Esta situación ha desembocado en una guerra de la parte mayoritaria de los taxistas tanto contra Isabel Díaz Ayuso como contra el alcalde Almeida.
Por Taxi Project.
El sector del taxi es un colectivo muy heterogéneo por el hecho de que prácticamente cada taxista, cada licencia, cada autónomo es independiente y diferente, pese a que en su conjunto, como servicio municipal y dependiente de la administración, todos los vehículos se someten a las mismas normas.
Algo que por una parte beneficia en cuanto a la autonomía que da la posibilidad de que el mismo trabajador pueda administrarse su trabajo, (siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos de servicio estipulados en la normativa) pero que por otra, hace que sea complicado muchas veces poder formar un frente común de lucha en defensa de los intereses del sector, sobre todo a nivel ideológico.
De hecho esto es algo que se ve reflejado en las asociaciones que forman la representación del sector, sobre todo en ciudades como Madrid, donde el número de taxis es más alto ya que, en este caso, el colectivo se divide en una parte mayoritaria formada por autónomos, (que a día de hoy es la que está siendo más perjudicada por los gobiernos del PP, tanto en la Comunidad de Madrid, como en el Ayuntamiento) y otra por los empresarios, afines a las políticas de este partido y del modelo de empresas que llevan años hostigando al sector, intentando hasta su desaparición como son Uber, Cabify, Bolt o Free Now.
Esta situación ha desembocado en una guerra de la parte mayoritaria de los taxistas tanto contra Isabel Díaz Ayuso como contra el alcalde Almeida, a los que hemos señalado ya sea desde la asociación mayoritaria, la Federación Profesional del Taxi de Madrid, como desde Élite Taxi o nosotros, desde Taxi Project, de actuar con nocturnidad y alevosía, intentando implementar desde la Comunidad de Madrid, normas como la modificación de la ley del transporte incluida en el polémico anteproyecto de la «ley Ómnibus» para beneficiar claramente al sector de las VTC o también como la Ordenanza municipal, en la que pretenden implementar cuestiones como las 24 horas para beneficiar a la parte empresarial del taxi, perjudicando gravemente al autónomo y trabajador del taxi, llegando incluso a verse amenazado por su desaparición.
Normas dictadas desde la misma patronal de las VTC, donde nos consta que los populares tienen importantes «contactos» y que han intentado meter por la puerta de atrás, unas veces aprovechado los procedimientos de urgencia por la crisis sanitaria, (como ya hizo el gobierno de Ayuso con Uber, hecho que está siendo estudiado por la Fiscalía de delitos económicos gracias a una denuncia presentada por Taxi Project) este verano, y otras como han hecho con la ley ómnibus, saltándose los tiempos de tramitación, sobre los que ya hemos presentado alegaciones y que la misma Federación Profesional del Taxi de Madrid ha advertido con reclamar más de 2500 millones de euros en concepto de indemnización para los taxistas por saltarse las leyes estatales, ya que lo que pretende hacer la Comunidad modificando estas leyes a discreción, es permitir que sigan operando de manera ilegal a miles de VTC que dentro de unos meses y tal como establece el decreto Abalos, deberían ser retiradas de la circulación, ajustándose a la sentencia del Tribunal Supremo que establece al taxi como servicio de interés general, habiendo sido indemnizadas ya por parte del estado.
Es decir, Ayuso pretende permitir que sigan operando impunemente unos vehículos que la ley ya se ha pronunciado indicando que sobran de nuestras ciudades, con el perjuicio que va a causar tanto a la movilidad y a la sostenibilidad y que además, ya han sido indemnizadas por su retirada.
Es de locos….
Y con esta situación, según nuestra opinión el problema para seguir batallando es el sesgo ideológico, es decir, ya sabemos que hay una parte del sector del taxi que no se diferencia de las VTC porque los intereses son los mismos: acabar con un servicio público de todas y todos para beneficiar a unos pocos. Y ese sesgo es importante porque, esos pocos que se van a beneficiar de la caída del taxista autónomo son los amigos del PP de Madrid, da igual
la Comunidad que Ayuntamiento.
Porque así funciona el PP, un partido que bajo su máscara conservadora es una mera marioneta del poder, que únicamente gobierna para hacer de las instituciones que pertenecen al pueblo sus herramientas para convertir los servicios públicos, ya sea el transporte, la educación o la sanidad, en otra fuente de beneficios para interese privados, para los intereses de sus amos.
Por eso es tan importante posicionarse en este momento, aparte de la reflexión que necesita está sociedad en la que hay un gran problema estructural, que hace que el obrero siga votando a la derecha, los sectores afectados por estas políticas neoliberales que pretenden robarnos lo público tenemos la responsabilidad de posicionarnos y actuar, como estamos haciendo, pero necesitamos más unión y más cohesión, para que el gobierno de Ayuso y de Almeida sepa que ante el desmantelamiento de los servicios que son nuestros, que son del pueblo, van a tener al taxi en frente.
Y para eso, tenemos que tener claro quién defiende el interés general y quién está sólo para trabajar por el interés de sus amos.
Ya hemos empezado a movernos para actuar tanto contra la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, pero necesitamos una reflexión por parte de quien sigue creyendo en estos partidos todavía sin ser conscientes de que pretenden acabar con nuestro futuro y con el de miles de personas que viven no sólo del sector del taxi, sino que nos necesitan como servicio público. Nunca es tarde para darse cuenta y nadie sobra en nuestra trinchera y más ahora con la lucha que nos espera.
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