La perversa cooptación institucional

Por Alberto Vila

“Mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses.”

Arturo Jauretche

Cooptar deriva del latín, del verbo “cooptare” que puede traducirse como “elegir asociando” y que es fruto de la suma del prefijo “co-“ y del verbo “optare”. Es un término que refiere a completar las vacantes que se generan en una institución o entidad a través de una votación o una decisión interna. Por ello, la Cooptación es un sistema de selección o reclutamiento de nuevos miembros por nominación interna, por el cual una asociación, cualquiera de personas, nombra internamente a sus miembros nuevos por nominación de los miembros antiguos, sin dependencia de criterios externos.

Este tipo de selección, por tanto, prescinde del juicio externo y opta por la nominación realizada por los integrantes con que cuentan en ese momento. Como apreciarán, en un sistema democrático, para no corromper su esencia, debe existir un equilibrio entre poderes y tener vigencia sistemas de control efectivo neutral del uso del poder que sea ejercido. Cuando en democracia la organización de una institución decide cooptar, pone en evidencia una gran autonomía en relación al sistema global que la incluye. Ello suele saltarse el debido control entre poderes. La endogamia de las prácticas de la dictadura franquista dejó claros indicios de esta cuestión. Las estructuras del régimen pudieron permanecer y, a su vez, realizar cooptaciones en las sucesivas generaciones de cargos determinantes en la práctica de la gestión de las estructuras democráticas constitucionales. Esto, por el inconveniente que implica la escasa innovación y aceptación de todos los contenidos de la carta magna del Estado. Además de subordinar lealtades de grupo al interés general. Una gran cantidad de trámites y procesos que no se acometieron para construir la democracia plena en España, tiene su origen en dicha metodología. Como ejemplo reciente, podríamos mencionar la gestión discutible que se ha hecho de leyes como la llamada Memoria Histórica.

La cooptación pone en cuestión un valor esencial en la democracia: la lealtad es a la Constitución. Es decir al conjunto de los españoles. No a la Monarquía. Tampoco a una Religión. Menos aún por la pertenencia a un grupo sectario, sea este confesional, filosófico o económico. Esto es el centro del debate acerca del control de la gestión de los recursos y valores públicos. Esto se traduce en cómo, cuánto y a quién, se beneficia en la distribución de las cargas y los beneficios de los recursos financieros del Estado. Es decir: en cómo está diseñado el Presupuesto General del Estado. Eso sólo se puede llevar a cabo desde el Consejo de Ministros y el Parlamento. Pero, si el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo estuviesen cooptados, y sus decisiones mediatizadas por la injerencia de valores y principios no basados en la Constitución, por la intromisión de grupos minoritarios que los controlasen, entonces sería una perversión democrática. Tener todo atado y bien atado.

Tales afinidades deberían ser por sí mismas un motivo de incompatibilidad. En un Estado aconfesional, las creencias nunca deberían prevalecer por sobre los valores constitucionales. No obstante, tenemos sospechas de que un día sí, y otro también, se den ejemplos de esa situación. Además, los órganos que deberían actuar no lo hacen, resultando que se producen situaciones que evidencian la aplicación de criterios dispares sobre similares situaciones.

En general, ello puede ser objeto de atención durante un tiempo. Pasado el mismo, tenemos a delincuentes condenados y detenidos disfrutando de beneficios inadmisibles. O las prescripciones “diseñadas” en el procesamiento de los casos de corrupción. Excepto, claro, que se acepte que las reglas son dispares y que nuestra democracia, o el propio Estado, se encuentra en entredicho.

Los comportamientos observados en ocasión de celebraciones militares o en la tendencia de mensajes emitidos en los foros de las Redes Sociales, evidencian una conducta nostálgica o directamente subversiva, en relación al cumplimiento de la Constitución.

El momento histórico es crucial. Se debe corregir el modo faccioso de actuación y opinión de los colectivos que tienen que proteger, consolidar y contribuir a mejorar la vida de la ciudadanía. Cuando sólo atienden a los intereses de grupo, entonces es que el sistema  institucional se ha pervertido.