Por Marta Herrera
En un artículo de este medio se exponía hace un año el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Siendo cierto lo que en dicho artículo se explicaba, se calificaba a la Comunidad de Madrid de “alumno listillo”. El calificativo no puede ser más acertado, pero con licencia del autor de aquella calificación, parece conveniente revisar dicho concepto para entender hasta qué punto es listillo.
Madrid es, efectivamente, una ciudad con una gran población que, además, vive concentrada en la urbe central o en grandes ciudades dormitorios. Eso le permite prestar servicios con mayores facilidades que si se tratara de un conjunto de pueblos con gran dispersión geográfica. Madrid garantiza el acceso a la justicia, a la educación, a la sanidad a menores costes que otras comunidades. Pero, si esto es cierto, ¿por qué los madrileños se siguen quejando? ¿Por qué los informes sobre la prestación de servicios siguen siendo tan negativos?[1]
La realidad es que la prestación de los servicios públicos esenciales es altamente deficiente. Pero comenzando por el principio. ¿Tienes los vecinos de un municipio derecho a esgrimir tales quejas? Conforme a la norma básica que regula los municipios, la Ley reguladora de Bases del Régimen Local 7/1985, los municipios deben prestar una serie de servicios, que vienen recogidos en el art.25 y que pasan desde el alumbrado hasta las bibliotecas, entre otros. Además, el art. 26 y siguientes recogen los supuestos tanto de delegación como de ayudas que deben prestar las provincias o comunidades en su cumplimiento. Se trata de la famosa coordinación y cooperación.
Para no ahondar en demasiados tecnicismos resumiros en que todos los vecinos de un municipio deberían obtener facilidades para acceder a lo más básico y que la comunidad debe ayudar a prestarlo. Entre ellos y a modo de ejemplo, el deporte. Dada su transcendencia para la salud fue objeto de protección en la propia Constitución (art.43.3) y actualmente su promoción es competencia de las comunidades autónomas (art.148.1.19ª de la misma Constitución). Finalmente, en la ley de bases se recoge la competencia del municipio en la “promoción del deporte e instalaciones deportivas y ocupación del tiempo libre” (art.25.2.l LRBRL). Tal es su relevancia que en la actualidad exiten dos leyes específicas: ley 10/1990 del Deporte o ley orgánica 3/2013 de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva). Sin embargo, la realidad es que no hay barrio de Madrid, ni en general barrio de España, que no sufra una falta o mala prestación de este servicio.
Para seguir describiendo por qué Madrid es ese alumno listillo, se deben manejar los términos “gestión directa” y “gestión indirecta”, que no son otra cosa que las distintas formas en que un municipio puede prestar sus servicios públicos. El eje del mal en este ámbito, el deporte, (y de forma muy similar el sanitario), es que se ha recurrido de forma sistemática y endémica a la “gestión indirecta”. Esto es, una empresa se encarga de gestionar los polideportivos que de otra forma serían dirigidos por la propia administración.
Las consecuencias son diversas y se acumulan: para comenzar no se prestan al mismo precio y por tanto no se compatibilizan las posibilidades de acceso a distintos recintos. En grandes comunidades como la de Madrid conviven a menos de dos calles polideportivos de gestión pública, con un precio, con polideportivos de gestión privada con otro precio, atentando contra la igualdad. Para seguir, ofrecen servicios distintos, pues unos ofertan clases, otros no, unos tienen equipos, otros no, unos tienen pistas, otros piscinas. Pero en la práctica esto supone la mitad de opciones para el doble de vecinos. Al considerarse equivalentes el de gestión directa e indirecta cuentan como dos centros, pero sólo uno presta el servicio al doble de gente. La lógica consecuencia es que esto supone saturaciones en todos los centros, ya que encima no se puede cambiar de un centro a otro.
La realidad de la gestión de las comunidades es que se ha convertido en una guerra salvaje por el ahorro dónde conseguir un buen servicio de carácter esencial es prácticamente imposible
Para continuar, cuando la empresa que gestiona ese servicio indirecto se aproxima a su último periodo del contrato deja de prestar los servicios con la calidad que se exige: falta de calefacción, de entrenadores, de medios. A eso debe sumarse los servicios que dejan de prestarse en el caso de avería, que suelen tardar meses en reparar. En el caso del madrileño barrio de San Blas, junto con una piscina sin calefacción ahora se suma la caída del techo de la piscina alternativa. Los dos únicos centros con piscina están fuera de uso o en condiciones lamentables. Los usuarios se ven forzados a acudir al tercer y último centro que, además, sí se construyó siendo pequeño para un barrio residencial.
Este mero ejemplo solo ilustra la situación en que se encuentran servicios públicos que tienen el carácter de esencial en nuestra legislación. A una mala y deficitaria gestión pública directa ahora se suma el abuso de la gestión indirecta que satura el sistema, explota las posibilidades de beneficios y disminuye la calidad de la prestación efectiva. Madrid es el alumno listillo porque abusa de esa reconcentración de vecinos para dar menos medios. Las comunidades aumentan sin cesar el número los contratos de gestión indirecta para disminuir costes, sacrifican la calidad y permiten que las ideas capitalistas empresariales dirijan los servicios públicos, que repetimos, tienen carácter de esencial.
Hospitales saturados por toda España, barrios sin bibliotecas, usuarios sin opciones reales de ocio saludable y servicios de transporte insufribles. La realidad de la gestión de las comunidades es que se ha convertido en una guerra salvaje por el ahorro dónde conseguir un buen servicio de carácter esencial es prácticamente imposible y dónde Madrid sólo es el listillo porque usa a sus ciudadanos como su mejor arma. Ciudadanos que, sin embargo e irónicamente, cada vez se sienten más abandonados que aquellos que emprendieron el éxodo rural hace ya medio siglo.
[1] Entre otros: informe de la AEVAL http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Percepcion_2016.pdf o de KPMG sobre transparencia https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias/2016/03/camino-hacia-transparencia-buen-gobierno-administraciones-publicas.html
Se el primero en comentar