Por Puño en alto
La Conferencia Episcopal, la Patronal y la derecha valiente y patriotera han coincido en rechazar el llamado Ingreso Mínimo Vital que tiene decidido implantar el Gobierno para atender a las familias que se han quedado sin ingresos por consecuencias directas e indirectas de la pandemia. Hay que tener en cuenta que, en España, 12,3 millones de personas se encontraba a finales de 2019 en riesgo de pobreza. Hoy con la crisis del coronavirus estas cifras se habrán disparados.
Mediante manifestaciones públicas y con sus matices y motivaciones han coincidido en rechazar esta herramienta de justicia social que el gobierno de la nación ha decidido instaurar muy probablemente a partir de mayo para que nadie se quede atrás en la crisis económica que está originando el coronavirus.
Los obispos españoles, a diferencia del Papa, rechazan la medida porque creen que una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común. Al parecer, la curia hispana, prefiere como horizonte deseable que se eternice en el tiempo las largas colas de ciudadanos en las puertas de las iglesias para que la beneficencia les atienda en sus necesidades básicas antes que sea el Estado quien las atienda desde el derecho que le asisten como ciudadanos y no desde la caridad. Lo que esconde la Iglesia patria con su rechazo al Ingreso Mínimo Vital es un miedo a perder esta herramienta de proselitismo eficaz que supone la Caridad en situación de precariedad. Hay que recordarles a esos obispos que la permanencia en el tiempo de la exención del pago del IBI a las propiedades de la Iglesia, muchas de ellas obtenidas de manera muy cuestionable desde el punto de vista legal y ética gracias a las inmatriculaciones masivas, tampoco es un horizonte deseable para el bien común.
Por su parte, la patronal, CEOE y Cepyme, esconden su rechazo al Ingreso Mínimo Vital por una supuesta deslealtad al diálogo social del Gobierno para con ellos. Curiosamente, los empresarios no han visto deslealtad alguna al dialogo social, cuando desde el Gobierno se han comprometido fondos multimillonarios de euros para créditos, así como, para financiamiento del pago de los salarios de los trabajadores que están en ERTE entre otras iniciativas. Los empresarios ven en el Ingreso Mínimo Vital un riesgo, por una parte, para conseguir más fondos para sus intereses que pocas veces coinciden con los intereses de la mayoría social y, por otra parte, un riesgo de que de algún modo, la clase trabajadora no esté en situación de vulnerabilidad que le haga aceptar cualquier trabajo sea cual sea el salario y las condiciones laborales del mismo como le permite la reforma laboral del PP y siga subsistiendo la precariedad laboral de la que se han venido beneficiando de una manera tan inmoral.
La ultraderecha montaraz y parte del PP rechazan el Ingreso Mínimo Vital tildándola de broma e insignificante además de descalificarla denominándola “paguita”. Hecho que ha servido para que le recuerden a Abascal que para paguita la que generosamente recibía de Esperanza Aguirre sin más objetivo que el de llenarle los bolsillos. Hay que seguir recordando que Vox votó en contra de que se eliminase de la actual legislación laboral el artículo que permitía despedir a un trabajador estando de baja médica.
Del mismo modo, le han recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también se ha significado en su rechazo al Ingreso Mínimo Vital, que no puso ninguna objeción a que su familia recibiera de Avalmadrid 400.000 euros para sostener una supuesta empresa familiar. Tanto PP como Vox no quieren esta iniciativa social del Gobierno, no porque crean que es insuficiente, sino más bien porque ven peligran el caldo de cultivo donde extender su proselitismo perfecto contra el Gobierno progresista, manipulando el estado de necesidad de millones de ciudadanos.
Así en pocas palabras, se puede observar como los curas, la patronal y la derecha coinciden de manera torticera en rechazar una propuesta social, mirando exclusivamente sus propios intereses, que ni por asumo se acercan al interés de una gran parte de la mayoría social que se encontraba en situación de vulnerabilidad antes de la crisis sanitaria y más aún ahora con la debacle económica que está originando la misma.
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