El objetivo final de la destrucción de monumentos antifascistas es borrar oficialmente la memoria histórica antifascista, cambiar el pasado borrando el ennoblecimiento de una lucha.
Por Lucio Martínez Pereda | 14/02/2025
La destrucción de monumentos no es un fenómeno reciente. Su origen no está ligado a la actual “ Guerra Cultural” de nuestro polarizado y vehemente siglo XXI. Su origen está inserto en el inicio de la Historia anterior a la historia escritamente documentada. Las imágenes monumentales -es decir los artefactos públicos para crear memoria- son anteriores a los primeros textos escritos conocidos, son un texto visual que precede al texto escrito. A lo largo de la Historia, desde la antigua Roma hasta los conflictos modernos, destruir monumentos ha sido una forma oficial de borrar o reescribir la memoria histórica y eliminar las narrativas que se consideran incómodas para el Poder. La destrucción de monumentos – al menos desde Roma y desde la aniquilación sistemática de monumentos- es una forma de “damnatio memoriae”. A lo largo de la historia ha habido sucesivas oleadas iconoclastas-monumentales, amparadas por motivaciones ideológicas , motivadas por enfrentamientos religiosos, venganzas personales y activadas por la lucha por dotar de legitimidad de origen al nuevo poder que necesita hacer desaparecer los recuerdos del anterior.
Un artículo periodístico no es el espacio adecuado para hacer un extenso repaso de todos los casos históricos. Nos centramos en dos contextos recientes. La controversia sobre las estatuas ecuestres de los generales confederados en Estados Unidos es la primera de ellas. En septiembre de 2021, se retiró un monumento polémico: la estatua del general Robert E. Lee en Richmond, Virginia. Esta estatua, erigida décadas después de la guerra civil había sido objeto de intenso debate por ser considerada un símbolo del racismo, de la supremacía blanca y del pasado esclavista del país. La remoción de la estatua fue ordenada por el gobernador demócrata Ralph Northam el verano anterior, en el contexto de las protestas nacionales tras la muerte de George Floyd. Durante la manifestación de extrema derecha contra la retirada de la estatua del general un neonazi condujo su vehículo contra un grupo de contra manifestantes, matando a una joven mujer. Además, se retiraron 32 monumentos confederados en varios estados, 9 en Carolina del Norte y 9 en Virginia. Estos ataques a la memorialística del pasado poco tenían que ver con el interés por ese pasado y si mucho con el hecho de llevar a cabo una re evaluación histórica de la mirada política actual en un contexto de política caliente que además había coincidido con la brutalidad policial practicada contra varios hombres negros.
El segundo caso sucedió en el mundo musulmán: la destrucción de los Budas de Bumiyan. Se asentó en el conocimiento mediático de la opinión pública, contribuyendo a extender el lógico rechazo a la ortodoxia intransigente del fundamentalismo yihadista. El grupo terrorista Estado Islámico destruyó imágenes en Irak, Siria y Libia desde 2014. En Palmira, derrumbaron estatuas antiguas: el Templo de Baalshamin, el Templo de Bel y el Arco de Triunfo. Pero este hecho de violencia iconoclasta religiosa no debe hacernos olvidar que el mundo del cristianismo no ha estado exento de este tipo de intransigencias. Es más, la Guerra de las imágenes más larga y más antigua tuvo lugar en el ámbito de las querellas teológicas cristianas. La querella de las imágenes, o controversia iconoclasta, fue un conflicto teológico y político que sacudió el Imperio Bizantino entre los siglos VIII y IX. Este debate se centró en el uso y veneración de imágenes religiosas, llamadas iconos.El conflicto comenzó con un edicto prohibiendo la representación de la divinidad en imágenes. Los iconoclastas (“rompedores de imágenes”) se oponían al uso de iconos, argumentando que constituía idolatría y violaba el Segundo Mandamiento. Los iconófilos (“amantes de las imágenes”) defendían la veneración de imágenes como una forma de expresar la fe. La controversia iconoclasta concluyó en 843 permitiendo nuevamente el uso y veneración de iconos en la práctica religiosa bizantina. Los iconoclastas argumentaban con la prohibición bíblica de representar a Dios en imágenes, con la imposibilidad de representar la naturaleza divina de Cristo, incluso con la creencia de que las derrotas militares y desastres naturales eran castigos divinos por la adoración de imágenes. Los argumentos teológicos de los iconódulos eran igualmente potentes: la encarnación de Jesús como justificación para representar a Dios visiblemente y la distinción entre ídolos (representaciones de entidades inexistentes) e iconos (representaciones de personas reales).
El pasado se venera como fuente identitaria de la comunidad. Pero el pasado es un tiempo pasado ya no existe y en consecuencia es más débil de lo que habitualmente pensamos: excepto para los historiadores, ninguna afirmación sobre el pasado, puede confirmarse con el examen de unos hechos ya desaparecidos: no podemos verificarlos con su observación. A esta debilidad hay que añadir que el conocimiento histórico tiende a ser consensuado y cuando se consensua produce su propia memoria mediante los artefactos memorialísticos que conocemos con el nombre de monumentos, pero este empeño difícilmente alcanza su objetivo sino es apoyado por el poder oficial de un gobierno. Por eso la destrucción oficial de monumentos tiene una capacidad deconstructiva de memoria superior a cualquiera de las otras motivaciones iconoclásticas. El objetivo final de la destrucción de monumentos antifascistas – el que aquí nos ocupa- es borrar oficialmente la memoria histórica antifascista, cambiar el pasado borrando el ennoblecimiento de una lucha, y debilitar la existencia de conciencia crítica en la sociedad para así facilitar el resurgimiento de ideologías autoritarias en Europa. El fenómeno del borrado memorialístico se ha producido especialmente en Europa del Este y en algunos países de Europa Occidental. La formación de gobiernos de derecha reaccionaria y gobiernos de ultraderecha ofreció la oportunidad a estas fuerzas de poner en marcha programas de “resignificación nacional”. La destrucción de monumentos varía según el país: Polonia: 400 monumentos demolidos; Letonia: 70 monumentos; Estonia: 60 monumentos; Ucrania: 50 monumentos; Lituania: 50 monumentos; Hungría: 100 monumentos; Rumania, República Checa y Bulgaria: cada una con 100 monumentos.
Solamente desde 2016, Polonia ha eliminado más de 230 monumentos soviéticos, justificando su acción como un rechazo al comunismo, aunque estos monumentos en su mayor parte conmemoraban la derrota nacional del nazismo. Pero el borrado del pasado no fue solamente de memoria histórica, tambien lo fue de la investigación histórica: llegó hasta el extremo de que en 2018 el gobierno aprobó una ley que penalizaba a quienes implicaran a los polacos colaboracionista en el Holocausto. La Ley de 2018 sobre los “Campos Polacos” penaliza referirse a los campos de concentración nazis en Polonia como “polacos”. No se podía hacer ninguna referencia a las pequeñas empresas locales que sabiendo lo que sucedía en estos campos proporcionaban insumos básicos para el mantenimiento diario de estos artefactos genocidas. Esta medida busca hacer desaparecer el debate histórico sobre las colaboracionistas con el nazismo
En Letonia y Estonia se han eliminado monumentos bajo el argumento de que simbolizan la ocupación comunista, ignorando su conexión con la lucha antifascista. En Letonia se ha destruido el monumento que conmemoraba la victoria sobre el nazismo, el Monumento a los Libertadores en Riga, desmantelado en 2022. La narrativa histórica oficial ha minimizado el papel del Ejército Rojo en la liberación nazi y ha debilitado el reconocimiento del antifascismo como un elemento unificador. En Estonia actualmente está en marcha una campaña para desmantelar más de 200 monumentos. Hungría ha desmantelado aproximadamente 100 monumentos soviéticos que conmemoraban la victoria contra el nazismo. El caso croata ilustra perfectamente la destrucción sistemática de los monumentos antifascistas. La Asociación de Veteranos Antifascistas calculó que más de tres mil monumentos partisanos fueron dañados privadamente o destruidos oficialmente en los años 90.
En Italia el gobierno de Giorgia Meloni ha reducido el énfasis en fechas clave como el 25 de abril, día de la liberación del nazifascismo, mientras promueve celebraciones nacionalistas como el 4 de noviembre (derrota austrohúngara en 1918). La ultraderecha italiana también ha cuestionado la resistencia partisana, calificándola como una narrativa politizada. La Resistencia como base de la identidad nacional ha sido cuestionada por sectores que buscan minimizar las atrocidades cometidas por los fascistas italianos, atribuyendo toda la responsabilidad a los nazis extranjeros y anulando la imprescindible ayuda de sus colaboradores locales. Algunos monumentos fascistas, como el gigantesco bajorrelieve de Mussolini en Bolzano, han sido preservados con modificaciones mínimas.
Alemania -comparada con Italia- ha adoptado una postura más estricta hacia su pasado nazi. Las leyes prohíben la negación del Holocausto y símbolos nazis, y existe un consenso más amplio sobre la condena al nazismo como base de la democracia alemana. Aunque Alemania ha avanzado en la condena del nazismo, partidos como Alternativa para Alemania (AfD) han promovido discursos que minimizan los crímenes nazis. Por ejemplo, Alexander Gauland calificó al nazismo como una “caca de pájaro” en comparación con los 1.000 años de historia alemana.
En Francia la ultra derecha liderada por Marine Le Pen rechaza reconocer crímenes históricos como la colonización de Argelia o la complicidad del régimen de Vichy en las redadas contra miles de judíos.
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