La oficina debería contribuir al “descubrimiento de responsabilidades por el movimiento disolvente que puso a la nación al borde de la ruina y como material precioso para facilitar el juicio de la historia”.
Por Lucio Martínez Pereda | 4/07/2024
La creación de una estructura propagandística en la dictadura franquista fue fundamental para extender socialmente la idea de un enemigo antipatriótico. Aquí relatamos las circunstancias iniciales, los modelos y objetivos, los medios y las personas que sirvieron para poner en marcha uno de los servicios que constituían esa estructura: la Oficina de Investigación y Propaganda Antimarxista y la Delegación Nacional de Recuperación de documentos, otro servicio que trabajó coordinadamente con el primero.
El 20 de abril de 1937 una Orden reservada de la Secretaría General del Jefe del Estado creaba la Oficina de Investigación y Propaganda Antimarxista (OIPA). El carlista Marcelino de Ulibarri y Equilaz -amigo personal de Franco- fue elegido para dirigirla. Su objetivo –según consta la Orden- fue “organizar la correspondiente contra propaganda tanto en España como en el extranjero.” Un borrador incluido en la documentación fundacional se refiere a la función propagandística del organismo. Aunque expresándolo con una figura retórica un tanto ambigua, no cabe duda de la finalidad de la institución: transformar y sobrevalorar la importancia real de los hechos contenidos en los documentos: “propaganda, propaganda, palabra mágica, que cual hábil prestidigitador hace cambiar lo feo en hermoso y lo vulgar en interesante, pantalla que nos pasa al cristal de aumento lo diminuto (…).“ Pero además de esta funcionalidad propagandística la Oficina tambien debería cumplir una objetivo informativo- represivo. Según se recoge en el texto reservado enviado el 14 de julio de 1937 por la Secretaría Particular de Franco a Marcelino de Ulibarri, la oficina debería contribuir al “descubrimiento de responsabilidades por el movimiento disolvente que puso a la nación al borde de la ruina y como material precioso para facilitar el juicio de la historia.”
La OIPA se organizó en 9 secciones: Masonería, Comunismo, Socialismo, Anarquismo, Sindicalismo, Unión Republicana, Izquierda Republicana, otros Partidos de Izquierda y Separatismo. Era una organización más entre las instituciones antimarxistas creadas en varios países europeos para luchar contra las maquinaciones internacionalistas de los comunistas; el antiKomiterm en Berlín, el Instituto de Investigación Científica en Varsovia, la Institución antimarxista Maître Aubert de Ginebra y la National Herstel en Holanda. La OIPA se había fundado como consecuencia de un acuerdo alcanzado por los militares rebeldes con el régimen nazi en la secreta reunión de la Conferencia Internacional Anticomunista organizada en Múnich en noviembre de 1936 por la Anti-Komintern para crear un frente único anticomunista europeo de colaboración internacional.
La Orden reservada de la creación de la OIPA insistía en los motivos de su implantación. Pese a la gran extensión del texto lo reproducimos en su integridad:
”La actual guerra está dando pruebas fehacientes de que este movimiento nacional ha venido a salvar la nación en los momentos en los que la Unión Soviética ha recurrido a todos los aprestos necesarios para hacer de España una república soviética más. Los procedimientos de ductilidad empleados por el Komintern, incrustándose en organizaciones afines tuvieron en nuestro país su campo más propicio, las ligas de los derechos del hombre, hijas predilectas de la masonería, los amigos de Rusia, cobijo de intelectuales y artistas, el Socorro Rojo Internacional, las ligas antifascistas, las ligas contra la guerra y el imperialismo, federación de trabajadores de la enseñanza, los Sin Dios y otras múltiples formas que ha adoptado la revolución en España, son los tentáculos más firmes de los que se ha valido el Komintern para hacer prosperar en nuestra patria el marxismo , bajo los mismos designios en que lo había preparado y los prepara en otros países. La contumacia de este organismo soviético, no se contenta con minar la voluntad de los más débiles , sino que introduce sus tentáculos y propaganda en regímenes fuertes y saneados, ha hecho deliberar a las naciones sobre el peligro del Komintern y crear organismos que descubran los procedimientos del mismo, con este fin se ha creado en numerosos países instituciones de defensa y combate antimarxista. El Gobierno nacional, deseando inmunizar al país del virus marxista e incorporándose a los deseos expresados a poco en Munich de formar un frente único contra de lucha contra el comunismo, ha creído que el numeroso material ruso, comunista y masón procedente de la zona roja es el instrumento más valioso no solo para la reconstrucción histórica del movimiento nacional, sino para combatir al enemigo con la armas que este utilizó para subvertir nuestro pueblo y aleccionar a otros igualmente amenazados, por todo lo cual vengo en decretar lo siguiente, con dependencia directa del Secretario General del Estado, se crea una oficina de investigación y propaganda antimarxista compuesta de un enlace delegado, tres personas reunidas en comité permanente y las colaboraciones nacionales e internacionales que este comité estime oportunas.”
El modelo original de la OIPA procede la Entente Internationale contra la Troisiéme Internationale, organización fundada en Ginebra por Theodor Aubert a finales de 1924. En 1938 cambió su nombre por Entente Internationale Anticomuniste; la EIA. El mismo año de su fundación la Entente desplegaba su propaganda anticomunista en España. Así empezaba un artículo del ABC de diciembre de 1924: «Entente internacional contra la Tercera Internacional, que reside en Ginebra, acaba de publicar un opúsculo, titulado “La lucha contra el bolchevismo‟, del cual nos serviremos para exponer la organización comunista en el mundo”. El General Mola, Director General de Seguridad durante la dictadura de Dámaso Berenguer se queja en sus memorias de que: “en la misma Policía existía un escaso número de funcionarios impuestos en lo que era el comunismo”. Para remediarlo creó una sección de Investigación Comunista: “entre cuyas misiones figuraba mantener relaciones con el Secretariado español de «L’Entente Internationale contre la III Internationale» encargada de organizar la propaganda anticomunista por medio de la prensa, conferencias y cuantos medios crea necesarios(…) la oficina del Secretariado español de «L’Entente» desarrolló una meritísima labor.”
La influencia de la organización anticomunista ginebrina y el estrecho contacto de Mola fue determinante para que Franco pusiese en funcionamiento un organismo similar en la España rebelde. Los contactos de los militares rebeldes con la Entente Internacional ya existían desde 1930/31. Mauricio Carlavilla, policía al servicio de Mola, recibió de su jefe en 1931 el encargo de confeccionar un Informe sobre el comunismo en España destinado a la Entente. El informe expuesto en la sede ginebrina de la organización por el juez Salvador Alarcón – posteriormente instructor del sumario abierto por la revolución de octubre de 1934- fue incluido en su obra “ El Comunismo en España. 5 años en el partido. Su organización y sus misterios (1932) (Mauricio Carlavilla, Anti-España 1959, Nos, Madrid 1959.
Al menos desde finales de los años 20 las publicaciones de la Entente fueron recibidas en España por una reducida élite de militares seleccionados por la cúpula del Ministerio de Guerra. Franco estaba entre el grupo de los elegidos por Primo de Rivera en 1928 para suscribirse al Bulletin. Entre los suscriptores tambien figuraban Mola y Goded. Durante la II República Franco continúo recibiendo el boletín. Los informes periódicos de la organización le llegaron de manera ininterrumpida hasta el comienzo de la guerra civil. En el transcurso de la primera entrevista concedida a un periodista extranjero en julio de 1936 en la sede del Alto Comisionado en Tetuán, el corresponsal de guerra observó varios números del Boletín encima de su mesa de despacho. Las vinculaciones entre Franco y la Entente, no terminan ahí: el encargado en España de servir de enlace con la organización suiza era el coronel Ungria de Jiménez -futuro jefe de su policía militar. Según consta en un“ Informe sobre la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista” un destacado miembro de la institución anticomunista suiza, Georges Lodygensky, organizó en España en 1936, después de la sublevación militar, un servicio especial de información “que denunciaba los crímenes de los rojos” y proporcionaba información para los programas radiofónicos de los sublevados. El servicio recibió ayuda y colaboración de la E I A, no sería arriesgado pensar que el servicio especial al que se refiere el documento fuese el germen de la futura OIPA.
La oficina de información y propaganda necesitaba realizar su trabajo a partir de datos concretos, para articular con ellos campañas que tuvieran un poco de credibilidad y cierto punto de conexión con la realidad de los hechos. Poco tiempo después de la fundación de la OIPA, apenas un mes más tarde, el 29 mayo de 1937, se creaba la Delegación Nacional de Asuntos Especiales; una organización especializada en la obtencion de información sobre el « enemigo ». La relación de Franco con la delegación fue directa. El organismo estaba adscrito a su Secretaria, cuya jefatura desempeñaba su primo Francisco Franco Salgado. La dirección del nuevo organismo también se puso en manos de Marcelino de Ulibarri, que en mayo de 1937, un mes antes de su nombramiento, ya tenía preparado el Servicio de Recuperación de Documentos- principal servicio de la Delegación- para llevar a cabo la incautación de documentos “ rojos” ante la inminente caída de Bilbao. Los objetivos del Servicio de Recuperación son explicados por el propio Delegado en un documento titulado “Creación de un organismo del estado para la recuperación, ordenación, archivo y estudio de los documentos y material de propaganda cogidos al enemigo”:
“La recuperación de documentos de todas clases demostrativos de la intensa propaganda que en todos los órdenes desenvuelven los organismos dirigidos por la III Internacional de la España roja, intervención soviética en la política del gobierno de Valencia y directivos y afiliados de las diversas organizaciones del Frente Popular, es una labor que por su extraordinaria transcendencia requiere la definitiva atención de las instituciones competentes del Estado Español para que las mismas reglamenten debidamente la constitución de un servicio único que tenga como finalidad la recuperación, ordenación, clasificación, archivo y estudio de todos los documentos y demás material que sobre tales extremos figuran dispersos en la retaguardia y los que sucesivamente puedan hallarse en las poblaciones de la España roja que se vayan ocupando por el Glorioso Ejército Nacional. La creación de dicho Servicio de recuperación de documentos, es indispensable para que los mismos puedan ser debidamente aprovechados hasta sus últimas consecuencias según la especial información que contengan por el Estado Mayor, Auditoria de Guerra, Orden Publico, Investigaciones Sociales, Propaganda anti-marxista, anti-masónica y demás organismos que se crearan para combatir la implantación del bolchevismo. Al establecerse en España un Servicio de Recuperación de documentos como único organismo autorizado su recogida, asegurará la eficacia de su recuperación (…) La única labor que sobre tan importante aspecto se ha realizado hasta la fecha, se reduce a las actividades desarrolladas por la O.I.P.A. (organismo creado en 20 de abril del corriente año). Gracias a los constantes trabajos de recogida de documentos realizados por tal organismo, se dispone de una cantidad verdaderamente extraordinaria de documentos y material de propaganda del enemigo cuyo inmediato aprovechamiento está supeditado para su eficaz utilización a la creación del referido servicio de recuperación de documentos.”
En documento similar al anterior, fechado en mayo de 1937, señala más objetivos: proporcionar datos para llevar a cabo detenciones y obtener pruebas inculpatorias para ser trasladas por el Servicio de Información de la Auditoria del Ejército de Ocupación a los Consejos de Guerra:
” merece especial mención la relación de este servicio de recuperación con la auditoria del ejército de ocupación, en efecto la recuperación facilita a auditoria y pone a su disposición las piezas documentales probatorias de la culpabilidad de personas que han de ser inmediatamente juzgadas y auditoria puede prestar a recuperación un servicio prestándole relaciones de personas cuyos domicilios deben de ser registrados en la seguridad de encontrar en ellos documentos muy importantes.”
Ulibarri consiguió que el Servicio de Recuperación se uniera con la Oficina de Investigación y Propaganda Marxista y ambos departamentos se integraron en la Delegación de Estado para la Recuperación de Documentos. La creación del nuevo organismo se formalizó el 26 de abril de 1938 bajo la dependencia del Ministro de Interior Serrano Súñer, con la intención de: “recabar, almacenar y clasificar toda la información de los partidos políticos, las organizaciones y las personas hostiles y desafectas al Movimiento nacional” para facilitar su persecución y castigo. El decreto fundacional hablaba de la utilidad del organismo para la “administración de justicia” represiva. En la exposición de motivos del Decreto de creación de la Delegación de Estado se puede leer : “La recuperación de documentos susceptibles de suministrar información sobre las actividades de los enemigos del Estado ha venido haciéndose de un modo fragmentario. El Carácter especial de esta contienda, las intervenciones extranjeras de la misma, el desarrollo de la criminalidad en el campo enemigo y las actuaciones más o menos secretas de ciertos partidos y sectas, han hecho pensar en la necesidad de unificar e intensificar tanto en la retaguardia como en las zonas que se vayan ocupando, la recogida, custodia y clasificación de todos los documentos aptos para obtener antecedentes sobre las actuaciones de los enemigos del Estado, así en el interior como en el exterior, y suministrar los útiles a todos los demás organismos encargados de su defensa”.
La Delegación de Recuperacion se organizó en distintas secciones: Secretaría, Oficina y Registros y la OIPA. Esta última subdividida en: Auditoria y SIM, Orden Público, Prensa y Fotos, y Masonería y Teosofismo. La sección de Oficina y Registros se dividió en las subsecciones de Brigadas Móviles, Transportes e Información y Clasificación. Después de la entrada de las tropas franquistas en Bilbao, los documentos incautados en las ciudades ocupadas se enviaban a una oficina central en Salamanca, donde se procesaban con la ayuda de un miembro de la sección de prensa extranjera de la Delegación de Prensa y Propaganda. Además, desde el archivo salmantino se enviaban los originales o copias a los servicios policiacos y a los juzgados que instruían causas militares.
El 19 de junio de 1937 las tropas franquistas entran en Bilbao. En la ocupación militar de la capital vasca la recuperación de documentos se sometió por primera vez a un plan que serviría de modelo para organizar las recogidas de información en las ciudades republicanas posteriormente conquistadas. Las incautaciones realizadas tras la entrada de las columnas de ocupación del ejército quedaron a cargo de los lamados Equipos de Recuperación, organizados por el propio Ulibarri, quien además, montó las oficinas, sistematizó la recogida de datos e inició la formación de un archivo “que permitirá el día de mañana conocer el historial del Movimiento”. Para dirigir el Archivo del Servicio, inicialmente localizado en Bilbao, eligió a Félix Diez Mateos, profesor en la Universidad de Deusto.
A medida que los territorios controlados por la Republica iban cayendo en manos de las tropas, a las localidades ocupadas se trasladaban los llamados equipos de recuperación encargados de la recogida de archivos de los centros oficiales republicanos, partidos políticos, sindicatos de izquierdas y documentación de las logias. Los jefes militares al mando de las tropas de ocupación quedaban encargados de su custodia hasta que llegasen los equipos de los servicios especiales o Equipos de Recuperación. La oficina de Recuperación centralizaba todo el proceso de recogida. Se dictaron normas reservadas para organizar y coordinar las labores de recogida. Cada jefe militar de las columnas de ocupación recibía instrucciones sobre cómo había de realizarse la custodia de la documentación hasta la llegada de los equipos de los servicios especiales. El jefe de los equipos procedía de acuerdo con el jefe militar de la columna con quien se reunía antes de producirse la entrada de las tropas en la localidad. En el reglamento se establece que cada equipo de recuperación debería estar constituido por un jefe, dos auxiliares y un conductor. El encargado de cada equipo informaba diariamente a un Jefe de Servicio de las intervenciones realizadas . La información era entregada por los jefes de equipo a un equipo de clasificación que después de inventariarla la enviaba a una oficina central, que una vez finalizada la ocupación de Bilbao fue trasladada a Salamanca. Las oficinas de clasificación también se encargaban de centralizar la labor y organizar el reparto de trabajo de los equipos . El trabajo empezaba a las nueve de la mañana, cuando los equipos se montaban en una camioneta y se distribuían por la ciudad para empezar los registros. Al acabar su labor diaria eran recogidos por una camioneta. El Jefe de Servicio entregaba a la Sección de Informes un parte diario con las intervenciones realizadas y redactaba un informe semanal sobre el trabajo efectuado. Por la noche la Oficina de Clasificación distribuía a cada Jefe la relación de registros para día siguiente. El jefe de cada equipo de Registros, antes de ser tomada una localidad, procuraba informarse de la situación de los centros oficiales y “domicilios de los rojos más significados,”. Los domicilios particulares de los líderes políticos de izquierda previamente habian sido localizados por los agentes locales de la Quinta Columna. El reglamento insistía en el intachable perfil ideológico y moral del personal:
“preciso que el personal sea de una moralidad absoluta, que este vigilado y controlado permanentemente por los Jefes de Equipo y sujetos a una rígida disciplina (…) todo el personal que intervenga en esta delicada misión, deberá presentar informes irreprochables, y ser avalado por firma de plena garantía”
El propio Ulibarri nombraba, dirigía e inspeccionaba desde Salamanca los equipos que trabajaban de forma coordinada con los demás servicios integrantes de las columnas y organismos del Ejército de Ocupación. Para distribuir el trabajo la Delegación del Estado dividía cada ciudad en sectores. Gracias a la documentación conservada sobre Barcelona, Valencia, Madrid, Tarragona, Santander y Gijón podemos hacernos una idea aproximada sobre la cantidad de registros realizados. Entre el 27 de agosto- día siguiente a la entrada de las tropas en Santander- y el 4 de octubre de 1937 se efectuaron 178 registros en la ciudad. Gijón fue conquistada el 20 de octubre de 1937 y entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre 10 equipos realizaron 97 registros. La ciudad de Barcelona se dividió en 10 sectores y se practicaron 217 registros urgentes y 825 registros ordinarios en 289 calles. En Valencia, en un solo día, el 17 de abril de 1939, se hicieron 280 registros.
El Servicio de Información de la Auditoria del Ejército de Ocupación tenía un gran fichero con información de personas que habían actuado en territorio republicano. En su Archivo Central trabajan una veintena de personas ordenando documentos, confeccionando sus catálogos topográficos y elaborando un fichero general e ideológico de los documentos. La Auditoría de Guerra estableció oficinas en Bilbao, Santander, Gijón, Castellón. El fichero general llego a contener medio millón de legajos. La documentación requisada por el ejército de ocupación se trasladaba a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y esta a su vez la ponía a disposición de la Auditoría que la empleaba en la instrucción de las “Causas generales” militares, la primera de las cuales comenzaría en octubre de 1937, tras la caída de Bilbao. Se abrieron Causas Generales Militares en las provincias de Castellón, Lleida, Vizcaya, Tarragona, Málaga, Toledo, Madrid, Ciudad Real, Jaén, Valencia capital, Barcelona y Ávila. La última causa en mayo de 1940- cuando se produce la entrada en vigor del Decreto que deriva al Fiscal del Tribunal Supremo la competencia en la instrucción de la recién abierta Causa General y a ella se incorporan las previas causas generales militares. Los antecedentes personales contenidos en ellas fueron empleados hasta bien entrada la década de los 70 para investigar conductas y redactar informes sobre los exiliados que solicitan la vuelta al país . En 1980 aún existía en la Fiscalía del Supremo un Fiscal Instructor y un Secretario de la Causa General que tenían entre sus cometidos expedir certificados sobre los expedientes contenidos en ella.
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