Desde su entrada en vigor durante el gobierno de Mariano Rajoy esta ley ha permitido la imposición de mas de 400.000 sanciones por el ejercicio del derecho a la protesta.
Por Lucio Martínez Pereda
Empezamos con una frase simple: la Ley Mordaza que permite la violencia policial contra el ejercicio de derechos humanos fundamentales no va a ser derogada por que el PSOE no quiere.
La idea del PSOE es anular los artículos menos importantes pero mantener en vigor los más lesivos contra el derecho de protesta. La izquierda real no ha mordido el anzuelo. Y ahora es el PSOE con la ayuda de su “ Brunetemediática” quien acusa a esa izquierda de impedir su derogación.
Desde su entrada en vigor durante el gobierno de Mariano Rajoy esta ley ha permitido la imposición de mas de 400.000 sanciones por el ejercicio del derecho a la protesta.
Digámoslo con claridad : el PSOE protegiendo la ley mordaza está cediendo a la presión de los sindicatos policiales de extrema derecha.
La negativa del PSOE a aceptar las peticiones de Esquerra Republicana y EH Bildu permitirá que siga vigente la ley de Rajoy. La conocida popularmente con el acertado nombre de “Ley Mordaza” entró en vigor en marzo de 2015. Está construida sobre un concepto jurídico intencionadamente ambiguo: “perturbar la seguridad ciudadana”, no definido ,que puede abarcar desde una protesta, a una irrupción ciudadana en un pleno, gritar en un espacio público, e incluso tuitear la convocatoria de manifestación. Esa indefinición y su carácter intencionadamente inespecífico y abierto, podría servir- espero que no sea así- para imponer una multa a este texto si se considera que su mensaje anima y sirve para “ perturbar la seguridad ciudadana”.
La Ley de Mordaza es una de las más represivas iniciativas legislativas de la historia reciente en España. Los repertorios de protesta cambian con el paso del tiempo ya que para llamar la atención de la opinión pública sobre una injusticia y un abuso necesitan formas de visibilización actualizadas. A nadie se le escapa que la denuncia pública de un acto, una acción o una ley injusta no se puede llevar a cabo en el 2023 recurriendo al mismo repertorio de protesta empleado en el último tercio del siglo pasado.
Entre los objetivos políticos de esta ley están: 1. impedir la actualización de nuevas formas de protesta; 2. ocultar acciones que al ser muy llamativas adquieren más atención en la opinión pública de la habitual; 3. Conseguir descontextualizar las protestas contra los gobiernos y los políticos.
Así lo demuestran algunas conductas castigadas en la ley: salirse del recorrido delimitado para manifestaciones y reuniones , escalar un edificio o un monumento sin autorización para colocar una pancarta , protestar frente al Congreso, el Senado o sus equivalentes autonómicos para criticar la actuación de los electos, impedir las acciones contra los desahucios, o contra el vertido de residuos peligrosos.
Ni reformar, ni aligerar, ni suavizar. El actual presidente Sánchez, tal y como recordó ayer Pablo Machuca en un oportuno artículo para Huffington Post, prometió en varias ocasiones- 2015, 2018, 2019, 2021- derogar la Ley Mordaza: “¿ La ley Mordaza?, la vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno, eso no te quepa la menor duda».
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