El convenio internacional podría quedarse en promesa ilusoria si no atendemos a otras carencias
Por Andrea Amantegui Guezala
La ratificación del Convenio 189 en el pleno del Congreso el pasado día 9 de junio supone sin lugar a dudas un paso hacia la dignificación de las empleadas del hogar, pero solo el primero. Aprobado en 2011 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el convenio sobre trabajadoras domésticas asegura unas condiciones de trabajo decentes y equitativas. El hemiciclo presenció 341 votos a favor y una abstención que no pillaron por sorpresa al Parlamento, donde las posturas ya eran favorables a la adscripción, aunque hasta ahora nunca con intención o efecto legislativo.
El convenio internacional, que tras su ratificación queda en compromiso de legislatura y deberá pasar por el Senado – sin olvidar que una ley sin presupuesto no será efectiva – aspira a un futuro de cuidados sólido. En España protegerá a cerca de 600.000 trabajadoras, de las cuales 70.000 se encuentran en situación administrativa irregular y 40.000 son empleadas internas, lo que es una anomalía laboral que solo ocurre en un sector feminizado como el del hogar.
Las trabajadoras domésticas, enmarcadas en un régimen especial de la Seguridad Social, no tienen acceso a las prestaciones por desempleo, lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró en febrero contrario al derecho europeo y discriminatorio. El convenio recoge, entre otras cuestiones, la libertad de asociación sindical, la prioridad de los contratos escritos – las condiciones deberán acordarse e informarse previo contrato – la protección ante prácticas abusivas y el acceso efectivo a tribunales en caso de problema mayor.
Entre las anomalías a erradicar, se encuentran la esclavitud – que no será efectiva hasta la abolición del régimen de internas – el empleo infantil, el trabajo forzoso y la figura de desistimiento, por la cual el empleador puede despedir a la trabajadora sin causa justificada. La Ley 1620/2011, que precisa modificación, protege la extinción de contrato por desistimiento, excluye el trabajo doméstico de las normas en materia de seguridad y salud laboral y favorece jornadas que alcanzan las 60 horas, superando las 40 estipuladas como jornada máxima legal.
Para hacer efectivo el cumplimiento de la legislación, las empleadas domésticas tendrán derecho a realizar quejas formales y se fomentarán las inspecciones de trabajo en el ámbito del hogar como mecanismo de control. España incumple, entre otras normativas internacionales, el C111 de la OIT – uno de los ocho convenios fundamentales de trabajo, en vigor desde 1960 – que exige la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
La extrema precariedad que sufre este colectivo requiere de mecanismos que hagan efectiva la ampliación de sus derechos laborales. El del hogar es el sector con más trabajadoras en situación administrativa irregular, son cerca de 70.000 las que buscan regularizar su situación mediante la figura del “arraigo social”, que exige la obtención de un contrato de trabajo, lo que inevitablemente las condena a aceptar condiciones infrahumanas. Tal y como recoge el informe Esenciales y sin derechos, de Oxfam Intermón, el sistema de cuidados lo inunda todo y hace que la rueda económica siga girando.
El patriarcado de consentimiento es silencioso
No podemos obviar que, frente a la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, jamás vimos una incorporación real y efectiva de los hombres al trabajo doméstico, lo que reproduce desigualdades que, sin hacer mucho ruido, también lo inundan todo. El informe propone el desarrollo del “Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para que permita una mejora significativa de la estructura ocupacional de las mujeres en España”. Otra de las propuestas que recoge la organización es la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Extranjería “que establezca vías legales de migración laboral para sectores con alta demanda de trabajadoras extranjeras”. Es decir, modificar una legislación que expone a las mujeres migradas a la clandestinidad y al estigma, convirtiéndolas en la otredad.
Hoy hemos vencido. Las #TrabajadorasHogaryCuidados hemos hecho historia. A partir de ahora ni esclavas ni sumisas, trabajadoras con plenos derechos.#Convenio189 queda ratificado pic.twitter.com/VFM2DkBI7b
— TerritorioDomestico (@Territoriodome1) June 9, 2022
La Asamblea Feminista por un Empleo de Hogar con Derechos, que celebraba la ratificación a las puertas del Congreso, ha elaborado un documento con once peticiones que incluye la eliminación de la figura de desistimiento, el apoyo a familias con rentas bajas, la Regularización Extraordinaria de las personas migrantes y la incorporación en el Régimen General de la Seguridad Social. Desde el Ministerio de Trabajo han favorecido el encuentro y la participación de colectivos de empleadas domésticas y asociaciones feministas.
No pueden quedar atrás cuestiones como el reconocimiento de enfermedades profesionales o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo artículo 3.4 excluye de su ámbito de aplicación a las trabajadoras del hogar. Se trata de una cuestión de dignidad y reparación hacia un colectivo cuyos derechos laborales y humanos han sido vulnerados por un marco jurídico que no les ha otorgado el espacio que merecen. Tareas infravaloradas que sostienen la vida, que permiten que la ciudadanía pueda asistir diariamente a sus puestos de trabajo o lo que es lo mismo, pueda ganarse la vida mientras otras la pierden.
PARA ENLAZAR EN EL INFORME DE INTERMON (en ‘Esenciales y sin derechos’)
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