La protección de menores: Beneficencia, Justicia Social o Negocio

Por Francisco Cárdenas
Presidente de APRODEME, Asociación para la Defensa del Menor


Para entender las bases que soportan nuestro sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia conviene recordar de dónde proviene. La Ley vigente en nuestro país durante la mayor parte del siglo XX era de 1948. Los menores infractores de la ley penal y los menores desamparados eran recogidos por el llamado Tribunal Tutelar de Menores, e ingresados ​​en centros (reformatorios) hasta su mayoría de edad.

Existía un sentimiento social de que algo se tenía que hacer por estos menores, y así se les recluía en un centro hasta la mayoría de edad donde recibirían una formación adecuada. Con frecuencia eran instituciones religiosas las que asumían este papel. Aspectos tan importantes como la adopción de menores no estaban regulados y en todo este proceso no intervenían jueces, fiscales ni por supuesto abogados. Una idea muy próxima a la “caridad”, a la beneficencia que obligaba a la sociedad de entonces a hacer algo por esos menores, sin distinción de si eran delincuentes, abandonados o con dificultades de cualquier tipo en sus familias. Por supuesto, se proyectaba en todos ellos una determinada escala de valores, un modelo que imponía cómo tenían que ser las cosas y que se sentía, así, poseedor de la verdad.

Hubo que esperar a la Constitución Española de 1978, que estableció que nadie puede ser privado de libertad sin un procedimiento previo, y por tanto, también los menores pasaron a ser iguales que los adultos ante la ley. Aún así la norma de 1948 siguió vigente hasta que una sentencia del Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Desde entonces los menores infractores deben tener un proceso penal con garantías, ante un juez de la jurisdicción penal, con un abogado y un fiscal. El resto de menores no podían seguir este camino. Se empezó a configurar, así, el Sistema de protección de la infancia y la adolescencia actual que recayó en los diferentes departamentos de la administración pública, pero no en el ámbito judicial como sí ocurrió con los menores infractores.

El cambio fue organizativo, asumiendo el Estado buena parte de las responsabilidad, aunque rápidamente las traspasó a la iniciativa privada.

Pero no hubo un cambio en el modelo, de manera que demasiados afectados en la actualidad denuncian que, en el fondo, se sigue actuando con los mismos principios que posibilitaban en el pasado el “robo de bebés”. Salvando todas las distancias, el fondo del Sistema no cambió y sigue aplicando unas reglas de juego en las que no hay ningún control, el derecho efectivo de defensa no está garantizado y la posibilidad de arbitrariedad en la toma de decisiones está servida. Es frecuente la queja (bien real) de que los menores están encerrados en Centros por decisión de unos técnicos de la administración, no por un juez.

El sistema administrativo de protección, si bien con la ley en la mano puede ser correcto en muchos aspectos (siempre el objetivo es la protección del menor y su interés) ha derivado en una administración omnipotente, invasiva de la intimidad y sin garantías constitucionales.

Si nuestro sistema pivotara más sobre un principio de justicia social no sería necesario, por ejemplo, que la ONU en su último informe recomiende a España que sea un juez el que tome la decisión de separar a un menor de su familia, y no un técnico como ahora. O el eje del sistema sería la prevención. Ahora, los técnicos se limitan a aplicar protocolos para que nadie pueda pedirles responsabilidades. Protocolos inflexibles que muchas veces acaban causando más dolor del que quieren evitar. Eso, no es justicia social.

Un ejemplo ilustrativo. Un día de junio, una madre angustiada se dirige a la Asociación porque su hijo lleva meses en un centro mientras los técnicos estudian la situación. Se queja de que cada vez que hace lo que los técnicos le piden en su plan de trabajo, nunca es suficiente y aparecen nuevas exigencia, entre otras que vaya a tratamiento psicológico. Ella accede, claro, y mientras habla conmigo le llaman del servicio de psicología para darle hora… en diciembre, al cabo de 6 meses!!! Sin duda, se estaban siguiendo los protocolos establecidos.

Lo que ocurre en la Protección de Menores no ocurre en otros ámbitos como la educación o la sanidad. Siempre pediremos más recursos, siempre habrá quejas que quieran mejorar el sistema. Pero no existe la conciencia de que “ir a un hospital es malo”, o “ir a un colegio es peligroso”. Sí ocurre en cambio a diario en el ámbito de menores, y así lo demuestra una rápida búsqueda en internet en la infinidad de foros al respecto, o las llamadas preocupadas que continuamente recibimos en la Asociación, alarmadas porque les han dicho que “ojo si vas a pedir ayuda, saldrás sin la ayuda y sin tus hijos”.

Pero es que además, el Sistema está fuertemente privatizado. La Administración ha hecho dejación de sus funciones como denuncian sindicatos y muchos colectivos. Y el primer objetivo de cualquier empresa, por muy social que sea, siempre será ganar dinero. Además, existen serias sospechas sobre la gestión de estos fondos que se traspasan al sector privado. Por ejemplo, sólo en Cataluña de un total de 457 millones de euros en contratos con entidades del Tercer Sector, 370 fueron adjudicados sin publicidad ni concurrencia pública. El grupo más potente, en términos económicos, es “Plataforma Educativa”, vinculada a un exdirector general de infancia que tuvo que dimitir por ello, con adjudicaciones de más de 120 millones de euros, de los que más de 100 fueron sin publicidad. O el segundo grupo, las Fundaciones Idea-Eveho, que con unos 70 millones de euros en contratos, más de 60 fueron sin publicidad. Y así podríamos seguir (la fuente es un trabajo de investigación de El Critic, elaborado con datos del Portal de Transparencia del que hemos podido contrastar  buena parte de la información)

En azul, el importe total de contratos con los entramados que se señalan. En naranja, la parte que ha sido adjudicada sin publicidad, es decir, a dedo.

Una organización compleja y poco transparente. El siguiente esquema muestra algo frecuente: un entramado de centros, fundaciones, entidades de todo tipo… controlado por muy pocas personas.

Fundaciones, centros de menores, entidades varias, incluso empresas privadas… conforman un conglomerado controlado por muy pocas personas. El esquema corresponde a la Fundación Main-Idea-Eveho, y está elaborado a partir de diversas informaciones públicas.

En definitiva, ¿beneficencia, justicia social o negocio? Quizá ocurra como en los buenos platos de cocina, los ingredientes son todos importantes pero en sus justas proporciones. Si nos pasamos con uno, el plato se arruina.

Que hay que reformar nuestro sistema de protección de menores es algo en lo que hay un amplio consenso, también aparentemente en la propia Administración. Sobre el alcance de esta reforma (meros ajustes o cambios en profundidad) ya no hay tanto consenso, pero seguiremos exigiendo un sistema que ayude a las familias, que esté sometida a control judicial y que sea transparente en su gestión. Todavía estamos muy lejos de que sea así.


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One thought on “La protección de menores: Beneficencia, Justicia Social o Negocio

  • 30/09/2019 at 12:23 am
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    Mis Niñas jamás estuvieron desamparadas al contrario y jamás faltaban al colegio y tengo a favor Todo mi pueblo y lo estoi pasando ke no lo deseo a nadie dios mío ayudarme por favor mis dos niñas pekeñas de 5 y de 10 y llorando sin tener ke estarlo ya está bien BASTA YAAAAAA

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