Esta medida, que busca combatir la mercantilización de la maternidad, supone además un precedente judicial y abre la vía para bloquear webs internacionales.
Por Gabriela Rojas | 7/11/2025
En una medida positiva para la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia, la Fiscalía ha logrado cerrar, por primera vez en España, páginas web y perfiles en redes sociales que promocionaban la gestación subrogada, una práctica conocida popularmente como «vientres de alquiler». Esta medida, impulsada desde las Fiscalías de Barcelona y Madrid, representa un paso firme contra la explotación reproductiva y la cosificación de las mujeres, prohibida expresamente en nuestro país.
El origen: una denuncia que destapa la red
Todo comenzó en 2024 con una denuncia presentada por una asociación feminista de Vigo. Esta alerta incluía un listado de entre 20 y 30 empresas, abogados e intermediarios que, desde sedes en Barcelona, Madrid, Málaga o Guadalajara, ofrecían abiertamente servicios de gestación subrogada en destinos como Ucrania. Aunque inicialmente se exploró la vía penal, la ausencia de gestaciones concretas llevó a la Fiscalía a actuar por la vía civil: publicidad ilícita y desleal.
La fiscal de consumo de Barcelona, Paloma Pelegrín, pionera en esta cruzada, explicó que las webs no solo vulneraban la ley, sino que «cosificaban» a mujeres y embriones, tratándolas como mercancías. Anuncios que ponían precio a óvulos, destacaban la «piel blanca» de las gestantes o prometían «bebés a medida» fueron el detonante. En Barcelona, mediante mediación, dos empresas retiraron voluntariamente su contenido entre finales de 2024 y 2025.
En Madrid, el Juzgado de lo Mercantil nº 12 fue más contundente: en abril de 2025 dictó medidas cautelares contra una empresa, ordenando el cierre inmediato de su web y perfiles en Facebook, Instagram y X. Un mes después, una sentencia condenatoria la obligó a publicar el fallo en las mismas redes, calificando la publicidad como «ilícita».
La ley que blindó la prohibición
España lleva décadas en la vanguardia contra esta forma de violencia reproductiva. La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida declara nulos de pleno derecho los contratos de subrogación. La Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva va más allá: prohíbe explícitamente la publicidad de agencias intermediarias y califica los vientres de alquiler como explotación.
Aun así, el vacío se colaba por internet: webs españolas o con delegaciones nacionales captaban clientes para procesos en el extranjero (Ucrania, Georgia, EE.UU.), donde luego los bebés se registraban en España burlando la norma. En 2024, 154 menores nacidos así fueron inscritos gracias a resoluciones judiciales foráneas. Pero el Gobierno cerró esa puerta en abril de 2025: una instrucción del Ministerio de Justicia prohíbe el registro directo, exigiendo filiación biológica o adopción posterior.
¿Por qué es una medida positiva?
Protege la dignidad de las mujeres: La subrogación no es un «servicio», sino una forma de alquiler del cuerpo femenino, a menudo en contextos de pobreza y desigualdad. Las gestantes sufren riesgos hormonales, emocionales y renuncian a derechos maternales por dinero.
Además, también se defiende el interés superior del menor: Los bebés no son productos. Esta práctica genera niños «a la carta» y vulnera su derecho a conocer sus orígenes.
Otro aspecto importante es que se cierra la puerta al turismo reproductivo. Miles de españoles viajaban al extranjero para eludir la ley. Ahora, ni la publicidad ni el registro serán fáciles.
Esta medida supone un precedente judicial. Abre la vía para bloquear webs internacionales. La Fiscalía ya ha pedido a Telecomunicaciones y al Instituto de las Mujeres colaboración para restringir accesos, y baraja la Audiencia Nacional para casos complejos.
El camino por delante
Pese al éxito, quedan retos. Muchas páginas operan desde servidores extranjeros y se multiplican como hongos. La fiscal Pelegrín advierte: «Son multitud». Pero esta actuación pionera envía un mensaje claro contra la compraventa de la maternidad.
Las organizaciones feministas han celebrado esta medida, pero exigen más. Hay que perseguir universalmente el delito e imponer sanciones económicas duras. Porque, como recuerda el Tribunal Supremo, los vientres de alquiler atentan contra la dignidad humana. En un mundo donde la tecnología facilita la explotación, la Fiscalía ha demostrado que la ley puede ser un escudo.
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