La huelga de los albañiles de Granada de 1970 que el franquismo ahogó en sangre

“pedían un sueldo base de 240 pesetas diarias, una jornada laboral de ocho horas, de lunes a viernes, y cinco horas los sábados, y la abolición del trabajo a destajo y de las horas extras”

Por Angelo Nero

Granada, martes 21 de julio de 1970. Como en muchos otros lugares del estado español, los trabajadores comenzaban a echarle un pulso a la dictadura, que respondía con una durísima represión, incluso declarando en varias ocasiones el estado de excepción, y en la ciudad andaluza fueron los obreros de la construcción, los que, hartos de sueldos de miseria, sin protección social, con abusivas jornadas laborales y malas condiciones de trabajo, se echaron a la calle, decretando una huelga total en el sector, pese a la prohibición establecida en la Ley de Orden Público de 1959, ya que ese derecho no estaba recogido en la legislación franquista, y hasta 1978 no se estableció como un derecho fundamental en la Constitución. Granada estaba entonces en manos de las familias más conservadoras de España, que habían medrado a la sombra del régimen.

Ese régimen asesino que había fusilado en las tapias del cementerio de Granada a sus últimos alcaldes republicanos, Manuel Fernández Montesinos y Luis Fajardo Fernández, en agosto del 36, junto a otros 536 vecinos, solo ese mes. Esa Granada gobernada entonces, en 1970, cuando el régimen todavía tenía balas para seguir matando, por un militar, el general José Luis Pérez-Serrabona, recordado por destruir el Campo de los Mártires, en la Alhambra, para construir un hotel de lujo, salía a la calle harta de que fueran otros los que se enriquecieran con el boom de la construcción, mientras ellos, que levantaban la nueva ciudad, trabajaban para seguir siendo pobres.

Con la cerrazón de la patronal granadina a negociar mejoras en las condiciones de trabajo, “pedían un sueldo base de 240 pesetas diarias, una jornada laboral de ocho horas, de lunes a viernes, y cinco horas los sábados, y la abolición del trabajo a destajo y de las horas extras”, a las ocho de la mañana del 21 de julio, miles de trabajadores de la construcción se sumaron a la huelga, dicen que más de cuatro mil albañiles, hombres bregados en la obra que dijeron: hasta aquí llegamos y se echaron ocupar las calles, paralizando no solo todas las obras del centro de la ciudad, si no también de los barrios periféricos y de los pueblos aledaños.

La policía armada, los grises, el cuerpo represor que más se ensañó con los obreros en los últimos años del franquismo, hizo aparición, con la intención de desbaratar la huelga, pero los manifestantes se repliegan al edificio del Sindicato Vertical. Entonces las incipientes comisiones obreras ya practicaban el entrismo, la infiltración en la Organización Sindical Española (OSE), la única central sindical que permitió el régimen entre 1940 y 1977, con la intención de coparla, aunque esto no impidió que sta 9.000 miles de sus militantes pasaran por los Tribunales de Orden Público y que incluso dos años antes, en 1968, destacados dirigentes de las comisiones obreras, como Marcelino Camacho, fueran encarcelados.

Una comisión negoció con la patronal el regreso al trabajo, con la promesa de comenzar a negociar un nuevo convenio al día siguiente, pero la asamblea la rechaza y sale otra vez a ocupar las calles. La Policía Armada enseña la cara más brutal del régimen, y carga con porras y botes de humo contra los manifestantes, que intentan defenderse con lo que encuentran a mano, pero la proporción de la represión alcanza límites insospechados cuando comienzan a sonar los disparos de fuego real.

Hubo más de cien detenciones, seis heridos de bala y tres de los obreros fueron asesinados por la Policía Armada: Cristóbal Ibáñez Encinas, un marmolista granadino, de 43 años; Manuel Sánchez Mesa, vecino de Armilla, de 27 años; Antonio Huertas Remigio, de 21 años, vecino de Macarena. “Uno con un balazo en el pecho. Otro con un disparo cerca del ojo. El tercero con un tiro en el cuello”, algunos testimonios llegaron a apuntar que el origen de las balas provenían del edificio donde estaba situado el Sindicato Vertical, donde posiblemente había agentes infiltrados de la Brigada Político Social.

El Ideal de Granada recogió la versión oficial, “choque entre manifestantes y la Fuerza Pública”, “la calma fue total durante el resto del día en la ciudad”, “tres muertos entre los manifestantes y varios policías heridos, uno de ellos gravísimo”, señalando que la policía actuó porque “hubo necesidad de repeler la agresión” de los manifestantes. Ningún mando policial se responsabilizó de haber dado la orden de abrir fuego, ningún agente fue juzgado por los disparos que acabaron con la vida de Cristóbal, Manuel y Antonio. “Los padres de Antonio Huertas Remigio ni siquiera pudieron enterrar a su hijo y no fueron informados de su asesinato hasta un día después. Las autoridades le dieron sepultura a Antonio en Granada para evitar más movilizaciones en su pueblo natal de Maracena.” En marzo del año siguiente, el juzgado militar de Granada sobreseyó la causa, eximiendo de toda responsabilidad a la Policía Armada.

La orden de disparar, según algunos historiadores, pudo provenir del gobernador civil de Granada, Alberto Leiva Rey, que también lo había sido de Ávila, además de jefe provincial de la Falange, y en 1969 había sido nombrado delegado nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento Nacional. El mismo año en que fueron asesinados los tres albañiles en Granada, declaraba: “Queremos, hoy como ayer, una España más clara, más rica, más justa, más limpia y más alegre. Queremos, hoy como ayer, la España exacta y digna que José Antonio soñaba.”

Días más tarde del asesinato de los tres obreros de la construcción, se firma el convenio colectivo, con algunas concesiones de la patronal, pero a lo largo de ese año y del siguiente serán muchos los participantes en la huelga despedidos como represalia. Dejaban claro también que “con esas muertes se quería escarmentar a quienes se habían atrevido a organizarse y a convocar una huelga que claramente ponía en cuestión el marco de relaciones laborales, impuesto por la fuerza franquista”. Dos años después, en 1972, caerían otros dos trabajadores en Ferrol, Daniel Niebla y Amador Rey, en una huelga de los trabajadores del sector naval, lo que iniciaría un ciclo de movilizaciones en toda Galicia que desembocaría en el Setembro Vermello vigués.

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