44 años después de la proclamación de la Constitución, podemos constatar que ha sido incapaz de ofrecer una solución a los graves problemas que existen en España.
Por Víctor Arrogante
Quiero recordar una vez más aquel acontecimiento ocurrido hace ahora cuarenta y cinco años, cuando en París, José Maldonado, presidente de la República y Fernando Valera, presidente del Consejo de Ministros, declaraban solemnemente el fin de la República Española. Las Instituciones de la República en el exilio pusieron término a la misión histórica que se habían impuesto. Se sentían satisfechos porque tenían la convicción de haber cumplido con su deber. Se habían conocido los resultados de las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977.
El principio del fin venía de lejos; pero fue con el inicio de la Transición, tras la muerte de Franco, quien le había dado el primer tiro, cuando la República en el exilio se vio afectada definitivamente. A primeros de marzo de 1977, antes de la celebración de las primeras elecciones en libertad, el embajador de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, comunicaba al Gobierno de la República la decisión de su Gobierno de dar por terminadas las relaciones diplomáticas que venía manteniendo.
La Segunda República Española en el exilio, mantuvo la representación del Estado español emanado de la Constitución de 1931 hasta 1977. La negativa de la ONU en 1946 al ingreso de la España franquista, no había generado el reconocimiento del gobierno republicano en el exilio como autoridad legítima y representante de España. México fue el primer Estado en reconocer como legítimo al gobierno en exilio formado en agosto de 1945. Tal decisión se mantuvo hasta 1977, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre México y España.
Los países de Europa Oriental, bajo influencia soviética (Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Yugoslavia), rehusaron establecer relaciones diplomáticas con la España franquista y reconocieron a la República al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pese a ello, la Unión Soviética, nunca emitió un reconocimiento oficial. Cuando el PCE se apartó del gobierno republicano, los países de Europa Oriental retiraron su reconocimiento a la República, alegando que la ONU tampoco la reconocía.
Dice la declaración que ponía fin a la República: Las Cortes de la República Española restablecieron su funcionamiento en el exilio con el asentimiento de los grupos políticos que las componían, cuyos miembros habían logrado salir del territorio nacional huyendo de la cruenta represión de la dictadura. Argumentaba que tal decisión se había adoptó al amparo de preceptos constitucionales votados y ratificados por los españoles en sucesivas y ejemplares consultas electorales en 1931, 1933 y 1936. Ese era el legítimo origen de los gobiernos de la República que se han venido sucediendo desde entonces, con el esencial designio de devolverle al pueblo el libre ejercicio de los derechos cívicos, propiciando así el establecimiento de un régimen auténtico de convivencia.
Consecuentes con ese propósito declarado, las Instituciones de la República habían realizado una acción sin interrupción hasta que surgió una nueva legalidad democrática, que llegó con los resultados de las elecciones generales del 15 de junio, que aceptaron. Para los representantes de la Segunda República la numerosa participación electoral, claro exponente del elevado civismo de nuestros compatriotas, unido a aquella el general consenso con el que se acepta en el país el resultado de la confrontación, nos mueven, a pesar de sus anomalías, a aceptar ese resultado.
Por primera vez desde los tiempos de la Segunda República, tras cuarenta años de dictadura, se celebraron elecciones generales, para dar paso a unas Cortes, que sin ser constituyentes de hecho lo fueron. Un 78,83% de quienes formábamos el censo electoral acudimos a las urnas con una ilusión contenida, ante el futuro que se presentaba. Hoy, no todas las expectativas se han cumplido. Seguimos buscando la consolidación de la democracia que tanto nos costó conseguir y una mayor calidad en la participación política y social. Para ello, la Constitución de 1978 debe cambiarse, por otra que se adapte a las nuevas realidades.
Las Instituciones de la República en el exilio dieron por terminada la misión histórica que se habían impuesto, sintiéndose satisfechos, porque tenían la convicción de haber cumplido con su deber. A la República la habían asesinado lentamente entre 1936 y 1939, pero los ideales republicanos siguen vivos. 44 años después de la proclamación de la Constitución, podemos constatar que ha sido incapaz de ofrecer una solución a los graves problemas que existen en España. Deterioro de derechos como educación pública y sanidad universal, mordaza a las libertades, corrupción generalizada, desconfianza ciudadana en las instituciones, desigualdad de género y violencia machista.
Adolfo Suárez, no convocó un referéndum sobre Monarquía o República por miedo a que perdiera la monarquía, como vaticinaban los sondeos realizados por el Gobierno. Hacía encuestas y perdíamos, decía. Suárez reconoció las presiones internacionales que recibió para realizar un referéndum sobre la Corona. Pero se le ocurrió colar la palabra Rey en la Ley para la Reforma Política y así dije que había sido sometido a referéndum ya, declaró. Posteriormente, en la Constitución, se volvió a maquillar, con la fórmula de declarar a Juan Carlos de Borbón legítimo heredero de la dinastía histórica.
Claro que España ha cambiado en este tiempo. Incluso A España no la conoce ni la madre que la parió, que dijera Alfonso Guerra. Mucho ha ocurrido y no todo como hubiéramos deseado que fuera. Es momento de avanzar en un nuevo modelo político y social, en el que el Estado Republicano con una nueva Constitución garantice que la economía esté al servicio todas las personas y no al servicio de la economía de unos pocos. La ciudadanía tiene que reaccionar, como también los partidos políticos y unirse en torno a una ruta común, que nos lleve a una nueva alternativa hacia la izquierda.
El último capítulo de la historia de la República española en 1977, fue doloroso para quienes tanto habían luchado por ella, aunque se cerró con dignidad y honor. Se disolvió la Segunda República, pero no los republicanos ni su ideario, que seguimos defendiendo la proclamación de la Tercera.
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