Mientras los narcos invierten millones en tecnología de última generación, los agentes salen al mar en patrulleras obsoletas y con tripulaciones mermadas.
Por Joaquín Castro | 11/05/2026
El pasado 8 de mayo, dos guardias civiles perdieron la vida en acto de servicio en la costa de Huelva. Los agentes Germán P. J., de 55 años, y el capitán Jerónimo J. M., de 50, murieron cuando dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil colisionaron a gran velocidad durante una persecución a una narcolancha. Otros dos compañeros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. No fue un accidente fortuito: fue el trágico desenlace de una operación desigual contra el narcotráfico, donde los agentes de nuevo contaron con medios insuficientes frente a bandas criminales que operan con impunidad en el Estrecho.
Este suceso es bochornoso. Bochornoso porque no es un hecho aislado, sino la consecuencia previsible de años de demandas ignoradas por parte del Gobierno. Los guardias civiles del Servicio Marítimo, los GEAS y las unidades especiales llevan años denunciando la falta de equipamiento adecuado: lanchas más rápidas y seguras, sistemas de visión nocturna avanzados, blindajes efectivos, helicópteros con mayor autonomía y, sobre todo, el reconocimiento oficial de su profesión como de alto riesgo, que permitiría jubilaciones anticipadas y mejores condiciones. Exigen recursos para combatir a clanes que disponen de narcolanchas de 14 metros con cuatro motores fuera de borda, potentes radares, inhibidores de señal y hasta drones de vigilancia. Mientras los narcos invierten millones en tecnología de última generación, los agentes salen al mar en patrulleras obsoletas y con tripulaciones mermadas. El Gobierno, con su inacción, ha convertido la lucha contra el narcotráfico en una ruleta rusa.
No es la primera vez. En febrero de 2024, en el puerto de Barbate (Cádiz), dos guardias civiles —Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo— fueron asesinados de forma deliberada cuando una narcolancha embistió su zodiac en al menos siete ocasiones. Aquel crimen brutal, que conmocionó a España, ya evidenció la misma realidad: los agentes son enviados a una guerra sin las armas necesarias. Desde entonces, las protestas de las asociaciones profesionales (AUGC, JUCIL y otras) se han multiplicado, exigiendo más medios y un plan integral contra el narco. El Ejecutivo ha respondido con palabras, fotos y alguna incautación propagandística, pero la realidad en el terreno no cambia: las narcolanchas siguen entrando a decenas cada semana, los clanes controlan barrios enteros en el Campo de Gibraltar y el Estrecho se ha convertido en una autopista de hachís y cocaína hacia Europa.
Cada muerte de un agente no es solo una tragedia familiar; es un síntoma de un Estado que ha perdido el control de su territorio. Un país que no es capaz de proteger sus fronteras marítimas, que permite que organizaciones criminales operen con total libertad a poca distancia de la costa y que deja a sus fuerzas de seguridad en inferioridad de condiciones no merece llamarse Estado de derecho. Es, pura y simplemente, un Estado fallido en su esencia más básica: el monopolio de la fuerza y el control efectivo del territorio.
El narcotráfico no es un “problema de drogas”; es una amenaza a la soberanía nacional. Ha corrompido economías locales, ha generado violencia y ha convertido el sur de Andalucía en un territorio semiautónomo donde la ley la imponen los clanes. Mientras el Gobierno mira para otro lado —priorizando otras agendas políticas—, los guardias civiles caen en servicio. Germán y Jerónimo son los últimos, pero no serán los últimos si no se actúa ya.
Es hora de que el Ejecutivo deje de ignorar las demandas legítimas de los agentes. Más recursos, más tecnología, más personal y un compromiso real con la seguridad. Porque un Estado que no defiende a quienes lo defienden no controla nada. Y un Estado que no controla su territorio es, por definición, un Estado fallido.
Hola. Aquí en el sur la soberanía nacional creemos que se cedió el 1 de enero de 1986. Vivo en una ciudad donde el ctrl policial y la vigilancia resultan opresivo. Y los gobiernos nunca miraron hacia aquí, dueña como es esta tierra de manos privadas, desde hace generaciones, y donde la explotación laboral y el paro encuentran su máxima expresión.
Siento la perdida de estas dos personas.
Saludos.
Que vergüenza de artículo , porque no nombrais la cantidad de gomas que hundieron la gcivil en estos años? Cuántas personas nunca volvieron a casa
Y si no saben conducir lanchas y colisionan entre ellos es porque son unos inútiles, la mayoría corruptos, o como creen que entra tanta droga
Lamentablemente su periódico está tomando un giro sorprendente