Los participantes en la protesta están cansados del expolio al que sus sucesivos gobernantes les han sometido en esta materia, y ya han dicho estar dispuestos a organizar una huelga que mantenga en paro al sector hasta que se cumplan sus exigencias.
Por Jayro Sánchez | 1/03/2025
La plaza del Emperador Carlos V brilla bajo el sol de un domingo que promete ser primaveral. Como en otros puntos arteriales de Madrid, el rumor intermitente provocado por los diálogos de millones de personas que vienen y van se ha convertido en el sonido de fondo imprescindible para entender su condición de lugar de paso diario.
Una confusa amalgama de vehículos particulares y taxis recorre los seis carriles de la glorieta, intentando adelantar y esquivar a sus homólogos entre los pitidos estridentes y caóticos del tráfico matutino madrileño.
Los semáforos de la avenida de la Ciudad de Barcelona se han puesto en rojo, y los individuos que ascienden desde las profundidades de la estación de Atocha cruzan de manera desordenada la calzada, dirigiéndose hacia la confluencia del paseo del Prado con la cuesta de Moyano.
Son una masa heterogénea de hombres y mujeres, ancianos y niños, adultos y adolescentes. Sin embargo, componen un grueso conjunto de abrigos, pañuelos, jerséis, camisetas y pantalones de diversas tonalidades verdes. Y tienen un objetivo en común: defender la educación pública.
La marcha de los desamparados
Acuden a manifestarse contra el abandono de esta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, controlado por distintos líderes conservadores del Partido Popular (PP) desde hace tres décadas.
La movilización ha sido convocada por 89 colectivos entre los que se encuentran organizaciones de profesores y estudiantes de todos los niveles de enseñanza, asociaciones de familia, sindicatos y formaciones políticas.
Y pretende ser una advertencia para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quienes en el último año y medio han puesto en marcha una serie de medidas erráticas y muy polémicas que han agravado la ya de por sí precaria situación financiera y estructural del modelo educativo público.
Bailando entre números
Varias furgonetas de la Policía Nacional permanecen cruzadas sobre el asfalto al inicio del paseo del Prado. Detrás de ellas, los manifestantes se organizan por grupos para iniciar la marcha hasta la céntrica Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Ejecutivo comunitario.
La Delegación del Gobierno informa de que la concentración está integrada por unas 25.000 personas, pero los grupos convocantes aseguran que son unas 100.000. Quizás la verdadera cifra de asistentes se halle en un punto intermedio. Resulta difícil de discernir.
Lo que sí es cierto es que la muchedumbre ocupa la carretera en el sentido circulatorio que avanza hacia la intersección con la calle de Alcalá, y que esa «marea» verde se extiende por las aceras situadas a ambos lados de ella.
Es una enorme multitud indignada que comienza a corear lemas y a soltar pitidos a través de pequeños silbatos con la finalidad de llamar la atención sobre la batalla que sostiene contra un Estado que, según sus miembros, no se hace cargo de sus competencias.
Despojados y cómplices
Varias banderas empiezan a alzarse. Unidas Podemos (UP), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Confederación General del Trabajo (CGT), Izquierda Revolucionaria… Todos estos órganos políticos y sindicales aseveran estar del lado de los trabajadores y alumnos de la enseñanza pública madrileña.
A su vez, ellos caminan hacia la plaza de Cibeles, ya sea en solitario o en compañía de familiares, amigos y tutores de sus mismos centros educativos. Sus reclamaciones son serias y contundentes.
«La falta de recursos, de plazas públicas, la segregación educativa y el empeoramiento generalizado de las condiciones laborales del profesorado y del personal no docente, impide que la sociedad pueda disfrutar de la educación pública, universal y de calidad que se merece», expresa el manifiesto publicado por una de las principales agrupaciones que han convocado la marcha, la plataforma Menos Lectivas.
Los participantes en la protesta están cansados del expolio al que sus sucesivos gobernantes les han sometido en esta materia, y ya han dicho estar dispuestos a organizar una huelga que mantenga en paro al sector hasta que se cumplan sus exigencias.
Pero la situación, explican, no es de la exclusiva responsabilidad del Gabinete comunitario. El Gobierno estatal, sostenido por una coalición parlamentaria mezcla de fuerzas centroizquierdistas y nacionalistas regionales, también es un cómplice que asiste con pasividad ante la ejecución de las políticas de recortes.
La diferencia entre lo público y lo gubernamental
La «marea» verde rodea la fuente de Cibeles a la vista de las ventanas tras las que los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid trabajan los días laborables. El alcalde municipal, el derechista José Luis Martínez-Almeida, quizás oirá sus quejas a través de la televisión de su casa en la calle del Poeta Joan Maragall, situada en uno de los distritos más caros de la ciudad. ¿Las entenderá o compartirá?
Los manifestantes avanzan por la calle de Alcalá y, al pasar frente a las sedes de la Consejería y el Ministerio de Educación, abuchean a gritos a los dirigentes que ocupan sus sillones.
Pocas horas antes, Viciana ha colgado un vídeo en su perfil de Twitter en el que declaraba: «Este domingo se manifiestan los de siempre, los activistas de la universidad pública. Son los mismos que callan cuando Sánchez saca la LOSU, la peor ley para las universidades públicas. Pero los militantes salen a la calle ahora porque así lo mandan los partidos y los sindicatos de su cuerda».
Si bien es cierto que la izquierda política y sindical se ha sumado a la concentración, el consejero obvia que no es la única que la conforma. Miles de estudiantes y de profesionales de la educación han asistido a ella para dejar clara su disconformidad con sus actuaciones.
Un historial variado
La presidenta Ayuso nombró en su actual cargo a Viciana en junio de 2023, solo unas semanas después de obtener una rotunda victoria electoral que la permitió gobernar con mayoría absoluta. La decisión sorprendió incluso dentro del PP, pues el político parecía ser un joven tecnócrata sin un perfil ideológico demasiado marcado.
El máximo dirigente de la política educativa madrileña pronto ha demostrado, según la secretaria de Enseñanza de CC. OO., Isabel Galvín, que maneja su departamento con escasa pericia.
Los pocos «espacios de diálogo» habilitados para ejercer «la negociación colectiva» con el personal de los centros han sido dinamitados por su intervención, por lo que se ha revelado como uno de los agentes más eficaces del programa de privatización de los servicios públicos de Ayuso.
Su gestión ha estado caracterizada por: el desvío de los recursos financieros comunitarios hacia las escuelas concertadas, la proposición y aprobación de leyes muy polémicas a las que se opone un amplio sector de la comunidad educativa, la consumación de un macroproyecto político concebido para ser enfrentado con la obra legislativa del Gobierno nacional y la inconstancia de sus tomas de postura.
Punto de inflexión
Nadie contesta a las demandas desde la Consejería. Los que protestan llevan mucho tiempo esperando oír respuestas, y siempre obtienen las mismas. Hoy es otro día más. Siguen avanzando hacia la Puerta del Sol entre consignas. Ya solo les quedan unos centenares de metros.
Aun así, son conscientes de que la situación es insostenible. Igual que Viciana, Ayuso, el Ejecutivo central, la oposición, los sindicatos, los medios de comunicación e, incluso, el ciudadano medio. ¿Cuánto tiempo tardará en estallar la chispa definitiva? ¿El Estado aceptará ocuparse de lo que es responsable? ¿La comunidad educativa irá a la huelga para forzarle a ello? Mientras tanto, ¿qué será de este país?
Se el primero en comentar