El Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros el nuevo proyecto de Ley de Memoria Democrática, que pasa a trámite parlamentario. La nueva Ley viene a sustituir a la anterior Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el gobierno Zapatero. El texto aprobado por el gobierno de coalición PSOE-UP viene a ser un remedo de la anterior Ley, que no aporta ningún beneficio sustancial a las víctimas del franquismo, y que parece utilizar la memoria histórica de la clase obrera y el pueblo trabajador durante la Guerra y la Dictadura como un mero elemento dinamizador de su agenda comunicativa de cara a los dos años restantes de legislatura.
La Ley de Memoria Democrática de PSOE y UP no varía ni un ápice el relato revisionista del 78, sancionando el proceso de la Transición como un dechado de avances y progreso, negando el verdadero carácter continuista del régimen, la violencia y represión ejercida contra la clase obrera y manteniendo incólume el significado de exoneración que supuso la Ley de Amnistía de 1977 para todos los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra y la Dictadura.
La Ley de Memoria Democrática de PSOE y UP no dice nada sobre la Ley de Amnistía , ni por lo tanto declara su nulidad. De tal manera, los delitos de lesa humanidad perpetrados por el franquismo siguen quedando protegidos.
Tampoco resuelve la actual Ley nada en forma de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, especialmente de aquellos miles de represaliados que siguen desaparecidos por cunetas y fosas comunes de toda España. La Ley, por la cual corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, no toma, sin embargo, ninguna iniciativa ni responsabilidad para llevar dicho proceso a cabo, dejando en manos de particulares y de las asociaciones memorialistas tal tarea, a la que el Estado concurrirá disponiendo determinadas e indefinidas formas de financiación. Se obliga, de esta manera, a una competición entre asociaciones por las subvenciones estatales que permitan desarrollar sus fines a tal respecto, quedando todo avance en esta materia a discreción del Gobierno de turno. No dudamos que gran parte de los desaparecidos seguirán en las cunetas.
La Ley centra parte importante de su redactado en materia de reconocimiento moral y simbólico. En este sentido, propone dos fechas conmemorativas: el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura; y el día 8 de mayo como día de homenaje a las víctimas del exilio. Una y otra fecha inciden en la constante de revisión histórica que pretende borrar todo atisbo de lo que verdaderamente fue la lucha antifascista en España. El 31 de octubre es elegido por ser el día de la aprobación en Cortes de la Constitución de 1978; y el 8 de mayo como pretendida fecha de “la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo”, en consonancia con las resoluciones anticomunistas y la maquinaria de propaganda de la UE, que convierten tal día en Día de Europa, pretendiendo borrar el papel determinante y protagónico de la URSS en la victoria sobre el nazi-fascismo, correctamente conmemorada cada 9 de mayo, y que de paso olvidan el lamentable papel de las democracias burguesas europeas que promovieron la “no intervención” en la guerra derivada del intento de golpe fascista en España en 1936. Son fechas, las elegidas por PSOE y UP, en abierta consonancia con un relato histórico falsificado, que no ofrecen ningún tipo de contradicción a los sectores herederos del franquismo.
Los apartados más polémicos de la Ley en términos de comunicación política burguesa son aquellos que tienen que ver con el Valle de los Caídos y la Fundación Francisco Franco. Para el Valle de los Caídos se propone una ambigua remodelación en lo que se ha venido en llamar un proceso de “resignificación” del complejo. Tal “resignificación” no presta ninguna atención al actual e histórico significado de lo que fue la más monumental obra propagandística del franquismo, construida sobre el trabajo esclavo de miles y miles de presos políticos. En esta extraña “resignificación”, el Valle de los Caídos albergará un cementerio civil coronado por la gran cruz pétrea, gran símbolo del franquismo, sobre la que la Ley no se pronuncia, y que por lo tanto seguirá coronando el complejo, haciéndolo visible a kilómetros de distancia, tal y como lo concibió la Dictadura.
En definitiva, la actual Ley de Memoria Democrática del gobierno de coalición PSOE-UP contribuye poco o nada al reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo, y parece más pensada para modernizar simbólicamente ciertas rémoras sociales del franquismo y maquillar, con cuestiones tan elementales como dejar sin cobertura legal a la Fundación Francisco Franco, el supuesto carácter progresista de la coalición, en un marco de fin de legislatura y competencia electoral. Son las lógicas y tiempos de la competencia entre partidos burgueses los que marcan los tiempos y límites de la actual Ley, no una verdadera voluntad de hacer justicia y reparar a las víctimas del franquismo.
La nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, la responsabilidad, iniciativa y ejecución estatal de localización y exhumación de todas las fosas con víctimas del franquismo, la reparación de víctimas y familiares en términos jurídicos y económicos, la prohibición de toda forma de organización o apología del fascismo, demolición de la cruz del Valle de los Caídos, y reconocimiento y homenaje a las víctimas del franquismo simbolizadas en la verdad histórica, promoviendo como día de homenaje cada 5 de agosto, fecha en la que fueron fusiladas las Trece Rosas. Son estos sólo algunos puntos elementales para comenzar a instaurar una verdadera justicia para con las víctimas del franquismo.
PCTE
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