cotizaciones, pagas extras, vacaciones, etc.
Para maquillar este proyecto al servicio de los grandes grupos empresariales, el texto recurre a argumentos falaces: afirma que los algoritmos aumentan la productividad… ¡para reducir la jornada laboral! Una broma de mal gusto, pues la experiencia demuestra que, bajo el capitalismo, toda innovación tecnológica se orienta a maximizar beneficios a costa de los trabajadores: más trabajo en menos tiempo, intensificación al límite y nueva oleada de accidentes laborales.
Como “salvaguardas” se mencionan la transparencia, la protección de datos y los derechos laborales. Sin embargo, estas supuestas garantías son meras cortinas de humo: el objetivo real sigue siendo abaratar el coste laboral y maximizar ganancias mediante decisiones automatizadas.
Ni el trabajador puede controlar realmente el algoritmo, ni la “supervisión humana” recomendada cambia su naturaleza: el “control humano” se alinea completamente con los intereses de rentabilidad del capital. La “transparencia” es ilusoria, ya que los algoritmos incorporan y refuerzan los parámetros de explotación fijados por la patronal. La “consulta” propuesta no otorga ningún poder real a los sindicatos ni permite cuestionar colectivamente las decisiones algorítmicas.
La gestión algorítmica no es neutral ni objetiva: es el látigo digital más sofisticado que el capital ha creado hasta ahora para intensificar la explotación y disciplinar a la clase trabajadora en toda Europa.
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