El uso de empresas de seguridad privadas, muchas de las cuales tienen vínculos con veteranos de guerra estadounidenses e israelíes, plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética de estas operaciones.
Por Redacción NR | 28/05/2025
El régimen de ocupación israelí, con el respaldo de Estados Unidos, ha excluido a las Naciones Unidas (ONU) y a sus agencias, como la UNRWA, del proceso de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. En su lugar, ha delegado esta tarea crítica a empresas de seguridad privadas y fundaciones opacas, muchas de ellas gestionadas por veteranos de guerra, en una maniobra que no solo privatiza un servicio esencial, sino que también busca el lucro con el sufrimiento del pueblo palestino en medio de un genocidio en toda regla. Esta decisión ha desatado una ola de indignación en la opinión pública internacional, que denuncia la instrumentalización de la ayuda humanitaria como una herramienta de control político y económico.
Desde el 2 de marzo de 2025, el régimen de Israel impuso un bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, cortando el suministro de alimentos, agua, medicamentos y combustible a una población de más de 2,1 millones de personas. Este bloqueo, que ha durado más de tres meses, ha exacerbado una crisis humanitaria ya devastadora, con medio millón de personas enfrentándose a la hambruna. La ONU ha advertido que 14.000 bebés están en riesgo de morir en un plazo de 48 horas si no se permite la entrada de más ayuda, y la población enfrenta niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, desplazamiento forzado y destrucción de infraestructura esencial.
En medio de esta catástrofe, Israel anunció en este mes de mayo que transferiría la responsabilidad de la distribución de ayuda a un grupo de organizaciones privadas, lideradas por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una entidad registrada en Delaware, Estados Unidos, y Suiza, cuya financiación y operaciones permanecen rodeadas de secretismo. Este plan, respaldado por Estados Unidos, ha sido rechazado de manera unánime por organizaciones humanitarias internacionales y la ONU, que lo consideran una violación de los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia.
La GHF, según informes, está compuesta por exmilitares y exmiembros de la CIA, lo que ha llevado a críticas de que la distribución de ayuda se ha militarizado y privatizado. Su plan consiste en distribuir cajas de alimentos y artículos básicos de higiene, de hasta 20 kg, en cuatro puntos de distribución ubicados principalmente en el sur de Gaza, accesibles solo para palestinos que hayan pasado estrictos controles de seguridad. Este sistema excluye a personas con problemas de movilidad, como ancianos, heridos o discapacitados.
Además, se han reportado incidentes graves desde el inicio de las operaciones de la GHF. El primer día de distribución de ayuda privada en Gaza, operada por empresas de seguridad estadounidenses como UG Solutions, propiedad de un ex boina verde, estuvo marcado por el caos y la violencia. Se acusa a estas empresas de disparar contra civiles hambrientos que intentaban acceder a la ayuda, lo que ha intensificado las críticas sobre la privatización de un servicio que debería ser gestionado por organizaciones internacionales.
La decisión de excluir a la ONU y a la UNRWA, que históricamente han coordinado la distribución de ayuda en Gaza, ha sido vista como un intento deliberado de Israel y Estados Unidos de debilitar el sistema multilateral y consolidar el control sobre la población palestina. La UNRWA, con 13.000 empleados en Gaza, ha sido fundamental para proporcionar alimentos, refugio y atención médica a los desplazados, pero sus operaciones han sido severamente limitadas por el bloqueo y los ataques a sus instalaciones, que han asesinado a 12 empleados y han dañado hasta 20 instalaciones.
Tom Fletcher, coordinador de ayuda de la ONU, calificó el plan de la GHF como un “encubrimiento para mayor violencia y desplazamiento”, argumentando que privatizar la ayuda humanitaria no solo viola los principios humanitarios, sino que también podría facilitar el desplazamiento forzado de palestinos, considerado un crimen de guerra bajo el derecho internacional.
La privatización de la ayuda humanitaria en Gaza ha sido denunciada como un intento de lucrar con el sufrimiento palestino. La GHF, al operar bajo la supervisión del ejército israelí y con el respaldo de empresas de seguridad privadas, no solo mercantiliza la ayuda, sino que también refuerza el control de Israel sobre Gaza, perpetuando un sistema de ocupación y apartheid que ha sido condenado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y múltiples relatores de la ONU.
El uso de empresas de seguridad privadas, muchas de las cuales tienen vínculos con veteranos de guerra estadounidenses e israelíes, plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética de estas operaciones. La falta de información sobre los financiadores de la GHF y el historial de sus operadores sugiere que estas entidades podrían estar más interesadas en el lucro y el control político que en aliviar el sufrimiento de los gazatíes.
La decisión de privatizar la ayuda humanitaria ha provocado una fuerte reacción de la comunidad internacional, que está exigiendo un alto el fuego inmediato, el levantamiento del bloqueo y la restauración del acceso sin restricciones para las agencias humanitarias de la ONU.
En las redes sociales, la indignación es palpable. Usuarios de X han denunciado que la GHF y las empresas de seguridad privadas están convirtiendo la ayuda humanitaria en un negocio macabro, con acusaciones de que estas entidades disparan contra civiles y operan como mercenarios en un contexto de genocidio.
La privatización de la ayuda humanitaria en Gaza no es solo una afrenta a los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir la asistencia en crisis, sino también una maniobra perversa que permite a Israel y sus aliados consolidar el control sobre una población asediada mientras empresas privadas se benefician del sufrimiento. La exclusión de la ONU y el uso de fundaciones y empresas de seguridad privadas representan un peligroso precedente que amenaza con normalizar la mercantilización de la ayuda en contextos de conflicto.
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