La noche más larga de Otaegi

El 27 de septiembre se cumplirán 50 años de los últimos fusilamientos del Franquismo, con estos el Régimen pretendió dar un golpe de fuerza, pero no hizo más que mostrar su debilidad. En este artículo analizaremos la trayectoria vital de Angel Otaegi.

Por Jon Martínez Larrea | 15/09/2025

Las raíces
Angel Otaegi Etxeberria había nacido en 1942 en el caserío Artabera del barrio Nuarbe de Azpeitia, su madre Maria, al ser soltera tendría que trabajar en un hotel de Donostia, por lo que gran parte de su infancia la pasó con su tía Mertxe. Estudió en la escuela de Nuarbe, y posteriormente en el Instituto de Azpeitia, allí algunos compañeros recuerdan que tuvo algún enfrentamiento con el profesor falangista que impartía Formación del Espíritu Nacional¹.

Tras abandonar los estudios comenzó a trabajar empresas de la zona, así como de pescador en Orio. A pesar de su carácter introvertido, era una persona activa en la vida social azpeitiarra, por ejemplo, en 1969 fue uno de los fundadores de la sociedad Arauntza. También era aficionado a deportes como el futbol o la pelota, pero especialmente al ciclismo, disciplina en la que ganó varias copas.

Políticamente se relacionaría con EGI, las juventudes del PNV, participando en diversos Aberri Egunas, pero en 1970 se integraría en el Frente Obrero de ETA, realizando principalmente funciones de propaganda. Posteriormente en 1973 pasaría al Frente Militar, aunque no se integró en ningún comando, sino que su labor era de colaboración en labores de infraestructura, mientras continuaba con su vida aparentemente normal.

El 3 de abril de 1974 un comando de ETA acababa con la vida del cabo Gregorio Posadas, jefe de información de la Guardia Civil en Azpeitia. Los miembros de ETA huirían, pero el 28 de agosto sería detenido José Antonio Garmendia Tupa, tras un tiroteo que le dejaría en coma. De este saldría con graves secuelas, por lo que tuvo que volver a aprender a andar y caminar.

Tras tres meses incomunicado sería interrogado por la policía y posteriormente por el juez, declarándose autor material del atentado contra Posadas e inculpando a Otaegi como colaborador. En ambas declaraciones no aparece su firma, sino una huella dactilar, ya que ni siquiera era capaz de mover sus manos. Posteriormente se retractaría de estas.

Otaegi sería detenido en Azpeitia el 18 de noviembre. Tras pasar por comisaria, “Según el testimonio de sus familiares (…) mostraba la cara hinchada y signos de haber sido torturado, según la fotografía que fue publicada después de la detención”². Sería enviado a la prisión de Martutene, donde pasaría unos meses hasta que fue trasladado a Burgos.Mientras tanto, el Gobierno desbordado por los acontecimientos aplicaría el 25 de abril el Estado de Excepción en Gipuzkoa y Bizkaia, lo que supuso la implantación de un auténtico régimen de terror con cientos de detenciones, torturas, asesinatos indiscriminados, guerra sucia… Sin embargo, la represión no fue capaz de parar la enorme movilización que se estaba produciendo en las provincias vascas, la cual a través de movilizaciones constantes y huelgas generales estaba ganando la calle al Régimen. A nivel estatal e internacional las movilizaciones también fueron importantes, profundizando el aislamiento del Régimen.

El juicio
Un día después de la aplicación del Estado de Excepción el fiscal militar pediría la pena de muerte para Garmendia y Otaegi, y el 28 de agosto arrancaría el Consejo de Guerra en Burgos. Dos días antes se aprueba el Decreto Ley Antiterrorista, este, además de restringir aún más los derechos de los acusados, prácticamente aseguraba la pena de muerte en los casos de atentados terroristas con resultado de muerte. Si bien en el caso de Otaegi no se aplicó, si sería tenido en cuenta en los Consejos que se desarrollarían las siguientes semanas en Madrid y Barcelona contra miembros del FRAP y de ETA, para pasar de procesos sumarios a sumarísimos.

A pesar de que el juicio iba a ser público, ni corresponsales extranjeros, ni observadores internacionales, ni siquiera la familia de Ángel pudieron acudir a la vista, porque solo 26 personas podían entrar en la sala. En apenas cinco horas se ventiló el juicio. La defensa de Juan Maria Bandrés se centró en la defensa de Garmendia, tanto por su situación, como por ser acusado de ser el autor material del atentado. Fueron los médicos militares, en contraposición a otros expertos, los que determinaron la validez de las declaraciones de Garmendia, pero cuando el fiscal les preguntó si se podía considerar como una persona demente, su respuesta cuanto menos deja margen para la duda: “Totalmente, no”³.

Mientras tanto la situación de Otaegi empeoró, el fiscal pasó de acusarle de ser cómplice a coautor, ya que si bien no habría participado directamente en el atentado, consideraba que su labor había sido necesaria para que este se llevase a cabo. Según el fiscal “Estos colaboracionistas son criminales mucho mayores”⁴. Lo cierto es que ETA no era una organización de masas, lo que sería una de las causas de la escisión entre ETA (m.) y ETA (p-m.), pero más allá de los militantes clandestinos, una parte de la sociedad vasca veía con simpatías a la organización, e incluso muchos colaboraron con ella. El Régimen era consciente de ello y quiso castigar con saña a los posibles apoyos que tenía la organización, esto explicaría, entre otros, el asesinato de Blanca Salegi e Iñaki Garai en Gernika en mayo o de Iñaki Etxabe en Kanpazar en octubre.

En lo relativo a la falta de garantías jurídicas, la abogada suiza y representante de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, Elisabeth Ziegler-Muller, denunció que se trató de un proceso meramente formal, “ya que desde que un acusado ha confesado, poco importa en que circunstancias, es presunto culpable (…) El procedimiento inquisitorial continua existiendo en los asuntos penales. En estas condiciones, todo acusado que comparece ante el Tribunal es automáticamente condenado”⁵.

En 2012 el Gobierno Vasco reconoció como víctimas a Txiki y Otaegi y dictaminó que “El enjuiciamiento de civiles por la jurisdicción militar era parte ya de esa política represiva”, y en lo que se refiere al sumario “evidencia (…) la ausencia de pruebas objetivas, (sustituidas por el uso de supuestas inculpaciones posiblemente obtenidas bajo torturas) y por otra, la comunicación directa (que en el propio expediente aparece como “reservada”) que existió entre las autoridades judiciales militares y el propio Ministro del Ejército. Esta intercomunicación evidencia la intervención directa del gobierno franquista en las resoluciones judiciales que concluyeron en la ejecución de A.O”.

A su vez, indica que “siendo acusado inicialmente de complicidad (…) sorpresivamente, en el Consejo de Guerra se le acusó como autor del asesinato “por cooperación necesaria” (…) El cambio de la acusación hubiera debido dar lugar a la suspensión del acto del Consejo de Guerra para que los letrados prepararan en las debidas condiciones su defensa, cosa que no sucedió”⁶.

Fusilamiento al alba
El sábado 30 de agosto el tribunal militar sentenció a la pena de muerte a Otaegi y Garmendia, entonces comenzaba su agonía, que se alargaría casi un mes, ya que el Gobierno espero a que se desarrollasen otros procesos hasta dar el “enterado”.

Carlos Ruiz Larrad es un mirandés con una larga trayectoria militante, militó en la ORT y en 1975 fue detenido en Miranda de Ebro con otras tres personas por organizar una manifestación contra las penas de muerte para Garmendia y Otaegi. La solidaridad le llevó a la cárcel de Burgos, allí coincidió con el mismo Otaegi. Este estaba aislado, pero Carlos junto a otros compañeros se apañaban para acercarle una pinta de vino “por la esquina que tras los barrotes sellaba el aislamiento”.

El 26 de septiembre se cruzó con Angel acompañado por unos funcionarios, este le dijo que se acercaba a recoger un papel. No le dijo nada, pero presintió que esa notificación era el “enterado” del Consejo de Ministros. A Garmendia y a cinco miembros del FRAP les habían conmutado las penas de muerte, pero a Otaegi, Txiki, Baena, Garcia Sanz y Sánchez Bravo se las confirmaban, y entraban en capilla.

La familia de Otaegi se trasladó a la cárcel de Burgos con la intención de verle por última vez, pero solo pudo entrar su madre. Mertxe Otaegi recuerda que “María salió llorando de la cárcel, hacia las tres y media de la madrugada y la llevaron a Nuarbe. Nosotros nos quedamos por allí. Fuimos a un bar donde paran los camioneros. Los policías nos seguían. Unos cinco, de paisano. Quedamos allí tres coches. Volvimos hacia la cárcel un par de veces pero siempre nos rechazaban. Estuvimos dando vueltas y vueltas toda la noche. Oyendo la radio a ver si daban noticias. Al final nos dijeron que fuéramos a las ocho o así”⁷.

El abogado de Otaegi, Pedro Ruiz Balerdi, no pudo acudir porque estaba convaleciente de un ataque de ciática. Angel pasó la noche con el capellán de la cárcel, pero se negó a confesar. Pidió cigarrillos y una botella de vino, que compartió con un funcionario con el que había trabado amistad. Este recuerda la tranquilidad con la que pasó la noche, según su testimonio: “Realmente, aquella noche todos teníamos más miedo que el propio Otaegui. Sonó el teléfono infinidad de veces, y cada timbrazo era un sobresalto, esperando el indulto. Hasta diez minutos antes de fusilarlo seguíamos aferrándonos a la esperanza”. A pesar de sus diferencias afirmaba que “Siempre le recordaré como un muchacho que tuvo que luchar muy duro desde la infancia y que no tuvo malicia, que era fundamentalmente honesto con sus ideas”⁸.

Su tía Mertxe tuvo que hacer los trámites con la funeraria, incluso pagar 50.000 pesetas que les había pedido el capitán la víspera de la ejecución, que reunieron con la ayuda de la gente del pueblo. Los familiares tras horas de espera perdieron el cortejo fúnebre en un semáforo en la salida de Burgos. Siguieron hasta Azpeitia, y al llegar se encontraron con que no había llegado, de hecho tardaría tres horas más en llegar porque se había desviado para retrasar su llegada. Muchas personas intentaron llegar al cementerio a través de los montes, pero solo se permitió acceder a los familiares más cercanos.

Domingo en Nuarbe
El periodista de Le Monde Bernard Brigouleix narró el ambiente que se vivía en las calles vascas tras las ejecuciones, en su crónica, titulada “Euskadi llora a sus muertos con dignidad”, da cuenta de las manifestaciones reprimidas en las capitales, pero también que tras los fusilamientos “mil señales imperceptibles anunciaron el luto popular. Las campanas sonaron durante mucho tiempo en la montaña, aparentemente sin razón. Las tiendas y restaurantes que solían estar abiertos han cerrado. A los hombres les gusta usar corbatas negras. Las fiestas locales, raras desde los arrestos de julio, han sido completamente suprimidas. O más bien, debido a la falta de participantes, simplemente no se llevaron a cabo…”

También se acercó a la casa de Maria Otaegi, allí vio como “En la cocina azul de techo bajo, todos los aldeanos, uno tras otro, vienen a visitar a la señora María Otaegui, con los ojos enrojecidos. Entran, salen, hablan. Ella, erguida en su dolor, evoca irresistiblemente a aquellas “mujeres negras de Corrèze” de las que hablaba Malraux en relación con la Resistencia”. Maria agradeció al periodista “que por fin un periódico hablará de lo que le ocurrió, rompiendo el círculo de silencio que la rodeaba en el lado español. Aún no sabe que todo el mundo conoce ahora el nombre de su único hijo fusilado”.

A su vez, le relató el último encuentro con su hijo, tras ser cacheada totalmente, “La última entrevista apenas duró un cuarto de hora. Cinco militares nos acompañaban a mi hijo y a mí. Ángel me dijo que fuera fuerte, que no llorara y que luchara contra el fascismo y por una Euskadi libre. Me juró que sabría morir como un vasco. Después nos separaron. Cuando lo volví a ver, estaba muerto. Seis balas le habían dado en la cara y le habían desfigurado”⁹.

Morir matando
Está claro es que los procesos que llevaron a las últimas ejecuciones no tienen nada que ver con la justicia, sino con la venganza de un régimen moribundo. No es casualidad que en menos de un mes coincidieran varios Consejos de Guerra que acabasen en penas de muerte, y que todas se ejecutaran el mismo día. Por eso, dar veracidad a sus conclusiones o pretender reconstruir unos hechos a través de unas sentencias emitidas por unos tribunales militares sin ningún tipo de garantía jurídica es legitimar la versión oficial de la dictadura.

Cinco años atrás, el Régimen no se atrevió a ejecutar a los condenados en el Proceso de Burgos, sin embargo, como afirma Pau Casanellas: “No se trataba (…) de una demostración de fuerza de la dictadura, sino todo lo contrario, de una muestra palpable de su pérdida de legitimidad social”. Al fin y al cabo: “Perdido el consenso, el régimen se refugiaba en el zarpazo”¹⁰.

Más allá de supuestas consideraciones éticas que nadie aplicaría, por ejemplo, a la resistencia francesa, es innegable el peso de estas últimas ejecuciones en la crisis final de la dictadura. Franco moriría dos meses después en la cama, pero su régimen estaba más tocado que nunca, se había vuelto a mostrar como una dictadura sanguinaria y cruel, lo que agravó su aislamiento internacional, y la presión de la calle se agudizó. Es innegable el papel jugado por el movimiento obrero o vecinal en la crisis del Franquismo, pero tampoco se puede menospreciar el de la lucha armada, y especialmente el de la solidaridad antirrepresiva.

Notas