Por Alberto Vila
“No hay nada más terrible, insultante y deprimente que la banalidad”
Antón Chejov
Parece que ser corrupto en España es una cualidad. Que montar tramas para beneficio propio usando recursos públicos es una manera de vida. Comprender desde las portadas de medios de prensa nacionales el curioso enriquecimiento del ex Jefe de Estado es un escándalo ético que se ha “naturalizado”. Tal vez la puerta que nos abre a que retorne el “ius primae noctis”, derecho de pernada, aristocrático.
Todo puede ser en este triste reino. Lo que surge con claridad, es que la impunidad se concentra en un grupo de privilegiados a los que todo sugiere que no están obligados a cumplir la ley. Que el acortamiento de los plazos de prescripción es algo que aporta valor a los procedimientos judiciales, pese a que favorecen a los imputados. Así la justicia europea deja en entredicho a un Tribunal Supremo que sigue anclado en juzgar según a quién.
En todo caso, un escasamente científico informe demoscópico, elaborado por la factoría Ferreras que han llamado “Barómetro de La Sexta”, ofrece un panorama ético desolador. Según dicen sus conclusiones, a un 37.2% de las personas de este país las conductas comerciales de Juan Carlos I vinculadas a su función son “poco o nada graves”. De nada sirve que el 66% sienta desconfianza por su conducta. Pero, profundizando en esta disociación cognitiva que exponen con frecuencia los españoles, el que un 71.90% de los votantes del PP crean en la equidad de la justicia que se le aplicará es, cuando menos, banalizar la conducta. En el caso de la ultra ultraderecha de VOX el porcentaje sube hasta el 78,5%. Es más, los votantes de esta formación, el 77,2%, cree que el emérito no está relacionado con las comisiones que se le atribuyen. Según otra fuente, en este caso oficial, el barómetro del CIS, el 75,8% de los votantes del PSOE y el 88,2% de los seguidores de los de Podemos, no consideran que haya una justicia igual para todos en relación a la investigación sobre el rey emérito.
Curiosamente, el destacado líder socialista y promotor de la Gestora que sustituyó a Pedro Sánchez al frente del PSOE, Emiliano García-Page, ha afirmado temerariamente en su carácter de presidente autonómico, en el programa de la Sexta “Al Rojo Vivo” que, “según fuentes bien informadas” que no ha aclarado, que ese dinero “se trata de donaciones”. Este político a juicio de este analista, de modo irresponsable, sostuvo que “las comisiones ilegales son «claramente delito», no así las donaciones, que harían más difícil extraer una conclusión jurídica”. Su extraña justificación de la posible conducta delictiva del emérito fue qué, a su juicio, el rey Juan Carlos «ha sido de los que ha aportado a la historia de España». Page señaló “que le parece tremendo que sentenciemos tantos años de democracia y transición… Pero todo el mundo tiene que responder y todo tiene que quedar claro».
En este panorama desconcertante, el Consejo General del Poder Judicial sigue actuando en funciones. Anomalía que en nada contribuye a despejar las sospechas sobre la calidad de la Justicia en España. De más está decir la tendencia ultraconservadora de la mayoría de sus miembros, en una España en la que esa posición ideológica sigue siendo minoría.
En la presentación del último informe sobre la corrupción, Silvina Bacigalupo, la presidenta de Transparencia Internacional en España, indicó que la mejora de cuatro puntos respecto del informe anterior se debe a la moción de censura y a algunos juicios que esclarecieron casos de corrupción institucional. Esta información se dio a conocer en el informe del 2019, en el que España ha obtenido 62 puntos sobre 100, frente a los 58 de hace un año. Nuestro país ocupa la posición 13 dentro de los 28 de la UE. Este índice otorga una puntuación de 0 (sumamente corrupto) a 100 (muy transparente), en función de la percepción que tienen expertos y ejecutivos sobre el grado de corrupción existente en el sector público en relación a sobornos, desvío de fondos públicos, protección legal de los denunciantes, acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos o trabas administrativas entre otros. Para ello se utilizan 13 fuentes de datos de 12 instituciones independientes.
La imagen internacional de España se ha visto extremadamente deteriorada. Para la mayoría de españoles esta información no se difunde como debería por los grandes grupos de comunicación. Lo cierto, es que los que se golpean el pecho gritando por la bandera o por la coalición del gobierno de izquierdas, nada hacen para corregir esta lacra que nos ensucia y hace avergonzar.
Defender a España no es defender a corruptos. Tampoco “afinarles” los procesos judiciales. Eso es traicionar a todas las víctimas de los ajustes, de la pandemia y a las que siguen enterradas en cunetas y fosas comunes. España son sus gentes. No tiene dueños más que la voluntad de sus gentes. Quién piense lo contrario es un traidor. Ser corrupto es ser traidor.
Hay que regenerar España.
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