Muchas de estas muertes fueron intencionadas, porque las víctimas se habían significado en la lucha vecinal o sindical, otras fueron fruto del azar: estaban en el lugar equivocado en el momento menos indicado, pero todas respondían a una misma causa, la impunidad
Por Angelo Nero | 13/06/2026
En su libro “Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982), el investigador David Ballester señalaba a modo de introducción, que la intención de su obra era “hacer visibles a un mínimo de 134 personas, que no son sujetos abstractos y que a pesar de que fueron damnificados por la violencia del Estado, todavía permanecen en su inmensa mayoría en la sombra de la Historia. Son las que denomino «Las otras víctimas». Las que perdieron la vida como resultado de los continuados excesos policiales que tuvieron lugar entre el 20 de noviembre de 1975 y el 2 de diciembre de 1982. Hechos que sucedieron en las calles y en las comisarías, sin que los diferentes gobiernos del periodo actuaran con la necesaria diligencia para poner fin a este tipo de violaciones de los derechos humanos.”
Dentro de estas “otras víctimas” había estudiantes, obreros, jubilados, militantes ecologistas, amas de casa, sindicalistas, rateros, anfifascistas, agricultores, algunos fueron asesinados en una manifestación, participando en ella o, simplemente, pasando por el lugar donde se producía, otros fueron ametrallados en un control de carreteras, se encontraron a una banda de ultras en un parque o fueron tiroteados al pasar delante de un cuartel. Muchas de estas muertes fueron intencionadas, porque las víctimas se habían significado en la lucha vecinal o sindical, otras fueron fruto del azar: estaban en el lugar equivocado en el momento menos indicado, pero todas respondían a una misma causa, la impunidad. Impunidad es la palabra clave de la Transición, impunidad para los comandos de la extrema derecha, que intentaban reventar las manifestaciones de los diversos movimientos de izquierda, impunidad para la policía armada y la guardia civil, que conservaba la misma estructura de mando franquista, y que disparaba primero y preguntaba después, impunidad gracias a un sistema judicial que les amparaba, y les siguió amparando después, gracias a una oportuna amnistía.
Buceando en las hemerotecas de la época encontramos otro de estos casos de “gatillo fácil”, en un artículo firmado por Juan Manuel Fuentes Galán, y fechado el 16 de junio de 1981, titulado “Joven muerto por un guardia civil de paisano en la puerta de una discoteca de Guadalajara”, en el que puede leerse lo siguiente:
“El cadáver del joven José Félix Centenera Sánchez, de veintiocho años, muerto por un guardia civil de paisano en la madrugada del domingo en Guadalajara, fue enterrado ayer en el cementerio de esta ciudad en medio de una fuerte tensión. A la conmoción que el suceso ha causado en esta localidad hay que añadir un ambiente de indignación, motivado principalmente por la nota oficial que el Gobierno Civil ha difundido sobre el suceso, que no coincide con el testimonio de los testigos presenciales. El joven falleció de un disparo a quemarropa, efectuado por el guardia civil Emilio Enrique Durán en la puerta de una discoteca. Los hechos se produjeron en la noche del sábado al domingo, a la 1.30 horas, en la puerta de una céntrica discoteca. Según han relatado a El País varios testigos, los cuatro ocupantes de un Seat 127, matrícula de Logroño 7155-A, aparentemente bebidos, provocaron a un grupo de siete personas, entre las que se encontraba el fallecido, dirigiéndose de forma grosera a una de las chicas y golpeando posteriormente a otra.
En este último grupo estaba Ricardo Calvo, concejal socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, quien ha declarado que, cuando José Félix Centenera preguntó, en actitud pacífica, a Emilio Enrique Durán que por qué había pegado a su hermana, éste sacó del bolsillo una pistola y le disparó sin mediar respuesta, a una distancia aproximada de treinta centímetros.
Los acompañantes del agresor Ignacio Zamora Pérez, Antonio Gómez Neira y Enrique Martír Velasco, que resultarían ser también guardias civiles, huyeron en su vehículo, mientras que el homicida lo hizo a pie. Aunque Manuel Muñoz, cuñado de la víctima, logró golpearle con la antena de su coche y herirle levemente en la espalda, no consiguió detenerle. Más tarde, y a una hora aún no determinada, se entregaron en el cuartel de la Policía Nacional. Los cuatro guardias civiles no prestaban servicio en Guadalajara, y habían ingresado en el cuerpo el pasado mes de enero.
José Félix Centenera falleció en el acto, ya que la bala penetró por su costado izquierdo, entre la cuarta y la quinta costilla, con orificio de salida, y le destrozó un riñón, el bazo y parte del lóbulo pulmonar derecho. Estaba casado, tenía un hijo de corta edad y trabajaba como administrativo en una entidad bancaria de Guadalajara.”
El asesinato de José Félix Centenera no fue un caso aislado, durante la Transición sangrienta, como la denominó el periodista y escritor alicantino Mariano Sánchez Soler, se registraron múltiples muertes asociadas a episodios de “gatillo fácil” a las puertas o en el interior de locales de ocio, donde jóvenes fueron tiroteados por agentes de policía o guardias civiles fuera de servicio, que aún así iban armados, y a menudo estaban ebrios, aunque para ellos eso no les restaba autoridad para dirimir cualquier discusión a tiro limpio. Además, en muchos casos, lo primero que hacían las autoridades (in)competentes era ponerse del lado del victimario, como hizo entonces el gobernador civil de Guadalajara, Benigno de la Torre Saavedra, tal como señalaba entonces el diario El País:
“Indignación con la versión oficial
Esta versión de los hechos no concuerda, sin embargo, con la del Gobierno Civil, que ha provocado una gran indignación entre familiares y amigos de la víctima, así como la repulsa de diversas fuerzas políticas. En la nota oficial se asegura que a la hora indicada «se originó una reyerta entre cuatro personas con un grupo de otras siete de ambos sexos, que se encontraban en la puerta de una discoteca, intercambiándose insultos y llegando a agredirse mutuamente. Uno de los cuatro ocupantes del vehículo, que resultaron ser guardias civiles de paisano, al considerarse agredido y en peligro, hizo uso de una pistola Star 9 milímetros Parabellum».
«Los cuatro», prosigue la nota, «ante la actitud del público, y en evitación de males mayores, salieron huyendo, presentándose en el cuartel de la Policía Nacional, donde hicieron entrega de dos pistolas reglamentarias».
La ejecutiva provincial del PSOE ha difundido un comunicado en el que pide la destitución del gobernador, ya que considera intolerable que, teniendo información directa sobre el desarrollo de los hechos, «haya hecho pública una nota informativa tendente a encubrir y justificar la provocación y el posterior homicidio de José Félix Centenera por un miembro de la Guardia Civil de paisano .
Por su parte, el Grupo Parlamentario Comunista ha calificado la nota de tendenciosa, y «redactada únicamente en base a declaraciones de los ofensores y el homicida, silenciando la de los ofendidos».
Ambos grupos han anunciado acciones parlamentarias para exigir responsabilidades por la difusión de1a versión oficial.
Al funeral de Jose Félix Centenera, celebrado en la iglesia de San Juan de Avila, asistió más de un millar de personas. entre ellas varios concejales y el diputado centrista Luis de Grandes.”
En mayo de 1982 se celebró el juicio contra el guardia civil Emilio Enrique Durán, acusado de la muerte del joven José Félix Centenera, para el que la acusación particular pidió una pena de 25 años, cuatro meses y un día de reclusión mayor y siete millones de pesetas de indemnización para los familiares del fallecido, mientras que el ministerio fiscal, que había calificado la muerte como asesinato, modificó sus conclusiones y la calificó como homicidio, solicitando una pena de 17 años y un día de reclusión menor. No se estimó pedir la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, porque el procesado no había actuado como guardia civil en los hechos. Mientras que la defensa solicitaba la libre absolución. En junio de ese mismo año se dictó la sentencia: 14 años y ocho meses de reclusión y el pago de una indemnización de cuatro millones y medio de pesetas, por un delito de homicidio “sin concurrencia cualitativa de responsabilidad criminal”. Este fue uno de los pocos casos en que el crimen cometido por las fuerzas del orden fue juzgado y condenado. Queda por saber cuantos años cumplió de condena efectiva, este dato no fue posible encontrarlo en las hemerotecas.
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