Esto es otra de las estrategias de presión urdidas por el lobby de las VTC en Europa, encabezado por Uber, Free Now o Bolt para acabar con todas las medidas que protegen a los usuarios.
Por Taxi Project.
El pasado domingo, se publicó una noticia sobre una encuesta realizada por Metroscopia para Aseval, una de las patronales de las VTC, y cuyo título no ha pasado desapercibido sobre todo dentro del sector del taxi, por lo que en un principio podría parecer algo muy categórico: “Nueve de cada 10 madrileños quieren que Uber y Cabify sigan circulando después del 30 de septiembre”.
Ya con el título se puede intuir, así a primera vista, la estupidez supina de esta afirmación, un total disparate que tiene mucho sentido viniendo de la patronal a la que huyó Cabify y Moove, principal flota de Uber, los cuales parece que están gastando sus últimos cartuchos antes de tener que retirar sus vtc este próximo octubre, mediante la aplicación del Decreto Ábalos.
Y lo más lamentable ya no es que la patronal de las VTC haga esto, de hecho es lo más normal viendo que su burbuja va a estallar y no van a poder seguir chanchulleando más con las autorizaciones VTC como habían estado haciendo hasta ahora, (gracias en gran parte a la complicidad de gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, o de Juanma Moreno en Andalucía) sino que medios como el que publica esta noticia o empresas tan supuestamente serias como Metroscopia, se presten a estas tonterías, tan fáciles de desmontar.
Porque, por ejemplo, para empezar, estamos hablando de que según esta encuesta, se supone que 9 de cada 10 madrileños quieren que Uber o Cabify sigan circulando mediante 800 llamadas telefónicas.
800 llamadas telefónicas que suponen tirando por lo alto, el 0,01 de la población total de la Comunidad de Madrid. ¿De verdad Metroscopia y el Mundo los tienen tan cuadrados de publicar que una parte ínfima de las personas que viven en la capital tienen el poder decidir por los 6 millones y pico de personas restantes?
Pero vamos, que es lo que tienen las encuestas pagadas por una de las partes implicadas, que manda quien pone la pasta. Lo de los medios que publican luego la estupidez, pues mucho sentido no tiene, básicamente porque entendemos que un medio serio no pretenderá tomar por idiotas a sus lectores…. O bueno, quién sabe.
Por otra parte, es curioso que en la encuesta no se de la información al completo, ocultando datos y detalles muy importantes al público y simplemente se quede en las cuestiones que suponemos que les interesa sacar a la palestra a la patronal de las VTC, que como indicamos, al final es quien paga la encuesta para influir en la opinión pública, como por ejemplo también, desregular (y liberalizar) el sector del taxi, tachando de restricciones de manera peyorativa (como si fuera algo perjudicial) a una serie de medidas que en realidad, están totalmente y legalmente justificadas como proporcionales por el Tribunal Supremo en beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos y para poder mantener un servicio público como es el sector del taxi, donde son las administraciones, en representación de las estas y estos, las que regulan e implementan las normas.
Tampoco Metroscopia ha preguntado a los 800 encuestados (recordemos,el 0.01, 9 de cada 10 dicen, nos pinchan y no sangramos), que estas empresas como Uber o Cabify sigan tributando en paraísos fiscales sin aportar ni un duro a las arcas públicas. Desde Taxi Project, no creemos que a las ciudadanas y a los ciudadanos les parezca bien que estas empresas no ayuden a mantener servicios tan importantes como la sanidad, la educación, las pensiones o las infraestructuras. Normal que no lo pregunten en sus encuestas. De hecho por eso mismo hemos denunciado a Uber por fraude fiscal ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
Por último, en la encuesta tampoco preguntan a las madrileñas y a los madrileños qué les parece que a los vehículos VTC que van a dejar de operar en trayectos urbanos ya les hayamos pagado una indemnización por ello, como parche por parte de la administración que durante años y gracias a su gestión chapucera, ha permitido que este tipo de vehículos de empresas como Cabify o Uber circulen por nuestras ciudades, de manera ilegal y sin ningún tipo de control, perjudicando tanto a la movilidad como a la salud de todas y de todos. Tampoco creemos que a nadie les gusten las ilegalidades y menos que tengamos que pagar entre todos para que dejen de hacerlas.
De hecho, diríamos que a los ciudadanos no les debe hacer ninguna gracia que sigan circulando los vehículos de estas empresas cuando ya se les ha pagado con dinero de todos para que dejen de hacerlo y dejen de perjudicarnos.
Pero bueno, por otra parte la situación a lo mejor tampoco es tan mala, porque si tan desesperados están, será porque probablemente estén viendo que octubre se acerca y por fin va a poder ordenarse la movilidad de las ciudades en beneficio de todas y todos, y no sólo de unos pocos como han pretendido siempre, llenando las calles con sus vehículos sin importarles cómo podían afectar a la salud o a las otras formas de movilidad a las que tienen derecho las ciudadanas y ciudadanos, y no sólo el taxi, sino por ejemplo, también el autobús, otro de los elementos indispensables en los servicios públicos de cualquier ciudad que se va a ver beneficiado por el Decreto Ábalos, gracias a la lucha y a la persistencia de los taxistas.
Por último sólo queríamos recordar que esto simplemente es otra de las estrategias de presión urdidas por el lobby de las VTC en Europa, encabezado por empresas como Uber, Free Now o Bolt para acabar con todas estas medidas que protegen a los usuarios y los ciudadanos en servicios públicos regulados como el taxi, con el objetivo de imponer y someter a estos sectores tan importantes a sus propias normas, normas en beneficio de unos pocos, como las decenas de fondos de inversión y de grandes riquezas que están jugando mucho dinero y muchos intereses para acabar con el sector del taxi. De hecho el mes pasado, varios diputados del Grupo de Los Verdes y otros tantos de la Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica, preguntaron en la Comisión Europea como es posible que pretendan eliminar limitaciones de vehículos VTC para supuestamente beneficiar a los usuarios y a la sostenibilidad de las ciudades, cuando gracias a un trabajo que realizamos desde Taxi Project con varios sindicatos de conductores del estado de California, hemos demostrado que según las VTC se van introduciendo en el mercado desplazando al sector del taxi, van incrementando de manera escandalosa sus precios, perjudicando así a las usuarias y a los usuarios, entre otras cuestiones.
Un trabajo muy importante y que viene a desmontar con datos y de manera rigurosa todas estas estratagemas de Uber, Cabify, Bolt o Free Now y que está siendo una herramienta de defensa esencial para los partidos que están a favor de los servicios públicos, donde sabemos que el impacto de cualquier norma que se apruebe es tan brutal que puede definir una lucha en la que llevamos años y que nos afecta a todas y a todos.
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