Juan Carlos I y sus hacedores

Por Sabino Cuadra Lasarte

¿Los reyes nacen o se hacen? Al margen de que con el paso del tiempo puedan llegar a tenerla un tanto diluida por aquello de la ingesta, ¿es verdad que tienen sangre azul o esto es un infundio? Y entrando en el tema que nos ocupa, ¿qué aporta a este interesantísimo y sanguíneo debate la saga borbónica?

La troika monáquico-constitucionalista del PSOE, PP y Vox acaban de rechazar en la Mesa del Congreso las distintas peticiones formuladas a fin de crear una Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades fiscales del actual rey emérito español, Juan Carlos I. La razón aducida para ello dada es simple: la Constitución española (artículo 56.3) afirma que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad“. Según esto, el rey no puede ser investigado, procesado y, mucho menos aún, condenado por actividades realizadas en su ámbito privado y personal. Es decir, consideran que el monarca, como el agente 007, cuenta con licencia para defraudar, robar o delinquir de la forma más descarnada. Punto pelota.

El asunto viene a cuenta de que la Fiscalía suiza sospecha que el emérito podía haber cometido un delito de cohecho llevándose 100 millones de euros por sus labores de conseguidor en la adjudicación de la obra del AVE en Arabia Saudí a varias empresas españolas. De este dinero, ingresado por el rey de ese país Abdul Aziz Al Saud en una fundación panameña vinculada a Juan Carlos I, 65 millones fueron a parar a la que ha sido su amante durante cinco años, Corina Larsen. O sea, 36.100 euros por día de amantía.

Quizás los borbones no tengan sangre azul, pero sí un ADN especial. Solo hay que seguir el rastro dejado a lo largo de los tres siglos transcurridos entre Felipe V, primero en la saga, hasta el actual, Felipe VI, para darse cuenta de ello: Fernando VII, Carlos III, Carlos IV, Fernando VIII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII y el emérito, Juan Carlos I. Un ADN borbónico en el que destacan dos cromosomas. El primero, ser todos ellos unos bragueta alegres compulsivos (Isabel II no lo fue en este sentido literal, por supuesto, pero sí en todo lo demás) y el segundo el no hacer ascos a ningún negocio, prebenda o apropiación, incluida la trata de esclavos, que sirva para engordar sus patrimonios.

Entronado por Franco, que no por otro, Juan Carlos I fue jurador de los principios del Movimiento, adorador del dictador y exaltador del golpe del 18 de julio. Sin embargo, cual Paulo de Tarso, durante la Transición se produjo su conversión democrática, hasta el punto de ser el principal eje sobre el que pivotó el tránsito de la dictadura al régimen actual. Así lo afirmó su leal oposición, quien, en cosa de meses, pasó de considerarlo un crápula y un facha, a descubrir en él todo un compendio de virtudes democráticas.

El franco-rey, al principio, no era nadie. Podía haber seguido el camino de su cuñado Constantino, que se quedó sin reino cuando en Grecia el pueblo echó a los coroneles golpistas, en 1974, y aprovechó de paso para sacudirse aquella monarquía que había legitimado al régimen de los milicos helenos. Pero no fue así. Aquí la leal oposición (PSOE, PSP y PCE en primer término) se tragó todo su pasado franquista y lo consagró en la Constitución como Jefe del Estado y Jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La guinda fue otorgarle la su inviolabilidad antes comentada. Hiciera lo que hiciera, nadie podría cuestionar sus andanzas públicas ni privadas.

Más tarde llegó el golpe de Estado del 23-F y fue elevado a los altares. Era él, en primer lugar, quien había parado aquella intentona. Su figura fue ensalzada hasta límites insospechados y se renunció a escarbar lo más mínimo en su implicación en aquella multifacética asonada. Por si esto fuera poco, se descubrió una nueva faceta en el monarca y resultó que no solo teníamos un rey demócrata pata-negra, sino que además era un campechano de primer orden que soltaba tacos, merendaba bocadillos de jamón y decía delante de toda la prensa, para que así constara, que los espárragos de Navarra eran “cojonudos“. Todo un castizo, él.

Mientras tanto, cuando sus ingentes tareas de Estado se lo permitían, Juan Carlos I viajaba a Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes…, a visitar a toda la satrapía misógina y criminal del Golfo Pérsico y hacer risas con ellos, que para eso eran sus colegas coronados. La ausencia total de afinidad cultural, cercanía histórica o parentesco dinástico no era obstáculo para encontrarse allí como en su propia casa. Le acompañaban toda una flotilla de grandes ejecutivos de las multinacionales del IBEX-35, a quienes hacía las oportunas presentaciones de cara a estrechar de lazos económicos y de todo tipo. Y por medio siempre se quedaba algo.

En su discurso de Navidad de 2011, cuando su yerno Urdangarín era investigado por varios delitos por los que sería condenado a seis años de cárcel, Juan Carlos I afirmó: “Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la Ley. La Justicia es igual para todos“. Y eso lo decía, sin sonrojarse, el inviolable, el irresponsable, el protegido por el artículo 56-3 de la Constitución. Más tarde, en 2017, mientras era presidente honorífico de la ONG conservacionista WWF, se supo de sus cacerías africanas abatiendo especies protegidas. Entonces afirmó aquello tan conmovedor de: “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a suceder“. De sus lágrimas de cocodrilo aún se están riendo los saurios del Nilo.

No, los reyes no tienen sangre azul. Los reyes no nacen, sino que se hacen, o mejor dicho, los hacen. En el caso de Juan Carlos I, sus hacedores han sido quienes dieron por buena la reforma franquista; aquellos que le ensalzaron y cantaron aleluyas; los medios de comunicación que cubrieron sus andanzas y silenciaron sus correrías y negocios; los Consejos de Administración de las empresas del IBEX-35 que tanto han agradecido sus servicios. Son ellos quienes han hecho rey a este despropósito.

De Felipe VI hablaremos otro día.

Iruñea, 12 de  marzo de 2020.


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