Por Alberto Vila
“Se necesitan dos para mentir, uno que miente y otro que escucha.”
Homer Simpson
La base de la credibilidad institucional siempre debería ser la honestidad de sus gestores. Esto será así, porque ninguna persona logra construir un círculo de confianza y credibilidad duradero si intenta sustentarlo con mentiras y falsedades. De nada sirve lo poderosos que sean influenciando a su entorno. La mentira surgirá de las cenizas de la necesaria honestidad en el desempeño de los cargos institucionales. Así muchos pretenden lograr el control de poder público. Lo hacen sometiendo a las instituciones de todos los ciudadanos a los intereses de unos pocos.
Ello ocurre, porque la capacidad de ser creído está vinculada más a lo que las personas crean de las instituciones, y de sus gestores, que a lo que hacen realmente. Es decir, credibilidad no está vinculada a la veracidad del mensaje, sino a los componentes generalmente subjetivos, con su parte de objetividad, que hacen que otros interlocutores crean, o no, en dichos contenidos.
La no aceptación de la derrota del candidato republicano, por parte de sus seguidores en estas elecciones estadounidenses, es el caso. Por ello, para tener credibilidad, la persona, o la información emitida, deben generar confianza en los demás. Estamos en los tiempos de la postverdad. De las usinas de fake news. De la máquina del fango de Umberto Eco. Son tiempos en los que descubrimos que lo cierto se ha vuelto incierto. Como cuando la honestidad de la monarquía se pretende desvincular de las conductas probablemente delictivas de sus miembros. No resulta creíble. En casos así, es donde las resoluciones judiciales despiertan sospechas acerca de su misión ejemplificadora. El caso Infanta.
Los relatos institucionales se confrontan con las campañas que someten a prueba a la credibilidad de las personas y a su capacidad para convencer al prójimo. Nos han dicho a la cara que las armas de destrucción masiva existían y, con el paso del tiempo, que no existían. Todo, en boca de la misma persona. Sin ninguna consecuencia. Mentir es moneda corriente. Se lleva a cabo hasta el extremo de negar lo que se ha comprometido. El contrato social se incumple y lo ofrecido se restringe. Sistemáticamente, los ciudadanos observan como los gestores institucionales quiebran el compromiso electoral sin consecuencias. Aún está pendiente la derogación de la mayor parte de la legislación del PP de M. Rajoy.
Si la credibilidad está sujeta a la confianza, el primer condicionante tendría que ser que la reputación institucional fuera solvente. Pero, a ojos de la ciudadanía, esa reputación se deteriora cuando se transgreden las reglas del juego institucional. Éstas implican a la legalidad vigente. Como ocurre con los obstáculos que se oponen a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inaceptable la pretensión de someter a los demás poderes del Estado de Derecho a una fiscalización desde un órgano que transgrede las normas. Tampoco la inviolabilidad de la monarquía es algo aceptable.
¿Es creíble una institución cuyos miembros están sospechados de corrupción fiscal, al menos? La credibilidad se basa en la honestidad. Ningún favor se les hace a las instituciones cuando se pretende ocultar o evitar que se le investiguen las causas que dieron lugar a las denuncias.
El mentir fue siempre el método preferido del despotismo. El caso de Donald Trump será estudiado profusamente. Un ejemplo de un gran manipulador que cosechó su éxito mediante el sacrificio de la verdad. Que se apoyó en plataformas mediáticas para medrar y sostenerse. Su ejemplo nos debe resultar cercano. La pretensión de judicializar a la democracia, para obtener de ese modo lo que no consigue por los mecanismos del sistema, también nos debería resultar cercano. Es el territorio del “lawfare”.
En definitiva, el ejercicio honesto de las funciones institucionales tendría que vigilarse y exigirse desde lo más alto de la estructura del poder público hasta el nivel menor del mismo. El control ciudadano es imprescindible para consolidar al sistema democrático como la herramienta más eficiente de perfeccionamiento de las personas. De la misma manera, el aceptar la mentira como práctica es convertirse en cómplice de la corrupción del sistema. Cuando se admite que los corruptores sigan impunes, también se normalizan las prácticas corruptas. Ese es el momento de los deshonestos.
Vigilar las conductas de los responsables institucionales es una obligación democrática. Movilizarse para denunciar irregularidades es un deber ciudadano. Si crees conocer la realidad por los medios de comunicación, probablemente aceptes lo inaceptable.
Ya te ha ocurrido.
Se el primero en comentar