La concentración de la tierra tiene consecuencias devastadoras para los pequeños y medianos campesinos, que constituyen el 94% de las explotaciones agrarias pero controlan menos del 25% de la superficie cultivable.
Por Ricardo Guerrero | 17/04/2025
En pleno siglo XXI, España continúa lidiando con un problema estructural profundamente arraigado: la concentración de la tierra en manos de unos pocos grandes propietarios, un fenómeno conocido como latifundismo. Este sistema, que beneficia a elites con fortunas colosales y títulos nobiliarios, se ve reforzado por las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. La persistencia de esta desigualdad agraria no solo perpetúa privilegios históricos, sino que también obstaculiza el desarrollo y bienestar de los pequeños y medianos campesinos. Hoy, más que nunca, es imprescindible una reforma agraria que democratice el acceso a la tierra y desmantele el poder de los latifundistas.
Una desigualdad agraria alarmante
La distribución de la tierra en España es una de las más desiguales de Europa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y estudios agrarios, el 1% de los propietarios controla más del 50% de la superficie agraria útil, mientras que el 80% de las explotaciones, de pequeño y mediano tamaño, apenas poseen el 10%. En regiones como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, el latifundismo es especialmente pronunciado: el 0,6% de las explotaciones (más de 1.000 hectáreas) abarca el 43% de la tierra cultivable. El coeficiente de Gini para la propiedad de la tierra, que mide la desigualdad, alcanza un preocupante 0,73 a nivel nacional, y hasta 0,81 en Extremadura, comparable a países con históricos problemas de latifundismo como México o Colombia.
Esta concentración tiene raíces históricas en los repartos de tierras tras la Reconquista, las desamortizaciones del siglo XIX y el refuerzo de los grandes propietarios durante el franquismo. A pesar de intentos reformistas, como la Ley de Reforma Agraria de 1932 de la Segunda República, la estructura agraria española sigue marcada por la hegemonía de los grandes terratenientes.
Grandes latifundistas: Riqueza, poder y títulos nobiliarios
Entre los principales propietarios de tierras en España se encuentran figuras que combinan enormes fortunas con un legado aristocrático. Algunos ejemplos destacados son:
Casa de Alba: Liderada por Carlos Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba, esta familia posee unas 34.000 hectáreas, principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sus fincas, como Dueñas en Sevilla o Las Arroyuelas en Córdoba, se dedican a cultivos de cereales, olivos y actividades cinegéticas, generando ingresos millonarios. La Casa de Alba recibe cerca de 2,9 millones de euros anuales en subvenciones de la PAC.
Juan Abelló: Este empresario, uno de los hombres más ricos de España, controla unas 40.000 hectáreas, incluyendo la finca Lobillo en Ciudad Real (7.000 hectáreas). Su patrimonio, diversificado en sectores como la banca y la farmacéutica, se ve engrosado por las ayudas europeas, que superan el millón de euros anuales.
Familia Flores: Con Samuel Flores a la cabeza, esta familia acumula más de 34.000 hectáreas en Albacete, Ciudad Real y Jaén. Su finca El Palomar, dedicada a la ganadería y cacerías, recibe aproximadamente 1,25 millones de euros al año de la PAC.
Otros latifundistas: Familias aristocráticas como los Mora-Figueroa Domecq (marqueses de Tamarón) o los Osuna, junto a empresarios como José María Aristrain y los Botín, controlan vastas extensiones, a menudo heredadas o adquiridas como inversiones especulativas.
Muchos de estos propietarios ostentan títulos nobiliarios (duques, marqueses, condes), lo que refleja la conexión entre el latifundismo y el poder aristocrático. Estas familias no solo dominan la tierra, sino que también ejercen influencia política y social, perpetuando un sistema de privilegios.
La PAC: Un sistema que favorece a los grandes propietarios
La Política Agraria Común de la UE, diseñada para apoyar la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria, ha tenido un efecto perverso en España: reforzar la desigualdad agraria. De los 2.800 millones de euros que la PAC distribuye anualmente en ayudas directas, el 20% de los beneficiarios (grandes propietarios) acapara el 80% de los fondos, mientras los pequeños agricultores reciben migajas. Esto se debe a que las subvenciones se calculan principalmente por hectárea, lo que beneficia directamente a quienes poseen mayores extensiones.
Por ejemplo, fincas como las de la Casa de Alba o la familia Flores reciben millones de euros que no siempre se destinan a una agricultura productiva. Muchas de estas tierras se utilizan para actividades de baja intensidad, como pastos para ganadería extensiva, cacerías o cultivos especulativos (eucaliptos, almendros), lo que maximiza las ayudas con un mínimo esfuerzo. Esta dinámica ha sido criticada por fomentar el abandono de tierras cultivables y la especulación, mientras los pequeños campesinos, que producen alimentos esenciales, apenas reciben apoyo.
Aunque el Gobierno español ha propuesto limitar las ayudas a los grandes beneficiarios y priorizar a los pequeños productores, las reformas han sido insuficientes. La PAC, en su forma actual, actúa como un mecanismo que consolida el poder de los latifundistas en lugar de promover un modelo agrario equitativo.
Impacto en los pequeños y medianos campesinos
La concentración de la tierra tiene consecuencias devastadoras para los pequeños y medianos campesinos, que constituyen el 94% de las explotaciones agrarias pero controlan menos del 25% de la superficie cultivable. Los principales efectos incluyen:
Barreras al acceso a la tierra: Los altos precios de los terrenos, impulsados por la especulación y la demanda de grandes inversores, hacen casi imposible que los pequeños agricultores compren o arrienden tierras productivas.
Competencia desleal: Los latifundistas, con acceso a subvenciones masivas y economías de escala, dominan los mercados, dejando a los pequeños productores en desventaja.
Despoblación rural: La falta de oportunidades lleva a muchos campesinos, especialmente jóvenes, a abandonar el campo, agravando el problema de la España vaciada. En 2023, el 30% de los municipios rurales españoles estaban en riesgo de desaparecer.
Pérdida de soberanía alimentaria: La priorización de actividades especulativas en grandes fincas reduce la producción de alimentos locales, aumentando la dependencia de importaciones y afectando la sostenibilidad.
Estos factores perpetúan un ciclo de marginalización para los pequeños campesinos, quienes enfrentan dificultades para mantener sus explotaciones y garantizar su bienestar económico.
La reforma agraria: Una necesidad inaplazable
La persistencia del latifundismo en España, respaldada por la PAC y anclada en estructuras de poder históricas, demuestra que la cuestión agraria sigue sin resolverse. La Ley de Reforma Agraria de 1932, aunque ambiciosa, fue truncada por el golpe de estado reaccionario y el franquismo. En el siglo XXI, una nueva reforma agraria es urgente para garantizar un modelo agrario justo, sostenible y democrático. Esta reforma debería incluir:
Redistribución de la tierra: Expropiar tierras improductivas o especulativas para entregarlas a pequeños agricultores, cooperativas y jóvenes campesinos.
Reforma de la PAC: Reorientar las subvenciones hacia los pequeños y medianos productores, limitando las ayudas a los grandes latifundistas y promoviendo la agricultura ecológica.
Fomento de cooperativas: Apoyar la creación de cooperativas agrarias que permitan a los campesinos mejorar su competitividad y acceder a mercados.
Protección del medio rural: Garantizar servicios públicos (sanidad, educación, transporte) en las zonas rurales para frenar la despoblación.
Soberanía alimentaria: Priorizar cultivos destinados al consumo local y reducir la dependencia de actividades especulativas.
La concentración de la tierra en España, dominada por grandes latifundistas como la Casa de Alba, Juan Abelló o la familia Flores, es un vestigio de un sistema feudal que persiste en el siglo XXI. Las subvenciones de la PAC, lejos de corregir esta desigualdad, han consolidado el poder de los grandes propietarios, muchos de ellos con títulos nobiliarios, mientras los pequeños y medianos campesinos luchan por sobrevivir. Esta situación no solo perpetúa la desigualdad, sino que también frena el desarrollo rural y la soberanía alimentaria. Hoy es más necesaria que nunca una reforma agraria que termine con los privilegios de los latifundistas, democratice el acceso a la tierra y construya un futuro agrario equitativo y sostenible para todos los españoles.
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