En Andalucía, la privatización de la sanidad no es un error, es una estrategia política consciente al servicio del capital y en contra del pueblo. Hablar de sanidad en Andalucía es hablar de colonialismo político.
Por Isi Barrera | 14/05/2026
Desde Nación Andaluza, en estas elecciones andaluzas volvemos a denunciar que las mujeres de nuestro pueblo seguimos sufriendo una triple opresión como mujeres, como obreras y como andaluzas: las mujeres andaluzas están sobrerrepresentadas entre los colectivos de mayor vulnerabilidad económica y las personas desempleadas, sus salarios son más de un 25% más bajos que los de los hombres, la mayoría con trabajo remunerado lo hacen en el sector servicios y, en el caso de la mayoría de limpiadoras del hogar, no están aseguradas o, si lo están, son mal pagadas. Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que el 84% de las familias monoparentales las encabezan mujeres. Cabe destacar la creciente precariedad laboral que sufren amplios sectores feminizados del mercado de trabajo, donde la temporalidad, los contratos parciales involuntarios y la inestabilidad laboral se han convertido en norma. A esta realidad se suma también la crisis de la vivienda que golpea con especial dureza a las mujeres trabajadoras. Los alquileres abusivos, los desahucios y la dificultad de acceder a una vivienda digna obligan a miles de mujeres andaluzas, especialmente jóvenes y madres solas, a destinar gran parte de sus salarios a pagar un techo o a retrasar indefinidamente su emancipación, perpetuando así situaciones de dependencia económica y vulnerabilidad social.
A eso hay que sumarle la clara inacción del Gobierno que preside Moreno Bonilla ante esta situación, cuyas consecuencias sufren las mujeres andaluzas, sobre todo en los sectores tradicionalmente feminizados: sanidad, servicios sociales, limpieza, telemarketing, cuidados de personas dependientes, comercio, jornaleras, conserveras, etc.
En el ámbito de la salud, las mujeres andaluzas somos las primeras en sufrir unas privatizaciones que impactan en su salud y las de toda la población, siendo las andaluzas las que asumen las cuidados de la familia. Un ejemplo ha sido el reciente escándalo de las mamografías, cuando más de 2.000 mujeres sufrieron retrasos significativos o falta de notificación en los resultados de sus mamografías de detección precoz del cáncer de mama, denunciado por la Asociación de mujeres con Cáncer de Mama, Amama.
Andalucía, un país con más de 8 millones de habitantes, presume de tener un sistema de salud pública universal; sin embargo, para miles de mujeres que conviven con enfermedades autoinmunes y crónicas, que no sólo atacan su cuerpo, sino también su estabilidad laboral, emocional y económica, la realidad es alarmante.
La privatización convierte la salud reproductiva en un mercado: Listas de espera interminables en ginecología, cierre de servicios públicos de planificación familiar, falta de matronas, cesáreas innecesarias, partos deshumanizados, abortos dificultados, anticoncepción limitada, derivaciones a clínicas privadas donde manda el beneficio.
Nuestros cuerpos dejan de ser nuestros y pasan a ser terreno de explotación. La salud sexual y reproductiva se convierte en un privilegio para quien pueda pagar una consulta privada. No es mala gestión: es control patriarcal y de clase. En un pueblo empobrecido como el andaluz, quien no puede pagar, obedece.
La mayoría de estas mujeres están en edad laboral activa. Muchas son cuidadoras principales en sus hogares. Cuando enferman, el sistema no sólo falla a una paciente: falla a toda una red familiar, porque cuando el sistema sanitario no escucha, no diagnóstica a tiempo y no acompaña, no es solo una crisis médica. Es una crisis de derechos.
Los datos disponibles muestran que en Andalucía las mujeres viven en promedio 5,4 años más que los hombres, pero con peor salud durante gran parte de esos años. Andalucía necesita políticas que reconozcan la brecha de sexo en salud, que refuercen la atención primaria, aumenten profesionales especializados y garanticen el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento. Sin estas medidas, muchas mujeres seguirán viviendo más años, pero con peor salud, pagando un precio que la sociedad no puede ni debe seguir ignorando.
La invalidez y discapacidad en mujeres trabajadoras que conviven con dolor crónico son tratados con indiferencia institucional, un reflejo de una salud pública que no reconoce plenamente el impacto de estas patologías en la vida laboral, familiar o social.
En Andalucía, la privatización de la sanidad no es un error, es una estrategia política consciente al servicio del capital y en contra del pueblo. Hablar de sanidad en Andalucía es hablar de colonialismo político. Y hablar de sanidad para las mujeres es denunciar una violencia estructural ejercida desde las instituciones.
Durante décadas, el PSOE gobernó Andalucía normalizando la precariedad, vendiendo el discurso del “estado de bienestar” mientras la sanidad se convertía en un cortijo clientelar, sin medios ni personal suficiente. Cuando el PP llega al poder, lejos de revertir nada, acelera las privatizaciones, deriva pacientes a la privada, precariza aún más a las trabajadoras sanitarias y desmantela la atención primaria.
Cambian las siglas, no el modelo, son socios en la ruina de la sanidad pública andaluza.
Las jóvenes andaluzas son mayoría en las Universidades, pero también en las listas del paro y del exilio forzoso, ya que en su propio país no tienen expectativas de futuro y sólo pueden aspirar a trabajos cada vez más precarizados.
Frente a esta situación, las mujeres trabajadoras andaluzas debemos reforzar nuestra organización y nuestra lucha en los centros de trabajo, en los barrios y en los espacios de estudio. Sólo mediante la autoorganización de la clase trabajadora y la unidad del Pueblo Trabajador Andaluz podremos hacer frente a las injusticias que sufrimos y avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa e igualitaria.
Reivindicamos los derechos de todas las mujeres que vivimos y trabajamos en Andalucía, nacieran donde nacieran, pues nuestro país también es el de todas nuestras hermanas de clase que, año tras año, vienen a trabajar bajo los plásticos recalentados. Ese es su “techo de cristal”, y también el nuestro: el techo de plástico de invernadero o de uralita de una fábrica, el techo que la mujer proletaria revolucionaria aspira a derribar.
En estos tiempos en que la socialdemocracia saca su cara más belicista y está decidida a meternos en una guerra capitalista sin sentido, tenemos que denunciar la situación que tiene nuestro país de plataforma de guerra, que convierte al Pueblo Trabajador Andaluz en cómplice de estas guerras, que causa millones de desplazadas y refugiadas, utilizándonos a las mujeres y niñas como arma de represión y moneda de cambio.
Basta ya de guerras y de genocidio en Palestina, donde mujeres, niñas y niños son el objetivo de la limpieza étnica; en Irán, donde los recientes bombardeos criminales de EEUU e Israel han segado la vida de 165 niñas en una escuela; en Siria, donde miles de mujeres se han convertido en víctimas del terrorismo blanqueado por Occidente como “nuevo sistema democrático”, y África, donde mujeres, niños y niñas siguen siendo perseguidas y asesinadas con la complicidad de las burguesías de sus antiguas potencias colonial.
Porque la lucha por la igualdad de la mujer proletaria, la lucha por el socialismo y la lucha por la libertad de los pueblos oprimidos es el principio básico para romper nuestras cadenas.
Isi Barrera (Huelva, Andalucía, 1976) es la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Nación Andaluza.
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