El gobierno PSOE-Sumar sigue adelante con su deriva militarista, asumiendo sin cuestionamientos las demandas de la OTAN y la agenda de rearme impulsada por la Unión Europea.
Por Ernesto Vílchez | 23/04/2025
El reciente anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la aprobación de una partida militar extraordinaria de 10.470 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en defensa, exigido por la OTAN, profundiza la política militarista de la coalición PSOE-Sumar. Lejos de las promesas de progreso social que caracterizaron su discurso, el Ejecutivo ha optado por alinearse incondicionalmente con los intereses atlantistas y de Bruselas, abrazando una deriva belicista que prioriza la militarización de Europa sobre las necesidades de la clase trabajadora. Esta decisión, tomada sin pasar por el Congreso, no solo evidencia una sumisión absoluta a las directrices de la OTAN, sino que pone en riesgo el bienestar social de la ciudadanía española bajo el pretexto de una supuesta amenaza rusa inminente.
Más militarismo atlantista
La coalición PSOE-Sumar, que dice representar valores progresistas, sigue adelante con su deriva militarista, asumiendo sin cuestionamientos las demandas de la OTAN y la agenda de rearme impulsada por la Unión Europea. El Ejecutivo ha cedido a las presiones de Washington y Bruselas, comprometiéndose a acelerar el aumento del gasto militar mucho antes del plazo inicial de 2029. Esta partida de 10.470 millones de euros, aprobada por decreto en el Consejo de Ministros, no solo eleva el presupuesto de defensa a niveles históricos, sino que también consolida a España como un peón obediente en la estrategia geopolítica de la OTAN.
El argumento oficial para justificar este desembolso es la ‘amenaza rusa’, un relato que se ha intensificado desde la agudización de la guerra de Ucrania en 2022 y que sirve de pretexto para legitimar una carrera armamentística sin precedentes. Sin embargo, esta narrativa oculta los verdaderos beneficiarios de la militarización: las grandes empresas de armamento, que están viendo incrementados sus beneficios gracias a los jugosos contratos derivados de estas políticas. Mientras Sánchez asegura que el aumento del gasto militar impulsará la ‘reindustrialización’ de España y Europa, lo cierto es que estas inversiones enriquecerán principalmente a un puñado de corporaciones transnacionales, como Airbus o Indra, a expensas de los recursos públicos.
Recortes sociales inevitables
A pesar de las declaraciones de Sánchez, quien ha insistido en que ‘ni un solo euro se recortará de las políticas sociales’ para financiar este incremento militar, la realidad económica desmiente sus palabras. Con una deuda pública que supera el 104% del PIB y un déficit fiscal que limita el margen de maniobra, es evidente que el aumento del gasto militar solo puede financiarse mediante recortes en otras partidas presupuestarias o un mayor endeudamiento, que a la larga recaerá sobre la clase trabajadora.
La experiencia de otros países europeos que han abrazado el rearme es un claro aviso de lo que está por venir. En Alemania, el gobierno de coalición liderado por los socialdemócratas ha propuesto eximir el gasto militar de las estrictas reglas de deuda, lo que ha llevado a recortes en programas sociales, como la financiación de servicios públicos y ayudas a los sectores más vulnerables. En
Francia, el aumento del presupuesto de defensa ha coincidido con una creciente austeridad, incluyendo restricciones en el gasto en sanidad y educación, mientras el gobierno de Macron justifica estas medidas como necesarias para ‘fortalecer la seguridad’. En Polonia, que destina más del 4% de su PIB a defensa, los recortes en el sistema de pensiones y en los servicios sociales han generado protestas en las calles, evidenciando el impacto directo del militarismo en la calidad de vida de la población. Estos ejemplos demuestran que el rearme no es un ejercicio inocuo, sino una elección política que prioriza los intereses de las élites capitalistas sobre las necesidades de la mayoría trabajadora.
En España, donde casi 850.000 personas están en listas de espera quirúrgica y el sistema público de salud sufre una crónica falta de financiación, la decisión de destinar más de 10.000 millones de euros a armamento resulta particularmente indignante. Los recursos que podrían destinarse a mejorar la sanidad, la educación o la vivienda pública se desviarán hacia la compra de misiles, drones y tanques, perpetuando un modelo económico que favorece a la industria militar en detrimento de los derechos sociales.
Sin debate ni transparencia
Uno de los aspectos más preocupantes de esta decisión es la falta de debate democrático. Al optar por aprobar la partida militar mediante decreto, sin someterla a votación en el Congreso, el gobierno PSOE-Sumar demuestra un desprecio absoluto por la soberanía popular y las instituciones democráticas. Esta maniobra pretende ocultar a la ciudadanía las verdaderas implicaciones de esta política belicista.
La sumisión del gobierno a la OTAN no es nueva. Ha respaldado todas las operaciones clave de la alianza, incluyendo el envío de armamento a Ucrania y la participación en misiones militares en el flanco este de Europa. Sin embargo, esta decisión marca un nuevo nivel de compromiso con los intereses atlantistas, colocando a España en el centro de una estrategia que no solo aumenta las tensiones globales, sino que también aleja al país de una política exterior independiente y orientada a la paz.
La aprobación de esta partida militar extraordinaria es un insulto a los trabajadores, quienes enfrentan el aumento del coste de la vida, la precariedad laboral y la erosión de los servicios públicos, mientras el gobierno opta por engrosar el presupuesto militar, alineándose con las élites de Washington y Bruselas en lugar de responder a las necesidades reales de la población.
La complicidad de Sumar, que a pesar de sus críticas retóricas ha respaldado las políticas clave del gobierno, revela la vacuidad de su supuesto progresismo. La clase trabajadora no puede confiar en partidos que, bajo la fachada de la izquierda, perpetúan las mismas políticas de austeridad y belicismo que benefician a las élites.
Frente a esta deriva belicista, es urgente que la clase trabajadora y los movimientos sociales se organicen para rechazar el rearme y exigir que se prioricen cuestiones sociales sobre los intereses de la industria armamentística. La historia nos enseña que las carreras armamentísticas no traen seguridad, sino conflicto, desigualdad y sufrimiento.
La lucha por un futuro de paz y equidad pasa por desafiar la narrativa de la ‘amenaza rusa’ y cuestionar la sumisión de España a la OTAN. Es hora de exigir un debate público sobre el gasto militar, la derogación de esta partida extraordinaria y la reorientación de los recursos hacia las verdaderas prioridades de la sociedad: sanidad, educación, vivienda y empleo digno. Solo una movilización masiva podrá frenar esta deriva belicista y devolver la política al servicio de la clase trabajadora.
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