El 54% del alumnado madrileño acude a una escuela pública que se desmorona por la falta de apoyo institucional.
Por Jayro Sánchez | 22/05/2025
De pie entre sus compañeros de bancada del Partido Popular (PP) y mirando a los miembros de la oposición con especial énfasis, el ministro José Ignacio Wert dijo: «Yo espero sinceramente que hoy haya terminado en torno a la reforma de la educación el tiempo de destruir y que todos empecemos el de construir».
Era el día 28 de noviembre de 2013, y el Congreso de los Diputados acababa de aprobar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Según su propio preámbulo, buscaba: reducir la tasa de abandono escolar, equiparar los resultados académicos españoles a los del resto de la comunidad internacional, «mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes».
Siete años después, en el momento de su derogación y su sustitución por la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), sus objetivos distaban mucho de estar cumplidos. Los datos de Eurostat demuestran que, entre 2013 y 2020, el porcentaje de la población estudiantil nacional que abandonaba la escuela de forma temprana solo se había reducido en un 7,6%. Y, en el siguiente cuatrienio, en un 3% más.
Como reconoce el propio Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la actual cifra de la tasa de abandono de las aulas se encuentra a 3,5 puntos por encima de la media de la Unión Europea (UE).
En cuanto a los datos relacionados con el rendimiento escolar, la comparación entre las ediciones de 2018 y 2022 del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, en sus siglas en inglés) revela que ha habido una disminución generalizada de las puntuaciones obtenidas en matemáticas y comprensión lectora, así como un ligero aumento en las notas de ciencias.
Distintas investigaciones sociales apuntan a que hay una relación entre estos dígitos y el hecho de que España tenga la tasa de desempleo juvenil más alta de la UE —la cual alcanzó el 26,6% en el pasado mes de marzo— desde hace décadas. Y también dan pie a la sospecha de que existe una conexión entre esos números y el bajo nivel de emprendimiento de los jóvenes españoles —solo el 6% de ellos ha podido permitirse crear o dirigir una empresa en 2025—.
Caos constituyente
Una de las claves de todos estos problemas reside en los constantes cambios de leyes educativas que ha vivido el país. Desde el final de la dictadura franquista (1939-1975), España ha experimentado la aprobación de 8 legislaciones distintas sobre esta materia a nivel nacional.
Víctor López, profesor de Historia en un instituto de educación secundaria en Madrid sur, cree que «esas reformas no han venido bien porque han querido alterar la cultura académica de sus antecesoras. Los docentes no somos capaces de implementar en los currículos las medidas que proponen. El tiempo que nos dan es insuficiente. Solo 3 o 4 años, que es lo que tardan en derogar la nueva normativa».
«La educación es una cuestión de Estado en la que tendrían que estar de acuerdo las grandes formaciones políticas y los partidos nacionalistas, que son los encargados de aplicarla de manera concreta en los territorios donde hay lenguas cooficiales», explica. Y pasa a afirmar que «la situación actual causa desorientación, falta de previsión e incluso incomprensión entre el alumnado y sus tutores».
Alejandro Rohenes, que imparte Lengua Castellana y Literatura en el IES Humanejos de Parla, coincide con Víctor en que la confusión legislativa «es una de las bases del desastre educativo en España».
Entiende que es necesario «un pacto de Estado consensuado con todos los actores», incluido el cuerpo académico. Pero especifica que «las competencias sobre esta materia están en manos de las comunidades autónomas, por lo que también son responsables de lo que está ocurriendo».
Cuentas pendientes
El caso de Madrid es un claro ejemplo. Según sus propias declaraciones, el Gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso ha planeado invertir en 2025 6.699,6 millones de euros en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Esta cifra representa «casi una cuarta parte del total de las cuentas de la Comunidad», detalla la página oficial del organismo.
Su afirmación de que el «presupuesto garantiza la igualdad de oportunidades educativas para todos los alumnos, la libertad de elección de las familias, el apoyo a la labor docente, la reducción de ratios y la mejora de la calidad de la enseñanza» es cuestionada por Antonio Hermoso, profesor de Filosofía en el IES Parque Lisboa de Alcorcón.
«Los profesionales de la enseñanza llevamos años en una situación muy precaria. La huelga de 2011 en contra del recorte masivo de la educación pública se cerró en falso. Los representantes gubernamentales se comprometieron a reducir nuestra jornada a 18 horas lectivas, y eso no se ha cumplido», dice.
Se refiere al conflicto laboral desatado por la decisión de Lucía Figar, consejera de Educación durante el mandato de la expresidenta Esperanza Aguirre (2003-2012), de despedir a más de 3.000 trabajadores interinos para, en sus propias palabras, ahorrar 80 millones de euros al erario público.
La política justificó su toma de postura aludiendo a la excepcional gravedad de la crisis económica que afrontaba el país. Sin embargo, sus críticos contraargumentaron que el Partido Popular estaba aprovechando la coyuntura para destruir la calidad de la enseñanza en los centros públicos y fomentar el éxito del modelo privado-concertado que intentaba imponer en la región desde su llegada al poder en 1995.
Mareando a la Marea
El anuncio de Figar acabó desembocando en grandes protestas multitudinarias que se extendieron a buena parte del territorio nacional en los siguientes 3 años. Integrados en el conocido movimiento de la Marea Verde, miles de profesores, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles y participaron en las diez jornadas de huelga convocadas en 2011, así como en los paros generales de mayo de 2012 y octubre de 2013.
No obstante, en Madrid nada ha cambiado. «Junto con Galicia, somos la única Comunidad que mantiene la jornada de 20 horas lectivas. Han pasado casi 10 años. Esto es un agravio», describe Antonio, defendiendo con rotundidad la convocatoria de las últimas concentraciones por la educación pública en la capital española.
El pasado 23 de febrero, alumnos, docentes y familiares de ambos colectivos se reunieron en la calle de Alcalá para marchar ante las puertas de la Consejería de Educación, ahora en manos de Emilio Viciana. Su objetivo era mostrar la indignación nacional contra los tijeretazos que no dejan de asestarse contra el modelo público.
Cuando lo acabo, me voy
Laura Rodríguez, que da clases de Lengua en el mismo instituto que Antonio, insiste en la desesperada situación en la que sus trabajadores viven. «Nuestro horario supera con creces la jornada legal, y se extiende a los fines de semana. No tenemos un verdadero sistema de fichaje», aclara.
«Necesitamos recursos y tiempo. Supongo que esto pasa en otras partes, pero, en Madrid, cualquier profesor tiene una media de 140 alumnos que atender. Nos piden que les demos una atención individualizada y personalizada… ¡Y aprendernos sus nombres ya es un reto! Que alguien me explique cómo puedo ayudar a tantas personas en clases de 55 minutos», reflexiona Alejandro Ugena, que enseña Economía en el instituto Humanejos.
Todos los docentes indican que están sobrecargados. Su trabajo no se limita a impartir «una ingente cantidad de contenidos» y evaluar «conforme a una gran multitud de criterios», sino que se les exige rellenar numerosos informes, atender a los estudiantes con necesidades especiales, «establecer planes de seguimiento y mejora, informar a las familias, resolver los problemas de convivencia diarios…etcétera».
«Un simple dato: si tengo 140 alumnos y para individualizar su atención me reuniera con cada uno de ellos 15 minutos mensuales, dedicaría en exclusiva una semana entera de cada mes a dar tutorías. Las administraciones públicas y la ley nos encomiendan algo imposible. Al menos, con las condiciones actuales», explica Ugena.
Acciones
Víctor concuerda con él. «Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es reducir las ratios de las clases. Su masificación tiene unos efectos terribles, sobre todo en las zonas más deprimidas a nivel económico».
Otro tema a tratar de manera concreta en la Comunidad de Madrid, ya mencionado por Antonio, sería la reducción de las horas lectivas. «En otras comunidades autónomas, el recorte ya se ha revertido. Aquí, ha habido dos intentos de acuerdo en los últimos cursos escolares. Y se han roto por parte de las instituciones en ambas ocasiones», esclarece el profesor de Historia.
La última medida urgente que se le ocurre es la de destinar más recursos de las administraciones al modelo público. «El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita comunitario permite aumentar las partidas financieras. En otros lugares con menos capacidades se ha hecho sin problema».
¿Escuela o negocio?
Esto último parece obvio. El Informe 2024 sobre el estado del sistema educativo del Consejo Escolar del Estado revela que el Gobierno regional madrileño es, entre los 18 existentes, el quinto que más ha invertido en educación en 2023 y el duodécimo que más aumentó su financiación con respecto a 2022. Resulta paradójico, porque Madrid es la región con mayor PIB per cápita y una de las economías más prósperas de todo el país.
Silvia González, compañera de Ugena y Rohenes e integrante del Departamento de Filosofía en el Humanejos, cree que estos datos confirman que los distintos Ejecutivos derechistas que vienen sucediéndose en la Real Casa de Correos han configurado «una estrategia política neoliberal de deterioro de lo público para su privatización».
Ese es uno de los elementos centrales a la hora de entender las quejas de la comunidad educativa madrileña. Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el 54% de los alumnos de la región que cursaban enseñanzas no universitarias en Madrid en 2024 lo hacían en escuelas públicas. Y el consejero Viciana dedicó ese mismo año alrededor de un 20,6% del total del presupuesto público educativo a financiar colegios e institutos concertados.
«Esta Comunidad solo sabe maltratarnos. Trabajamos más horas por menos salario, lo que quiere decir que los resultados que obtenemos son gracias a nuestro voluntarismo», declara Silvia, quien cita la inestabilidad de las plantillas docentes como uno de los problemas más acuciantes del sistema.
«No podemos mostrar implicación y continuidad. Cuesta mucho conocer al alumnado y, cuando empezamos a familiarizarnos con su contexto, se nos acaba el contrato y tenemos que irnos a otro instituto porque se ofertan menos plazas en oposición de las necesarias».
La civilización en decadencia
La falta de financiación no solo afecta al profesorado. La mayoría de los centros públicos regionales fueron construidos en las décadas de 1970 y 1980, por lo que necesitan reformas de envergadura.
«El desgaste de las infraestructuras es notorio. Goteras, malos aislamientos, sistemas de calefacción antiguos y poco eficientes, falta de toldos y de aires acondicionados para cumplir los requisitos de climatización…», desgrana Rohenes.
También provoca que el alumnado vea mermado su derecho constitucional a una educación pública de calidad, ya que en sus colegios e institutos «falta personal de apoyo psicológico, hay demoras en las sustituciones de los maestros que se encuentran de baja y existen dificultades con las subcontratas del personal no docente y con la gestión de los presupuestos».
Hugo, un estudiante de Bachillerato de un instituto de Parla, tiene muy claro lo que necesitan él y sus compañeros. «No se nos asignan espacios ni materiales adecuados. Las ratios hacen que tengamos menos atención individual y que nuestro tiempo de participación siempre escasee. Además, los profesores no pueden mantener bien el orden ni la concentración para exponer sus programas».
Critica con dureza que se incorporen pantallas digitales nuevas y de alta tecnología en las aulas mientras las instalaciones más básicas se vienen abajo sin que nadie las arregle.
Jóvenes en alerta
En ambos lados de la clase se admite que las incomodidades materiales y las distintas visiones sobre cómo debe desarrollarse la vida escolar causan algunos desencuentros.
«Es importante que haya suficiente profesorado y que esté bien cualificado. A veces no tenemos a nadie enfrente en un mes o dos, y el que se intente paliar su ausencia mediante el empleo de gente que ya está agotada por su propio trabajo, que es excesivo, me parece un error», opina Hugo.
Una de sus compañeras, Sofía, comparte sus quejas sobre la carencia de lugares y materiales adecuados para impartir las clases. «Echamos de menos muchos recursos: una buena conexión a Internet, mobiliario básico, orientadores, ascensores y rampas para personas con discapacidades físicas…».
Los dos entienden que la metodología de evaluación y de enseñanza sigue siendo muy tradicional, y que desde las instancias competentes debería impulsarse un aprendizaje más práctico y participativo que aproveche las posibilidades que brinda la digitalización. «Podrían darnos a conocer cosas muy útiles sobre impuestos, facturación, ahorro, gestión de emociones, creatividad, civismo, responsabilidad social, medioambiente o ciberseguridad», remarca Hugo.
Educación escolar y familiar
Por su parte, Víctor entiende que la relación entre profesores y estudiantes está cambiando. «Desde mi experiencia particular, hace años que vengo observando que el nivel de educación con mayúsculas ha descendido bastante entre los chicos. Las clases son más ruidosas y disruptivas, y muchas veces es imposible hacerlas sensibles y receptivas para ellos. Es algo que tensiona nuestras relaciones».
Casi todos comparten la sensación de que los alumnos más problemáticos lo son debido a que sus familias no saben o no quieren corregir sus malos comportamientos. «Para ellos, somos vendedores de notas y sacos de boxeo. Desprestigian lo público porque creen que no lo están pagando», dice Laura.
Rohenes precisa que «cuestionan la autoridad del profesor en el aula, tanto a nivel académico como disciplinario. Cuando piden revisar las notas de un examen, muchas veces es para que se las cambiemos y no para intentar entender en qué deben mejorar».
«Hay casos en los que ni siquiera aceptan nuestras sanciones. Una vez, un grupo de adolescentes filmó cómo rompía las patas de acero de uno de sus pupitres. Sus tutores conseguimos hacernos con el vídeo y acordamos una reunión con sus padres», narra.
«Al mostrarles las pruebas, algunos de ellos aceptaron a regañadientes el castigo, pero no asumieron que tenían que hablar con sus hijos sobre la importancia de decir la verdad y asumir la responsabilidad de sus actos. Algo que nosotros sí intentamos recalcar con los propios estudiantes. Incluso hubo una madre que se negó a firmar la sanción y siguió rechazando que el muchacho del que era responsable fuera culpable, a pesar de que se lo veía en el vídeo y de que este había aceptado su participación».
¿La salida de la infancia?
Raquel Morras, docente de Lengua en el IES Parque Lisboa, piensa que para afrontar todo esto «necesitas ser pedagogo, administrativo, docente, sanitario… Y no tienes la formación. Yo lo que percibo es que a los alumnos les da igual lo que ocurra. Están en el punto ideológico A porque es lo que oyen en las redes y en sus casas, y de ahí no los sacas».
Cristina Quiles, su compañera de departamento, observa que «ya no son autónomos. Es una regresión absoluta. Hay padres que me han llegado a exigir que, cuando los chavales faltan, les mande correos diciéndoles lo que tienen que hacer».
«La comunicación con las familias debería ser mejor. No nos sentimos apoyados al nivel que deberíamos», reconoce Antonio.
Como él, Ugena mantiene una posición intermedia en esta cuestión. «A nivel general, se puede decir que los alumnos detectan los mismos problemas que nosotros. Lo que ocurre es que no saben identificar sus raíces, y eso afecta de manera directa a nuestra conexión con ellos».
Sean sus diferencias las que sean, es evidente que maestros, estudiantes y tutores legales deben unirse para frenar la decadencia y destrucción del modelo de educación pública en Madrid. La alternativa es inquietante. La plasma muy bien Javier Arenales, uno de los compañeros de Antonio, Laura, Raquel y Cristina, justo antes de volver a la primera línea del frente cuando suena la campana del fin del recreo: «Al final, vamos a dejar que todo se convierta en una empresa que busca clientes».
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