La precariedad tras la subcontratación: los empleados del sector cultural sufren los efectos de un modelo que cercena sus derechos

 

Por David Arevalo

Como si se tratase de una manta que descubre repentinamente lo que oculta, el período pandémico ha mostrado las penurias de la producción de la economía española. A pesar de que los desastrosos efectos de esa paralización deberían ser suficientes para plantearse un cambio de modelo, parece claro que el gobierno no se plantea un giro de timón parcial o total. La decisión de evitar cualquier intento de introducir modificaciones en los métodos de producción económica en España dejará en el olvido que vendrá la forma en la que vimos nuestras ciudades durante los meses en los que la Covid-19 campó a sus anchas por nuestras calles.

Al igual que un parque temático un día de tormenta, en las megalópolis sólo sobrevive hoy el escaparate de una fiesta cuyo principal motor es el turismo. Quienes estén dispuestos al difícil ejercicio de observar su entorno con honestidad comprobarán que las ciudades ya no son de los ciudadanos que residen en ellas. También lo muestran los datos. Durante el año 2020, el número de visitantes de museos de Barcelona descendió en un 90%. Parece que sin turismo no hay necesidad cultural entre los pobladores habituales.

Pero es que las empresas que gestionan estos centros parecen no tener la intención de acercarse a los vecinos. Porque a lo largo de 2020 se han vivido despidos masivos ejecutados por las empresas subcontratadas gestionan monumentos como la Sagrada Familia con pingües beneficios durante años. Por lo tanto, la que debería ser la máxima expresión cultural de una ciudad, de un territorio y de una confluencia de poblaciones con distintos orígenes, como son los museos y otros espacios culturales, no tienen el afecto de los residentes de su ciudad y, ni tan siquiera, son capaces de tratar con dignidad a quienes hacen posible que estos lugares se mantengan abiertos.

Este repaso por la realidad museística de la ciudad de Barcelona podría extrapolarse a cualquier otra ciudad del país. De hecho, las cifras de visitantes a los espacios museísticos de Madrid, Málaga o Sevilla también presentan un importante descenso. Sin embargo, Barcelona tiene una condición diferente. Se trata de una ciudad cuyo modelo de negocio ha abrazado el turismo masivo con fuerza y se ha derretido ante el aparente éxito financiero que ha sido real únicamente en los bolsillos de algunos. En los últimos años se han producido varios debates en la opinión pública de la ciudad sobre los equilibrios entre el turismo y la convivencia de los vecinos. Uno de los más vivos y paradigmáticos fue el que se produjo por la cesión de la capilla de la Misericordia, ubicada en el barrio de El Raval, por parte del ayuntamiento de Barcelona al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

Esa entrega soliviantó la movilización popular porque los vecinos pedían el traslado de un centro de salud a esas mismas instalaciones, las cuales parecían idóneas para la atención sanitaria. Definitivamente, el consistorio dio luz verde a la opción de los vecinos. Este suceso contiene en su interior muchas cuestiones. Una de ellas es la falta de apropiación de los centros culturales por parte de quienes viven al lado de ellos y la extrañeza con que observan esos edificios que parecen no querer dialogar con ellos.

Otros de los asuntos que han escalado a la superficie del debate público son la presencia masiva de pisos turísticos, las consecuencias de las noches de alcohol y gritos, el aumento constante de los hurtos y la nula correlación entre la llegada de turismo y la mejora de las condiciones de vida de la población. El turismo cesó y la ciudad quedó descubierta, como un río en verano, repleta de sedimentos y desechos inutilizables para quienes viven en Barcelona pase lo que pase. Y entre esos vestigios que forman un espejo de la realidad de muchas personas se encuentran las condiciones laborales bajo las cuales han sido sometidos los empleados de varios museos y polos de atracción turística en la ciudad. Pero, como siempre, es el modelo el que posibilita el sufrimiento de la clase obrera. Porque el modelo de subcontratación con el que operan los museos y centros culturales de la ciudad, como la Basílica de la Sagrada Familia, que tuvo más de 4.700.000 visitas en 2019 alcanzando un beneficio neto de más de 100 millones, es el que permite despidos masivos como los que se han producido durante el año 2020.

El último se produjo el pasado 16 de diciembre cuando la empresa subcontratista Magmacultura despidió a 231 trabajadores de los servicios de atención al público y venta de entradas en la Sagrada Familia, junto a otras 55 personas asignadas a otros centros. Para justificarlo alegó la rescisión simultánea de cuatro contratos de prestación de servicios que mantenía con la Junta Constructora del Templo, organización privada que gestiona el templo. El despido colectivo se realizó mientras pervivía la huelga convocada el 26 de septiembre de 2020 que había sido un éxito hasta el cierre del templo en noviembre del mismo año.

El sindicato SUT Barcelona, mayoritario entre los trabajadores de Magmacultura de la basílica, denunció la sustitución de los huelguistas por personal de seguridad de la empresa sin formación alguna y el acoso policial constante a los piquetes informativos que instalaron frente a los centros de trabajo. La subcontratación de servicios por parte de una empresa que ingresa más de 100 millones de euros al año tiene como consecuencias la irregularidad de los calendarios laborales o el establecimiento por norma de los contratos temporales fraudulentos.

Este caso representa la situación global de los empleados de los centros culturales de la ciudad. Más allá del modelo de los perjuicios del modelo de subcontratación cabría esperar que el ayuntamiento de Barcelona rechazaría la contratación de estas empresas intermediarias por la vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, entre los clientes de Magmacultura se encuentra el ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Ciut’art es la otra empresa intermediaria y subcontratada por las instituciones públicas para gestionar servicios en centros culturales de propiedad pública como el MACBA o el Archivo Histórico de Barcelona y también ha sido denunciada en varias ocasiones por los trabajadores. Otros espacios en la ciudad que disfrutan de los beneficios para sus carteras de este modelo de subcontratación son el museo Picasso, la casa Batlló o la Fundación Joan Miró. Todos ellos con aumentos significativos de visitantes antes de la pandemia y con importantes subvenciones del erario público.

Cuando se camina por La Rambla hacia el mar, la viveza colorida de Barcelona suele encaramarse por la historia de sus edificios. Hoy se puede ver el esqueleto del modelo de explotación turística que pone al servicio de las visitas furtivas del foráneo los centros culturales y los museos. Esa arquitectura monumental acaba disipándose ante los ojos por la desconexión con los ciudadanos que los ven día a día y no encuentran propuestas para ellos en su interior. Sus trabajadores se distancian porque comprueban año tras año que los beneficios son para las empresas y consorcios que los gestionan y no para los empleados que son contratados temporalmente una y otra vez e irremediablemente. De lo que no hay duda es que no hay mejor momento que hoy para promover la catarsis de un modelo de subcontratación y aislamiento frente a la sociedad que está claramente agotado para la clase obrera.

Se el primero en comentar

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo no será publicada.




 

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.