Es necesario poner coto a unas herramientas informáticas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
El pasado 21 de abril la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta para promulgar una Ley de Inteligencia Artificial, que regulará el funcionamiento de los algoritmos y la IA en las relaciones laborales. Por lo tanto, todas las empresas deberán cumplir unos requisitos antes, durante y después de la puesta en marcha de algoritmos laborales.
La IA aplicada al mundo del trabajo es una actividad de alto riesgo. La importancia de asignar a la IA laboral un alto riesgo preventivo radica en que, a partir de que la ley sea ratificada, todas las empresas deberán asumir que la implantación de este tipo de soluciones implicará un “riesgo de impacto adverso en los derechos fundamentales […] con respecto a su gravedad y probabilidad de ocurrencia”, creando “un impacto adverso en la seguridad de las personas o sus derechos fundamentales (protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE)”.
La proliferación de despidos realizados por algoritmos demuestra la necesidad de acelerar una ley europea sobre Inteligencia Artificial (IA) que acote, regule y disuada de estas prácticas a pesar de que se trate de prácticas vetadas por el Reglamento General de Protección de Datos.
Las empresas deberán, por ejemplo, registrar la existencia y actividad de estos algoritmos, al objeto de garantizar la trazabilidad de sus resultados; estarán obligadas a mitigar sus riesgos al máximo, asegurando la seguridad y la precisión en su funcionamiento; se deberá garantizar que los datos usados para tomar las decisiones informáticos estén libres de sesgos y que obtengan resultados discriminatorios; y, finalmente, la IA laboral siempre deberá estar supervisada por una persona – o dicho de otro modo, un humano estará siempre al final de la cadena decisoria, por encima de los resultados de una máquina-.
Primer paso
Los sindicatos urgen a acelerar la promulgación de esta Ley otorgándole «máxima prioridad» porque es «necesario poner coto a unas herramientas informáticas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trabajadoras».
En España, a través del Diálogo Social, se dio un primer paso introduciendo un nuevo apartado al artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todas las empresas a proporcionar información sobre cualquier Inteligencia Artificial que afecte a la relación laboral. A este acuerdo siguió la publicación del estudio “Las decisiones algorítmicas en las relaciones laborales”, elaborado por UGT.
Caso Xsolla o el caso de TAP, antecedentes
Las empresas ignoran «intencionalmente esta prohibición, desafiando nuestras leyes y los legítimos derechos de las personas trabajadoras», según denuncia UGT. Los antecedentes, como el caso Xsolla o el caso de TAP, y «la inhumana operativa de desconexión de las plataformas digitales, son claros ejemplos de decisiones algorítmicas que despiden a personas sin mediar razón humana», explica UGT.
UGT considera muy positivo que Bruselas haya adoptado las propuestas del sindicato, puesto que eso significará que «los algoritmos dejarán de ser elementos opacos, cajas negras donde ocultar decisiones caprichosas, ofensivas o discriminatorias y el funcionamiento de la IA estará, obligatoriamente, vertebrado por la transparencia».
Fuente: Agencias (Europa Press), UGT, Estatuto de los Trabajadores.
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