“La sección de Lublin del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Oficina de la Fiscalía de Polonia presentó la petición al tribunal para prolongar la detención preventiva de Pablo González”
Por Cecilia Remis / LQSomos
Pablo sufre el aislamiento y la incomunicación desde su detención el 28 de febrero, en Przemyśl, localidad en la frontera polaco-ucraniana, donde el periodista estaba cubriendo el éxodo de refugiados ucranianos hacia Polonia durante los primeros días de la invasión rusa de Ucrania.
La solicitud de prorroga será examinada por el tribunal regional de Przemysl (sureste) el próximo martes 23 de agosto. La Agencia de Seguridad Interna (ABW) polaca acusa a González de trabajar para la inteligencia militar de Rusia (GRU), aunque se desconoce en que se basa la acusación, pues no se permite conocer las causas de su acusación ni a la familia, ni a su abogado Gonzalo Boyle.
La solicitud de prorroga se ha hecho pública este viernes 19 de agosto, aunque más que una prórroga, es una solicitud de mantenimiento de secuestro, todo se desarrola en un contexto de falta de garantías total y un régimen casi de incomunicación, no se está cumpliendo ningún protocolo europeo que ampare los derechos fundamentales del detenido, lo que hay es una vulneración salvaje sobre la Carta Europea de Derechos Humanos.
En su declaración, la Fiscalía indicó que las bases de la petición son “una bien fundada preocupación por un fraude de procedimiento, temor de ocultamiento o fuga y el hecho de que sobre González pesa un riesgo de una pena elevada si es condenado”.
El periodista fue detenido por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) polaca, que dirige contra Pablo González difusas acusaciones de espionaje. Todo está en un limbo hasta el momento, más aún por el veto práctico a casi todas las comunicaciones con el periodista. Su compañera, Oihana Goiriena, ha manifestado que la única comunicación que tienen con es por carta, que llegan censuradas y con 2-3 meses de retraso.
Mientras Pablo González sufre estas condiciones de detención en un país de la Unión Europea, el gobierno español guarda un silencio que le hace cómplice de esta violación de los Derechos Humanos, algo similar a lo que está ocurriendo con la brigada mediática española, salvo excepciones (Público, Naiz), que parece no estar interesada en denunciar este ataque contra el derecho a la información y a la libertad de prensa.
¿Dónde están las garantías de DERECHO de un estado europeo?
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